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Sito Pons gana su carrera más difícil: absuelto de fraude fiscal y evita 24 años de prisión

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El ex campeón del mundo de motociclismo, Sito Pons, ha sido absuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de los seis delitos contra la Hacienda Pública por los que se enfrentaba a una posible condena de 24 años de prisión. La Fiscalía también reclamaba una multa de hasta 15 millones de euros, pero la Justicia ha ratificado su absolución, marcando una victoria judicial clave para el ex piloto español.

Según el fallo judicial, Sito Pons, de 65 años, no incurrió en ningún tipo de delito fiscal durante los ejercicios comprendidos entre 2010 y 2014. Durante ese periodo, el ex piloto tuvo su residencia fiscal en Mónaco (de 2010 a 2012) y en Reino Unido (de 2013 a 2014). La sentencia señala, además, la falta de testigos clave por parte de Hacienda, lo que debilitó la acusación.

La resolución judicial pone punto final a una batalla legal de más de una década y refuerza la posición del expiloto como una de las figuras más relevantes del deporte español que ha logrado vencer a la Agencia Tributaria en los tribunales.

Sito Pons y otros casos similares: Ancelotti también gana a Hacienda

La victoria de Sito Pons se suma a otros casos recientes en los que personalidades del deporte han logrado el respaldo de la Justicia frente a Hacienda. Carlo Ancelotti, actual entrenador del Real Madrid, también ha conseguido un importante avance en su proceso judicial.

Un informe pericial presentado ante la Audiencia Provincial de Madrid concluyó que Ancelotti no superó los 183 días de estancia en España en 2015, lo que impide considerarlo residente fiscal. El análisis incluyó registros de pasaporte, uso de tarjetas bancarias, reservas hoteleras y actividad en redes sociales, confirmando su presencia mayoritaria fuera del país, principalmente en Canadá y Reino Unido.

Ambos casos reflejan cómo el rigor probatorio y el contexto de residencia fiscal son claves en este tipo de procesos.

 

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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