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Siguen los botellones: la policía desaloja uno de 1.000 personas en Torrevieja

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València, 17 jul (EFE).- Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han desalojado esta noche varios botellones, uno de ellos de unas 1.000 personas en Torrevieja (Alicante), y han impuesto 61 sanciones en la provincia de Valencia por incumplimiento de las restricciones de movilidad nocturna.

Los agentes despejaron las zonas de afluencia de personas sin incidencias destacables en el primer viernes con toque de queda en 32 municipios de la Comunitat Valenciana, según ha informado la delegada del Gobierno, Gloria Calero.

En la provincia de Alicante, la actuación más destacada se produjo en Torrevieja, en la comarca de la Vega Baja, donde en torno a las 2:20 de la madrugada, en la zona de las piscinas naturales, la Policía local informó de un macro botellón de unas 1.000 personas. Al lugar acudieron varias patrullas de la Guardia Civil y desalojaron la zona.

También en diferentes localidades alicantinas también se organizaron botellones, pero con un reducido número de personas, que fueron desalojadas o dispersadas por las patrullas, mientras que en Castellón la noche se ha desarrollado con normalidad y sin incidencia de botellones.

En València, en la zona de la Plaza de Honduras, donde habitualmente se reúnen multitud de jóvenes, no se detectó afluencia masiva de personas. La Policía Nacional envió varias patrullas para realizar una presencia activa y, a la hora del toque, la zona quedó desalojada sin incidentes.

La Policía Nacional ha interpuesto 61 sanciones por incumplimiento de las restricciones de movilidad nocturna en la provincia de Valencia, de ellas 18 en València ciudad, 8 en Gandia, 7 en Mislata, 6 en Paterna, 14 en Burjassot, 3 en Quart de Poblet y 5 en Xirivella.

La Delegación del Gobierno recuerda que la Generalitat Valenciana ha decretado el toque de queda en 32 localidades -Almàssera, Buñol, Puig, Tavernes Blanques, Vilamarxant, Benicàssim Alboraya, Benaguasil, Benetússer, Benifaió, l’Eliana, Meliana, Moncada, Picanya, Picassent, Puçol, Requena, Riba-roja de Túria, Sedaví, Silla, Utiel, San Vicente del Raspeig, Alaquàs, Aldaia, Burjassot, Catarroja, Quart de Poblet, Xirivella, Gandia, Mislata, Paterna y València-.

Este es el primer fin de semana en el que está prohibida la movilidad nocturna en estos municipios después de que el Tribunal Superior Justicia de la Comunitat Valenciana diera su visto bueno a la medida para reducir los contagios.

Tal y como acordó la delegada del Gobierno con el president Ximo Puig tras una reunión en el Palau de la Generalitat, la Delegación ha reforzado los turnos de noche de la Policía Nacional y Guardia Civil para incrementar la vigilancia y garantizar el cumplimiento de las medidas.

Gloria Calero ha agradecido el trabajo de las agentes y su compromiso con la ciudadanía para evitar la propagación del virus.

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El Congreso rechaza prolongar el cierre de la Central Nuclear de Cofrentes: en juego 180.000 empleos y 450 millones de euros

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centrales nucleares prealerta de emergencia

El Pleno del Congreso ha rechazado la propuesta para prolongar la vida útil de la Central Nuclear de Cofrentes, manteniendo así 2030 como fecha definitiva de su cierre. La decisión ha generado preocupación en el ámbito empresarial y político valenciano, dado el fuerte impacto económico y laboral que supondrá el apagado de la planta.


Un cierre con consecuencias económicas y laborales

Según estimaciones de la Cámara de Comercio de Valencia, el cierre de Cofrentes podría afectar a hasta 180.000 empleos, entre directos e indirectos, y repercutir en la actividad de más de 12.000 empresas de la Comunitat Valenciana.
Además, se calcula que el cese anticipado de la central implicará la pérdida de alrededor de 450 millones de euros en inversión prevista para los próximos años, así como una reducción significativa en la actividad económica de las comarcas del interior de Valencia.


Debate político sobre la energía nuclear

La propuesta de prolongar la actividad de Cofrentes fue impulsada por el Partido Popular, que defendía la necesidad de garantizar el suministro eléctrico y proteger el tejido industrial valenciano. Sin embargo, la iniciativa fue rechazada por el Gobierno y sus socios parlamentarios, mientras que Junts optó por abstenerse, lo que resultó determinante para mantener el cierre en 2030.

Desde el Ejecutivo se insiste en que la medida responde al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que establece una transición ordenada hacia las energías renovables y el abandono progresivo de la energía nuclear en España.


Un futuro incierto para la zona y la industria valenciana

El cierre de Cofrentes plantea retos para la economía valenciana, especialmente en el sector industrial, que podría enfrentar mayores costes energéticos y una pérdida de competitividad. A su vez, el desmantelamiento de la central requerirá una planificación detallada para garantizar la seguridad, la gestión de residuos y la reubicación laboral de los trabajadores.

Mientras tanto, las administraciones locales y regionales piden que se implementen planes de reindustrialización y transición justa que permitan mantener el empleo y aprovechar el potencial energético de la Comunitat Valenciana con nuevas inversiones en energías renovables e innovación tecnológica.


El debate sobre Cofrentes sigue abierto: mientras unos defienden el cierre como un paso necesario hacia un modelo energético sostenible, otros alertan del impacto socioeconómico que supondrá para miles de familias y empresas valencianas.

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