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Sito Pons gana su carrera más difícil: absuelto de fraude fiscal y evita 24 años de prisión

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El ex campeón del mundo de motociclismo, Sito Pons, ha sido absuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de los seis delitos contra la Hacienda Pública por los que se enfrentaba a una posible condena de 24 años de prisión. La Fiscalía también reclamaba una multa de hasta 15 millones de euros, pero la Justicia ha ratificado su absolución, marcando una victoria judicial clave para el ex piloto español.

Según el fallo judicial, Sito Pons, de 65 años, no incurrió en ningún tipo de delito fiscal durante los ejercicios comprendidos entre 2010 y 2014. Durante ese periodo, el ex piloto tuvo su residencia fiscal en Mónaco (de 2010 a 2012) y en Reino Unido (de 2013 a 2014). La sentencia señala, además, la falta de testigos clave por parte de Hacienda, lo que debilitó la acusación.

La resolución judicial pone punto final a una batalla legal de más de una década y refuerza la posición del expiloto como una de las figuras más relevantes del deporte español que ha logrado vencer a la Agencia Tributaria en los tribunales.

Sito Pons y otros casos similares: Ancelotti también gana a Hacienda

La victoria de Sito Pons se suma a otros casos recientes en los que personalidades del deporte han logrado el respaldo de la Justicia frente a Hacienda. Carlo Ancelotti, actual entrenador del Real Madrid, también ha conseguido un importante avance en su proceso judicial.

Un informe pericial presentado ante la Audiencia Provincial de Madrid concluyó que Ancelotti no superó los 183 días de estancia en España en 2015, lo que impide considerarlo residente fiscal. El análisis incluyó registros de pasaporte, uso de tarjetas bancarias, reservas hoteleras y actividad en redes sociales, confirmando su presencia mayoritaria fuera del país, principalmente en Canadá y Reino Unido.

Ambos casos reflejan cómo el rigor probatorio y el contexto de residencia fiscal son claves en este tipo de procesos.

 

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Telefónica eleva a 5.459 empleados afectados en el ERE

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Telefónica filtración datos

Telefónica ha actualizado la cifra de empleados afectados por su expediente de regulación de empleo (ERE), que alcanza ya los 5.459 trabajadores en España, a la espera de concluir las reuniones con dos filiales más. La compañía inicia así la segunda ronda de negociaciones tras plantear ajustes en varias de sus sociedades.

Ajustes en Telefónica Global Solutions

La filial Telefónica Global Solutions, creada en 2020 para potenciar el negocio internacional y canalizar operaciones mayoristas, de roaming y multinacionales, será la primera en afrontar un recorte significativo: 140 salidas, lo que representa aproximadamente el 22% de su plantilla, compuesta por más de 600 empleados.

Con esta medida, el total provisional del ERE Telefónica 2025 incluye ya ajustes en Telefónica España, Telefónica Móviles, Telefónica Soluciones y Movistar+, mientras que las filiales Telefónica Innovación Digital y la matriz Telefónica SA serán evaluadas en las próximas reuniones.

Segunda ronda de negociaciones

La jornada del martes contempla dos nuevas reuniones entre la dirección y los sindicatos, programadas a las 11:00 y 16:00 horas, para analizar los planes de reducción de plantilla en las sociedades restantes. Según la dinámica de negociaciones anteriores, tras presentar la propuesta inicial, se establecerá un calendario de consultas con un plazo aproximado de un mes para acordar los ajustes finales.

En el caso de las tres sociedades adheridas al Convenio de Empresas Vinculadas (CEV) —Telefónica España, Móviles y Soluciones—, la siguiente toma de contacto está prevista para el miércoles, cuando los sindicatos puedan presentar sus contrapropuestas tras estudiar el dossier elaborado por el gabinete Oliver Wyman.

Reacciones sindicales

Los trabajadores están representados por UGT, CCOO y Sumados-Fetico, quienes ya han manifestado sus posturas respecto al ERE. Entre las principales demandas, destacan la prórroga del convenio hasta 2030 para mantener mejoras laborales previas, así como la valoración positiva de las condiciones económicas incluidas en la propuesta inicial.

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