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Sanidad rectifica ahora la cifra total de fallecidos y dice que hay 1.918 muertos menos

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La cifra de muertos por coronavirus notificada este lunes por el Ministerio de Sanidad es de 50 y en total suman 26.834, con lo que ha modificado la serie histórica, puesto que ayer el número defunciones fue de 28.752, es decir, una diferencia de 1.918.

Son los datos comunicados por el departamento de Salvador Illa, que, además, en la estadística de fallecidos especifica, «con fecha de defunción en los últimos 7 días», un total de 50. Son las comunidades de Galicia y La Rioja las que suman más, con nueve muertos cada una.

A estas dos comunidades les sigue Baleares con 7 muertos; Comunidad Valenciana con 6; Castilla y León con 5; Madrid y Cataluña con tres cada una; Castilla-La Mancha con 2; y Andalucía, Aragón, Canarias y País Vasco, cada una con uno.

El resto de comunidades no ha notificado ninguna muerte.

Sanidad especifica, en cuanto a las cifras totales de muertos, de ingresos en UCI y de hospitalizados que «se está realizando una validación individualiza de los casos, por lo que puede haber discrepancias respeto a la notificación agregada de días previos».

En España, hasta el momento se han notificado un total de 235.400 casos confirmados de COVID-19 por PCR y en este caso, el número total, en comparación con el publicado ayer (235.772) también ha sido rectificado y es inferior en 372 casos, si bien el departamento de Illa informa de 132 nuevos diagnosticados.

En la Comunidad de Madrid hay 67.932, de los cuales 18 son nuevos.

Por otra parte, el número de personas que han requerido hospitalización con fecha de ingreso en los últimos 7 días es de 256; y el total, 122.439. Las comunidades con más hospitalizados son Madrid con 94 nuevos, Castilla y León con 25 y la Comunidad Valenciana con 23.

Los casos totales que han ingresado en la UCI en los últimos 7 días son 11: tres en Madrid, otros tantos en Andalucía, dos en Castilla-La Mancha, uno en Aragón, al igual que en Canarias y en la Comunidad Valenciana.

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Julio Iglesias demanda a Yolanda Díaz por llamarlo “abusador sexual”

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julio iglesias estado salud
Julio Iglesias-ARCHIVO

Julio Iglesias pasa al contraataque judicial contra Yolanda Díaz

El cantante Julio Iglesias ha presentado una demanda de conciliación contra la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, por las declaraciones en las que lo calificó de “abusador sexual” y habló de supuestas situaciones de “esclavitud” y “estructura de poder basada en la agresión permanente”.

La acción judicial, paso previo a una posible querella por calumnias o injurias, solicita que la ministra de Trabajo se retracte públicamente, reconozca el daño causado y abone una indemnización en función de la difusión de sus manifestaciones.


La demanda se produce tras el archivo de la denuncia en la Audiencia Nacional

El movimiento del artista llega después de que la denuncia presentada por dos extrabajadoras ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional fuera archivada en enero por falta de competencia.

Según el escrito de la defensa, Iglesias nunca ha tenido la condición de investigado ni de sospechoso en el procedimiento.


Las declaraciones de Yolanda Díaz en redes y televisión

Los abogados del cantante señalan especialmente un mensaje publicado por Díaz en redes sociales el 13 de enero, en el que aludía a testimonios de extrabajadoras y agradecía a periodistas por difundir el caso.

Además, citan una entrevista en televisión en la que la vicepresidenta se refirió al artista como “presunto agresor” y habló de vulneraciones graves de derechos en el entorno laboral.

Tras conocerse la demanda, Díaz reafirmó su postura señalando que seguirá defendiendo a las mujeres trabajadoras “con denuncias o sin denuncias”.


La defensa invoca la presunción de inocencia

El equipo jurídico del cantante, encabezado por el penalista José Antonio Choclán, sostiene que las declaraciones de la vicepresidenta vulneran el derecho a la presunción de inocencia y afectan al honor y la reputación del artista.

El escrito argumenta que atribuir la condición de víctimas a las denunciantes sin hechos acreditados supone emitir prejuicios de culpabilidad desde una posición institucional.


Posibles nuevas acciones legales

La demanda de conciliación es el primer paso dentro de una estrategia legal más amplia. La defensa también ha solicitado acceder al contenido íntegro de las actuaciones de la Fiscalía para valorar si procede emprender otras acciones, incluido el análisis de un posible delito de denuncia falsa.


Un conflicto con dimensión política y mediática

El caso añade tensión al debate público sobre las acusaciones, el papel de las instituciones y la protección de la reputación, situando el foco tanto en el ámbito judicial como en el político.

La evolución del procedimiento dependerá ahora de si se produce un acto de conciliación o si finalmente se formaliza una querella.


 

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