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Así queda la subida salarial para los funcionarios hasta el 2028

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subida salarial funcionarios
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López.EP

El pacto incluye mejoras laborales, eliminación de la tasa de reposición y revisiones en complementos de residencia e insularidad. CCOO aún no ha decidido si lo apoyará.

El Ministerio de Función Pública ha alcanzado este miércoles un preacuerdo histórico con los sindicatos UGT y CSIF para incrementar el salario de los empleados públicos un 11% en los próximos tres años. La propuesta, que aún debe ser valorada por CCOO, contempla una subida del 4,5% entre 2025 y 2026 y un 6,5% adicional entre 2027 y 2028.

✔ Subida salarial desde 2025 con efectos retroactivos

El pacto fija para 2025 una subida del 2,5%, que se aplicará con carácter retroactivo desde el 1 de enero y será abonada en la nómina de diciembre.

En 2026 el incremento será del 1,5% fijo, con un 0,5% adicional si la inflación iguala o supera ese porcentaje. Ese tramo variable se cobraría en el primer trimestre de 2027, también con retroactividad.

Aunque la suma total es del 11%, los sindicatos calculan que el efecto arrastre podría elevar la mejora hasta el 11,5%.

✔ Eliminación de la tasa de reposición y mejoras laborales

El acuerdo no solo incluye incrementos salariales. También recoge importantes cambios estructurales:

  • Eliminación de la tasa de reposición, lo que permitirá reforzar plantillas en los ámbitos más tensionados.

  • Procesos selectivos más ágiles, con un plazo máximo de un año para su resolución.

  • Refuerzo de plantillas en servicios de atención al público.

  • Revisión y aumento en 2026 de los complementos de residencia e insularidad.

  • Mejoras en permisos, conciliación y salud laboral.

  • Avances en jubilación y refuerzo del Mutualismo Administrativo (Muface, Mugeju e Isfas).

“Es un acuerdo que termina con la tasa de reposición y garantiza que las ofertas públicas se ejecuten en un año”, señaló Isabel Araque, secretaria general de UGT Servicios Públicos.

✔ CCOO mantiene su decisión en suspenso

Aunque UGT y CSIF han dado su visto bueno, CCOO todavía está analizando el texto. El Ministerio confía en que finalmente se incorpore al pacto, que se prevé suscribir este jueves con o sin su apoyo.

El departamento dirigido por Óscar López ha destacado que el acuerdo supone “un gran avance para los servidores públicos y garantiza su poder adquisitivo hasta 2028”.

Por su parte, CSIF, que ha respaldado el pacto, lo considera “el mejor posible en las actuales circunstancias políticas”, marcadas por la inestabilidad y las limitaciones presupuestarias.

UGT, por su parte, celebra que “gana la calidad de lo público, gana la ciudadanía y gana el país”.

 

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La defensa de Begoña Gómez pide archivar el caso y critica el impacto en la Justicia

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Juez Peinado

La defensa de Begoña Gómez ha solicitado al juez el archivo definitivo de la causa judicial que investiga su actividad profesional, al considerar que no existen fundamentos jurídicos suficientes. “Flaco favor se está haciendo a la imagen de la Justicia”, ha afirmado su abogado durante la vista celebrada este miércoles.

El procedimiento está dirigido por el magistrado Juan Carlos Peinado, quien ha reunido a las partes en un nuevo trámite en los juzgados de Madrid en plena Semana Santa.


La defensa insiste en el archivo del caso

El abogado de Gómez, Antonio Camacho, ha reiterado que no existe base para investigar los delitos que se le atribuyen, entre ellos malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional.

Durante su intervención, el letrado ha criticado la falta de imparcialidad en el proceso y ha calificado la situación como una “pesadilla jurídica”. Además, ha defendido que la investigación responde a intereses ajenos a la Justicia.

En la misma línea, la Fiscalía también ha vuelto a posicionarse a favor del archivo de la causa tras casi dos años de investigación.


Solicitud de nuevas pruebas y testigos

De forma preventiva, la defensa ha pedido al juez que, en caso de continuar el proceso, se practiquen nuevas diligencias. Entre ellas, destaca la declaración como testigo de José Manuel Ruano, vinculado a la actividad de Gómez en la Universidad Complutense de Madrid.

Asimismo, se han solicitado informes periciales para analizar:

  • El papel del cónyuge del presidente del Gobierno
  • El funcionamiento de las cátedras extraordinarias
  • El supuesto perjuicio económico a la universidad

Por su parte, la defensa de Cristina Álvarez, asesora de Gómez, también ha pedido documentación oficial que acredite sus funciones en La Moncloa.


Las acusaciones piden ampliar la investigación

En el lado opuesto, las acusaciones populares, lideradas por Hazte Oír, han solicitado al juez nuevas diligencias para profundizar en la investigación.

Entre sus peticiones se incluyen:

  • La vida laboral completa de Gómez
  • La actualización del salario de su asesora
  • Información sobre reuniones relacionadas con proyectos tecnológicos vinculados a su actividad

Posible juicio con jurado popular

El juez ha reiterado que, en caso de que el procedimiento continúe hasta juicio, este podría celebrarse ante un jurado popular. Esta decisión ya generó controversia y fue objeto de revisión por parte de la Audiencia Provincial de Madrid.

En una resolución reciente, Peinado defendió que existen indicios suficientes para continuar la causa, apuntando a un posible aprovechamiento de la posición institucional de Gómez, algo que la defensa rechaza y califica de “meras conjeturas”.


Origen del caso Begoña Gómez

La investigación se inició en abril de 2024 tras una denuncia del colectivo Manos Limpias y posteriormente se amplió con acciones judiciales impulsadas por Vox y otras entidades.

El caso analiza, por un lado, la relación profesional de Gómez con empresarios y la universidad, y por otro, el uso de recursos públicos en su actividad como esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.


Un caso con impacto político y mediático

La causa judicial contra Begoña Gómez sigue generando un fuerte impacto político y mediático en España, con posiciones enfrentadas entre las partes implicadas.

Mientras la defensa insiste en el archivo inmediato, las acusaciones reclaman seguir investigando, manteniendo abierto un proceso que continúa marcando la actualidad judicial y política del país.

 

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