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Aprobada la reducción de la tasa de alcohol al volante: ¿cómo te afecta esta nueva medida?

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control alcohol, coche, DGT

El Congreso aprueba la reducción de la tasa máxima de alcohol permitida para conductores

Este jueves, el Congreso aprobó una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista que busca reducir la tasa máxima de alcohol permitida a todos los conductores, tanto de vehículos motorizados como no motorizados. El nuevo límite se establece en 0,2 g/l en sangre y 0,1 mg/l en aire espirado. Aunque la votación ha sido solo un primer paso, con 175 votos a favor, 33 en contra y 138 abstenciones, esta medida aún debe formalizarse a través de una ley redactada por el Ministerio del Interior.

¿Por qué se ha propuesto esta reducción?

El Grupo Socialista destaca que la medida es «urgente» para reducir las muertes en carretera. Según la Dirección General de Tráfico (DGT), el 29% de los accidentes mortales en 2023 estuvieron relacionados con el consumo de alcohol. Esta iniciativa se inspira en los modelos de seguridad vial de países como Suecia y Noruega, donde el límite es de 0,2 g/l, y busca reducir el riesgo de accidentes, que según estudios científicos, se multiplica a partir de una tasa de 0,3 g/l.

¿Cómo afectará a los conductores?

Con la nueva normativa, cualquier conductor que ingiera incluso pequeñas cantidades de alcohol podría dar positivo en un control de alcoholemia. Por ejemplo, beber solo un tercio de cerveza podría llevar a superar el nuevo límite. Esto significa que los conductores tendrán que ser aún más conscientes de su consumo de alcohol si no quieren enfrentarse a sanciones.

Un cambio necesario tras 35 años

El Partido Socialista argumenta que los límites actuales, que no han cambiado en 35 años, necesitaban revisarse. Según Manuel Arribas, portavoz de la Comisión de Seguridad Vial del PSOE, «un conductor ebrio no solo rompe las normas, rompe familias y apaga vidas». Este cambio también busca acabar con la percepción errónea de que el consumo moderado de alcohol es aceptable al volante.

Reacciones de los partidos

El Partido Popular (PP) ha expresado sus reservas, proponiendo una enmienda que refuerce las campañas de sensibilización y formación sobre el alcohol al volante. Además, piden medidas específicas para infractores reincidentes. Vox, por su parte, se ha opuesto a la medida, calificándola de «cortina de humo» y argumentando que restringe derechos y tiene un enfoque recaudatorio.

Por otro lado, partidos como ERC, Sumar y PNV han mostrado su apoyo a la propuesta, aunque algunos, como ERC, abogan por una tasa de 0,0 g/l.

¿Por qué no se ha adoptado una tasa 0,0?

Aunque algunos grupos políticos y ciudadanos han solicitado una tasa de 0,0 g/l, la DGT ha descartado esta opción por razones técnicas. Según Pere Navarro, director de la DGT, la Comisión Europea recomienda una tasa de 0,2 g/l, ya que es «equivalente a tolerancia 0», permitiendo un pequeño margen de error en los controles de alcoholemia.

Este cambio legislativo podría entrar en vigor en los próximos meses, cuando se apruebe definitivamente la ley. Los conductores tendrán que estar preparados para cumplir con la nueva normativa, que busca mejorar la seguridad vial en España.

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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