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Polémica por retirar las mascarillas en interiores: ¿medida precipitada?

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Polémica por retirar las mascarillas en interiores: ¿medida precipitada?
En la imagen, varias personas comen en el interior de un restaurante. EFE/Biel Aliño/Archivo

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes 19 de abril, que las mascarillas en interiores ya no sean obligatorias, salvo en todo tipo de centros sanitarios y sociosanitarios, incluidas las farmacias, y el transporte público.

Una medida que entrará en vigor el miércoles 20 de abril y que sigue a otras como que los casos confirmados de covid-19 con síntomas leves ya no tengan que aislarse o el fin de las cuarentenas para los contactos estrechos de un positivo.

La opinión de los científicos

La viróloga del Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC) Sonia Zúñiga cree que sería “prudente” esperar a ver cómo funcionan esas otras medias antes de suprimir las mascarillas y “podría ser sensato” retirarlas de “manera gradual”, comenzando por ambientes con menor riesgo, como los colegios, pues los niños tienen “mucho menor riesgo de sufrir enfermedad severa”.

Los datos del pasado martes 12 de abril indican que la incidencia covid en mayores de 60 años era de 435 casos por cada 100.000 habitantes a catorce días, pero para la inmunóloga Carmen Álvarez, de la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR), habría que esperar a una incidencia inferior a 50 casos.

Para el microbiólogo de la Universidad de Navarra Ignacio López-Goñi “ya es hora” de retirar la mascarilla en interiores, pero que no vayan a ser obligatorias “no significa que no sean recomendables”.

La pandemia -dice- no ha terminado, el virus sigue circulando y “el riesgo cero no existe”, pero “todo es cuestión de evaluar riesgo-beneficio”, pues la covid-19 no es lo mismo que en 2020, ya que la cantidad de inmunizados es muy alta, bien porque se han infectado o vacunado.

En todo caso, un sitio cerrado, mal ventilado y con mucha gente «sigue suponiendo un cierto riesgo», por lo que es «recomendable» mantenerla en el transporte público, lugares concurridos, centros sanitarios y «siempre que estemos con personas vulnerables», agrega.

En estos dos años tenemos que haber aprendido «tres cosas importantes», señala Álvarez.

  • Las mascarillas son el «mejor arma» para evitar la transmisión cuando no se puede guarda una distancia superior a metro y medio.
  • Donde surge el mayor número de brotes y contagios es en interiores con mala ventilación, más si se permanece mucho tiempo.
  • Y la tercera es que en toda enfermedad infecciosa que se transmite por el aire, si se tiene síntomas, aunque sean leves, o se puede estar con personas de alto riesgo, la responsabilidad es proteger a los demás y, por lo tanto, usar mascarillas, es fundamental».

 

Ómicron silenciosa, variante predominante

La variante predominante en España es ómicron silenciosa (sublinaje BA.2) que -explica Álvarez- es «la más contagiosa hasta ahora, aunque parece menos virulenta».

Además circulan otras como XE, de la que ha alertado la Organización Mundial de la Salud, y que «parece aún más» contagiosa que ómicron silenciosa.

Por otro lado, recuerda que cada vez se dispone de más medicamentos para tratar a los enfermos de covid-19 y, puesto que el virus «va a seguir unos años entre nosotros, en algún momento hay que poner en marcha estrategias» para ir recuperando la normalidad.

«No es una decisión fácil», dice Zúñiga, y puede depender mucho de cómo evolucione el virus a nivel mundial y de las variantes que puedan ir apareciendo en el futuro.

Nadie descarta que las mascarillas puedan volver a ser necesarias

Los tres coinciden en no descartar que en algún momento vuelvan a ser necesarias, dependerá de si surge alguna nueva variante que cause problemas o de cuánto dure la inmunidad. Incluso podría haber una nueva ola «hacia el otoño o después del verano», estima Álvarez- pues el Sars-Cov-2 ha demostrado que es «impredecible».

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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