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Simón pasa de decir que la cepa británica sería «marginal» a «concentrará la mitad de contagios en marzo»

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Madrid, 21 ene. (EFE).- El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha augurado que si la cepa británica del coronavirus evoluciona como lo ha hecho en el Reino Unido, «a medidos de marzo» será dominante en España en un 40 ó 50 % de los casos, mientras que en la actualidad concentra menos del 5 % de las infecciones.

Así lo ha dicho Simón en rueda de prensa este jueves, en la que ha recordado que el Reino Unido detectó esta variante a finales de septiembre, pero no fue hasta mediados de diciembre cuando comprobó que había pasado a generar el 40 % de los contagios, frente al 4 % de tres meses antes.

Sobre las medidas a aplicar para controlar la extensión de las infecciones por esta cepa, el experto ha recordado que se han establecido restricciones en los vuelos con el Reino Unido y se trabaja para secuenciarla con mecanismos de control, pero ha advertido de que «el objetivo no es inventar nuevas medidas sino aplicar las que se implementen»

En este sentido, ha reiterado que los cierres en la hostelería «están relacionados con descensos sostenidos» de la incidencia acumulada de casos de covid, lo que, ha dicho, no sucede con la aplicación de otras restricciones.

El epidemiólogo ha reconocido que las imposiciones de medidas en la hostelería son «muy controvertidas, con un impacto económico importante y no fáciles de tomar», mientras insistía en que los bares «incitan a situaciones de riesgo».

«La gente no va a un bar a estar solo en una esquina, incluso si se hacen aforos reducidos», ha manifestado Simón.

Preguntado por la decisión de algunos países europeos de imponer el uso de mascarillas FP2, Simón ha manifestado que la protección se puede conseguir con diferentes tipos de mascarillas o combinaciones».

Según el experto, si dos personas se encuentran en la misma estancia y ambas llevan mascarilla, ya sea fp2 o quirúrgica el efecto se multiplica.

«Aprobar el uso de la FP2 en algunas situaciones (sanitarios) puede ser razonable, pero lo de que toda la población tenga que llevarla es muy debatible, siempre y cuando todos llevemos la protección», ha insistido, aunque ha reconocido que estas medidas están en estudio constantemente.

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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