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Se amplía hasta el viernes a las 14.00 horas el plazo para depositar el voto por correo

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MADRID/TOLEDO, 24 Abr. (EUROPA PRESS) – El ministerio de Interior ha anunciado que se ha vuelto a ampliar el plazo para depositar el voto por correo hasta el viernes, 26 de abril, a las 14.00 horas. Es la segunda vez que se cambia la fecha límite después de que la Junta Electoral Central (JEC) aprobara el pasado lunes ampliarla 24 horas más a la inicial, en concreto hasta el jueves 25 de abril.

Lo ha comunicado a través de su perfil de Twitter, donde ha confirmado que los ciudadanos que tienen la documentación para votar ya solicitada cuentan hasta el próximo viernes para tramitarla en cualquier oficina de Correos. En un comunicado, Correos ha confirmado que este plazo se ha ampliado tanto para las elecciones generales como para las autonómicas valencianas.

Por su parte, Correos ha comunicado que hoy y mañana abrirá hasta las doce de la noche las 500 oficinas donde hay mayor afluencia de ciudadanos para gestionar el voto por correspondencia. Sin embargo, ha asegurado que el número de oficinas podrá ampliarse en el caso de que sea necesario en función de la demanda.

En un comunicado, Correos ha asegurado que su objetivo es «agilizar al máximo la gestión del voto por correo». Por eso, 500 de las 2.400 oficinas que tiene en España se mantendrán abiertas hasta la media noche y el resto abrirán media hora antes y cerrarán media hora después de su horario habitual como ya confirmó este martes.

El listado de las oficinas que abrirán hasta las doce de la noche se publicará este miércoles en los canales corporativos y redes sociales de Correos. Se trata de una medida adicional a las ya anunciadas después de comprobar que «se han duplicado las visitas en los últimos días».

Correos recuerda además que ha mantenido el 100% de los puestos de trabajo de atención al cliente durante todo el periodo habilitado para el voto por esta vía y que ha realizado 4.500 contratos de refuerzo en toda España para las actividades relacionadas con los procesos electorales.

También ha habilitado ventanillas exclusivas para depositar el voto y se han designado los llamados ‘embajadores postales’, empleados de Correos que asesoran personalmente a los ciudadanos que soliciten ayuda sobre cómo realizar los trámites.

Otra de las medidas que se han establecido es que los carteros tienen la obligación de hacer dos intentos de entrega en mano al solicitante de su documentación electoral, antes de dejar el aviso de ausencia en el buzón que indica que se debe recoger el sobre en la oficina más cercana.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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