València, 2 feb (EFE).-La consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha informado este martes de que su departamento ha detectado 233 casos cuya vacunación podía ser objeto de análisis por no ajustarse a los grupos de riesgo correspondientes contemplados en la primera etapa de vacunación, de los que 171 están «justificados» y 62 se investigan.

Barceló ha explicado en rueda de prensa que ha solicitado a Salud Pública la tramitación inmediata de diligencias y la apertura de expedientes para «acotar los hechos, las circunstancias y los sujetos» que se han vacunado de la covid-19 de forma indebida y la aplicación de sanciones si procede.

Según ha indicado la consellera, de los 233 casos detectados, 171 «están justificados» mientras que en otros 62 se ha procedido a investigarlos para «depurar responsabilidades», 9 de ellos personas con responsabilidades políticas más el caso del fiscal jefe de Castellón.

En lo que atañe a personal de la Conselleria de Sanidad, Barceló ha informado de que en este momento hay abiertos 9 expedientes informativos en fases de diligencias previas o se ha solicitado una ampliación de información.

Estos expedientes, ha precisado, afectan a personal propio que haya podido intervenir en el proceso de vacunación de personas que no debían haber sido vacunadas en esta primera fase, y al encontrarse en trámite «están sujetos a la privacidad y protección de datos correspondientes».

La consellera sí que ha detallado los casos de diez cargos públicos, nuevo de ellos políticos y el décimo el ya ex fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Castellón, José Luis Cuesta.

En el caso de Cuesta, Barceló ha informado de que los responsables de la vacunación fueron la coordinadora de Enfermería de Atención Primaria y un enfermero.

El Hospital General de Castelló ha abierto las diligencias previas, también sobre la supuesta desaparición de un vial, con seis dosis, y se verá si de las diligencias se desprende que sean constitutivas de algún tipo de delito que, de sospecharse, se trasladará a la Fiscalía.

También se investiga al personal que vacunó a los alcaldes de El Verger y Els Poblets y a la concejala de Sanidad de Dénia y a algunos de sus familiares.

En el caso del alcalde de Villahermosa del Río, Luis Rubio, administrador de la residencia municipal donde se vacunó, ha señalado que se autoincluyó en el listado que remitió a Salud Pública para pedir las dosis de vacunas que necesitaba el centro.

Respecto a Francisco López, alcalde de Rafelbunyol, que se vacunó al final de la primera jornada de vacunación, el 27 de diciembre, de la última dosis que sobró al final del día, Barceló ha informado de que este martes ha tenido conocimiento del informe de Salud Pública de Valencia que al parecer ha remitido a la propia residencia, y ha anunciado que ha requerido a la directora general de Salud Pública a que le informe sobre este expediente.

La Conselleria mantiene también abierto el expediente de investigación sobre el personal que vacunó al alcalde y al concejal de Sanidad de La Nucía, «sin figurar en el listado, sin autorización e incumpliendo el protocolo de centro sociosanitario» al acceder a la residencia donde se vacunaron.

También hay diligencias previas abiertas por la vacunación del concejal de Sanidad de Orihuela, José Galiana, y del alcalde de Benlloch, Angel Ribes.

Por último, Barceló ha indicado que se investiga también el caso de Juan Bautista Roselló, diputado provincial responsable del centro de salud mental Doctor Esquerdo de Alicante, que se «autoincluyó en el listado» de trabajadores y residentes facilitado por la Diputación.

Respecto a estas personas, la titular de Sanidad ha informado de que «se ha solicitado a Salud Pública la tramitación inmediata de diligencias y, en su caso, la apertura de los correspondientes expedientes para acotar los hechos, circunstancias y sujetos responsables de cada caso».

También la aplicación, si procede, de las sanciones recogidas en la Ley 33/2001 General de Salud Pública y la Ley 10/2014 de la Generalitat de Salud de la Comunitat Valenciana.

Ana Barceló ha resaltado que «las posibles irregularidades, 62, cuando se llevan puestas más de 149.000 vacunas, un 0,041%, no empañan en ningún caso un proceso de vacunación que está transcurriendo con la más absoluta normalidad».