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Sueca, El Perelló y Mareny de Barraquetes, contra el plan de pacificación de la CV-500: «Es una aberración»

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VALÈNCIA, 6 Nov. – Los alcaldes de Sueca, Dimas Vázquez; El Perelló, Juan Botella; y Mareny de Barraquetes, Jordi Sanjaime, han mostrado su «postura en común» en contra del plan de pacificación de la CV-500, que, a su parecer, afectará de forma muy negativa a las poblaciones, especialmente a las entidades locales menores».

Sanjaime, que considera una «aberración» lo que se pretende realizar, ha afirmado que esta decisión supondrá a corto plazo «la despoblación de toda la zona». Así mismo, se queja de que «en ningún momento se ha contado con ellos para nada».

«Esta actuación, que están llevando a cabo desde el Ayuntamiento de València y la Conselleria, constituye un nuevo ataque a nuestras poblaciones porque nunca se han tenido en cuenta nuestras necesidades». El alcalde del Mareny considera que «lo primero que se debería haber hecho era sentarse a hablar con nosotros. Se podían haber estudiado otras propuestas, como ampliar la carretera existente, dotándola de carriles bicis y peatonales».

Además, considera que es de carácter «urgente» reunirse para revisar el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) «que arruina la vida de nuestros pueblos». «Lo primero que se tenía que haber hecho era incluir las normas subsidiarias del pueblo de Sueca y no dejar la situación a expensas de que se redactara otro documento (PRUG) que finalmente fue anulado. Son muchos años de sufrir esta situación, de recibir sentencias negativas en contra de los habitantes de este parque… Somos nosotros los que deberíamos decidir y no otras personas que están en las administraciones de Valencia u otros lugares», añade.

Sanjaime también lamenta la limitación del PORN al crecimiento urbanístico de poblaciones que se encuentran situadas a 20 kilómetros del parque «y, sin embargo, en la Dehesa y el lago, permitirán construir zonas de aparcamiento y la presencia de miles de turistas en zonas donde las aves deberían estar más tranquilas en su hábitat». «Es una incrongruencia», apunta.

Finalmente, el alcalde del Mareny afea que, «además de impedir crecer como pueblo, están cortando la arteria fundamental que tenemos con Valencia, tanto para la gente que se desplaza a nuestras playas como para los ciudadanos de nuestros pueblos que necesiten desplazarse a la capital. Y encima han anulado el servicio de autobús que había durante el invierno».

Por su parte, Juan Botella, alcalde de El Perelló, ha mostrado igualmente su «rechazo absoluto a este plan de pacificación de la manera en que se está haciendo.

«Nosotros, por supuesto, tampoco queremos que se produzcan accidentes. La limitación a 60 kilómetros por hora consideramos que ya era una medida bastante importante, pero estas personas quieren ir más allá. Tanto la Conselleria de Obras Públicas como el Ayuntamiento de Valencia nos ignoran y nos dejan a nuestra suerte, sin los servicios y derechos fundamentales que tienen los habitantes de la capital, y sin la posibilidad de prosperar económicamente», argumenta.

Botella ha señalado que la concentración del próximo viernes, 8 de noviembre, no será la única, ya que piensan «seguir manifestándose hasta conseguir que se reúnan con ellos y les escuchen». El alcalde de El Perelló ha mostrado su «malestar» también ante lo que considera «un nuevo engaño de la Conselleria, que ayer presentó sus presupuestos con una partida de 535.000 euros destinada a un itinerario ciclopeatonal en la carretera CV-500 «por un lado, dicen que el proyecto está en estudio y, por otro, ya tienen obras presupuestadas para 2020 y 2021».

MESA DE NEGOCIACIÓN
Botella, al igual que Sanjaime y Vázquez, considera que es fundamental que a partir de la semana que viene se establezca una mesa de negociación, no sólo para tratar el tema de la carretera sino también del PORN.

«Vemos completamente injusto que nuestras poblaciones no puedan crecer. El municipio de Sueca, con más de un 70% de su término en el Parque Natural, resulta que no tiene opinión. Allí se lo apañan todo, los concejales de Valencia y la Conselleria, y nosotros no tenemos ninguna opinión ni se nos ha llamado para nada».

Finalmente, Botella apela a los entendidos en la materia para dar con soluciones. «Hoy, en la Politécnica, se va a hacer una Jornada sobre el Parque Natural. Allí, los agrónomos, los que de verdad entienden, van a hacer unas exposiciones. ¿Por qué esas conclusiones no se respetan? Lo primero que dirán es que draguen La Albufera y se compatibilice con el bienestar de las personas. Pero no se les escuchará. En lugar de preocuparse por el estado del lago continuarán actuando entendiendo el ecologismo a su manera y, por supuesto, sin escucharnos».

El alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, ha querido manifestar también, en nombre del equipo de gobierno, su apoyo a las entidades locales menores y ha apelado para que se asista a la concentración del viernes.

«Nuestra postura no va en contra del medio ambiente, porque un término que tiene más de un 70% dentro del Parque natural, medioambientalmente colabora mucho. Nuestra postura se basa en que, para nosotros, este Plan no ha sido consensuado con las zonas afectadas. Ha sido una decisión unilateral que va a encorsetar todavía más a las dos entidades locales menores y a nuestro territorio», dice.

Igualmente, asegura que con este Plan se le dará la «puntilla definitiva» a estas poblaciones, ya que muchos turistas y visitantes preferirán acudir a otras poblaciones de costa a tener que desviarse desde la pista de Silla y la salida de Sueca. Vázquez augura un futuro muy incierto a las entidades locales menores si finalmente se cierra la vía de acceso que tienen con València.

«Por ello, nosotros, como Ayuntamiento madre, vamos a estar al lado de ellas como siempre hemos hecho y vamos a oponernos donde haga falta para que ese proyecto sea, al menos, consensuado y se estimen las alegaciones de estas poblaciones».

Fuente: (EUROPA PRESS)

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Anticorrupción solicita 24 años de cárcel para Ábalos, 19 para Koldo y 7 para Aldama

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Tribunal Supremo penas que van desde los 7 hasta los 24 años de prisión para los principales investigados del conocido caso Koldo, la presunta trama de corrupción ligada a contratos de mascarillas adjudicados durante la pandemia por el Ministerio de Transportes.

24 años de prisión y multa de casi 4 millones para José Luis Ábalos

El Ministerio Público pide una condena de 24 años de prisión para José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE.
La Fiscalía le atribuye cinco presuntos delitos:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Tráfico de influencias

  • Malversación

  • Uso de información privilegiada

Además, reclama para él una multa de 3,9 millones de euros y responsabilidades económicas conjuntas por los perjuicios ocasionados a dos empresas públicas.

19 años y medio de cárcel para Koldo García

Para Koldo García, exasesor ministerial de Ábalos, Anticorrupción solicita 19 años y medio de prisión, así como una multa también de 3,9 millones de euros, por los mismos delitos atribuidos al exministro.

La Fiscalía pide que tanto Ábalos como Koldo indemnicen de forma conjunta y solidaria a:

  • Ineco: 34.477,86 euros

  • Tragsatec: 9.500,54 euros

Asimismo, reclama el decomiso de al menos 430.298,4 euros, cantidad que correspondería a ganancias obtenidas mediante cohecho.

Atenuante de confesión para Víctor de Aldama

En el caso del empresario Víctor de Aldama, considerado presunto intermediario de la trama, la Fiscalía aplica la atenuante de confesión y solicita una pena de 7 años de prisión por:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Uso de información privilegiada

También reclama para él una multa de 3,8 millones de euros.

El origen de la causa

El escrito de acusación llega después de que el magistrado instructor del Supremo, Leopoldo Puente, propusiera el pasado 3 de noviembre juzgar a los tres implicados. Según el juez, se habrían concertado poco después de la llegada de Ábalos al Ministerio, buscando obtener beneficios económicos mediante su influencia en contratos públicos.

Puente dividió la causa en dos piezas:

  • La principal, centrada en los contratos de mascarillas.

  • Una pieza separada dedicada a la supuesta trama de cobro de comisiones por obra pública.

 

 

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