València, 26 feb (EFE).- La Conselleria de Justicia no ha cerrado todavía el expediente abierto el pasado mes de octubre al colegio mayor Galileo Galilei de València por la fiesta ilegal en la azotea que originó 168 contagios de coronavirus y obligó a la suspensión de las clases presenciales en la Universitat Politècnica de València.

Este viernes se cumplen cinco meses de la celebración de la fiesta, el pasado 26 de septiembre, y según han informado a Efe fuentes de la Conselleria de Justicia el expediente sigue en curso.

La investigación llevada a cabo por la Unidad de la Policía Nacional Adscrita a la Generalitat determinó que esta fiesta supuso una «grave violación» de la norma anticovid y se propuso una sanción para algunos directivos y trabajadores, los convocantes y los alumnos participantes identificados, que contemplaba multas de entre 601 y 30.000 euros.

La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, que fue la encargada de informar sobre las conclusiones de la investigación policial, anunció, el 20 de octubre, que sería el expediente sancionador -todavía por cerrar- el que determinaría las cuantías a pagar y las responsabilidades, y que incluso podrían acarrear el cierre temporal del centro residencial de estudiantes, de gestión privada pero situado dentro del campus de Tarongers de la UPV.

Los agentes recopilaron material audiovisual que permitió identificar a un grupo importantes de asistentes a la fiesta, que superan el medio centenar, y tomó declaración al director de la residencia, al coordinador académico y a los dos recepcionistas que trabajaban la noche en que se celebró la fiesta, así como a los miembros del consejo colegial, el órgano que promueve las actividades lúdicas en el colegio mayor.

Según el relato policial, el 26 de septiembre una llamada anónima a la recepción del colegio advirtió de una fiesta ilegal en la azotea del centro «con personas bailando y bebiendo», por lo que el trabajador «la disolvió».

Sin embargo, sobre la una de la madrugada la Policía Nacional recibió el aviso de que en una de las habitaciones del colegio se celebraba una fiesta y cuando se personaron los agentes identificaron a sus veintidós participantes, que «no tenían ninguna medida de seguridad ni guardaban las distancias».

Más de madrugada, entre las 3 y las 4 horas, hubo otro aviso a la Policía sobre otra fiesta en otra habitación del mismo colegio en las mismas condiciones de falta de seguridad, y de nuevo fueron identificadas seis personas.

En total se identificó a unos cuarenta alumnos que participaron en alguna de las tres fiestas, incluidos los que forman el consejo colegial.

La Policía Autonómica concluyó en su informe que los hechos constituyen una «grave violación de la normativa para prevenir la covid-19» y que quedaba «clara» la responsabilidad de la dirección del colegio por «falta de diligencia» y permitir la fiesta por «inacción».

También se apuntaba a la responsabilidad de los usuarios de las habitaciones donde se celebraron sendas fiestas, tras disolverse la de la azotea, así como de los participantes.

Para ellos se propuso una sanción grave, que contempla una multa de entre 601 a 30.000 euros.

El pasado 19 de diciembre, la Policía Nacional volvió a disolver una fiesta con unas 200 personas en el mismo colegio mayor, pero en esta ocasión no se levantó acta de sanción porque cuando llegaron los agentes los jóvenes concentrados ya se habían retirado a sus habitaciones.