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Terremotos registrados en San Miguel de Salinas, Alicante

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Terremotos Alicante San Miguel de Salinas

Se han registrado dos terremotos de baja magnitud en San Miguel de Salinas, Alicante.

Detalles de los Sismos

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha reportado este martes de madrugada un terremoto de magnitud 2,4 en la escala de Richter al noreste del municipio, seguido de otro de 2,3 en el este de la misma zona.

El primer temblor se produjo a las 00:09 horas, con una latitud de 37.9897 y una longitud de -0.7627, a una profundidad de seis kilómetros. El segundo sismo ocurrió a la 01:01 horas, con una latitud de 37.9707 y una longitud de -0.7391, a una profundidad de tres kilómetros.

Estado de Emergencia

Hasta el momento, no se han activado los avisos de emergencia y no hay información sobre daños o incidentes relacionados con los terremotos. Las autoridades continúan monitoreando la situación y mantienen informada a la población.

¿Cuándo se Decreta el Nivel de Emergencia?

El nivel de emergencia se decreta en situaciones excepcionales donde la seguridad y el bienestar de la población están en riesgo. Este nivel puede ser activado por diferentes razones, que van desde desastres naturales hasta crisis sociales o sanitarias. Aquí se describen algunas de las circunstancias más comunes que conducen a la declaración de un estado de emergencia y su respectivo nivel:

1. Desastres Naturales

La ocurrencia de fenómenos como terremotos, inundaciones, huracanes o incendios forestales puede provocar la declaración de un estado de emergencia. Cuando las autoridades prevén que estos eventos pueden causar daños significativos a la infraestructura, al medio ambiente y a la vida humana, se decreta un nivel de emergencia para facilitar la respuesta rápida y efectiva.

2. Crisis Sanitarias

Situaciones como epidemias, pandemias o brotes de enfermedades contagiosas pueden llevar a la declaración de un estado de emergencia. Esto permite implementar medidas de salud pública más estrictas, como la cuarentena, la vacunación masiva o restricciones a la movilidad, para contener la propagación de la enfermedad.

3. Crisis Socio-Políticas

En ocasiones, la inestabilidad política o social, como protestas masivas, disturbios o conflictos, puede resultar en la necesidad de un estado de emergencia. Esto permite a las autoridades tomar medidas extraordinarias para mantener el orden público y garantizar la seguridad de los ciudadanos.

4. Amenazas a la Seguridad Nacional

Situaciones que amenacen la seguridad nacional, como ataques terroristas o conflictos bélicos, también pueden llevar a la declaración de un estado de emergencia. En estos casos, las autoridades pueden requerir recursos adicionales y coordinar esfuerzos con fuerzas de seguridad y defensa para proteger a la población.

Procedimiento de Declaración

La declaración del nivel de emergencia generalmente implica un proceso formal que puede incluir:

  • Evaluación de la Situación: Las autoridades competentes evalúan la magnitud y el impacto del evento que ha desencadenado la crisis.
  • Consulta con Expertos: Se puede consultar con expertos en la materia para determinar las mejores acciones a tomar.
  • Notificación a la Población: Una vez decretado el estado de emergencia, se informa a la población sobre las medidas que se implementarán y qué se espera de ella.
  • Activación de Recursos: Se activan los recursos necesarios, como servicios de emergencia, atención médica y asistencia humanitaria.

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Sucesos

Hallan mercurio y metanol en una anciana con alzhéimer mientras dos abogados y un notario la expoliaban en València

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La Policía Nacional ha detenido en València a cinco personas, entre ellas dos abogados, un notario de reconocido prestigio en la ciudad, la cuidadora de la víctima y el comprador de varios inmuebles, por presuntamente expoliar el patrimonio de una mujer octogenaria con alzhéimer. El perjuicio económico asciende a unos 785.000 euros, según ha informado la Jefatura Superior de Policía.

La investigación ha destapado una trama de ventas inmobiliarias irregulares, abusos de confianza y una grave situación de vulnerabilidad, en la que la anciana habría sido despojada de todos sus bienes en apenas un año.

Ventas irregulares y patrimonio enajenado

Las pesquisas policiales comenzaron en junio de 2025, tras la denuncia interpuesta por los familiares de la mujer. Estos alertaron de que cada vez les resultaba más difícil contactar con la anciana o visitarla, lo que despertó su preocupación.

Al consultar el Registro de la Propiedad, comprobaron que la totalidad de los inmuebles de la mujer habían sido vendidos en un corto periodo de tiempo. Las investigaciones revelaron que las operaciones se realizaron con el asesoramiento de dos abogados que, además, actuaban como letrados del comprador, incurriendo en un claro conflicto de intereses y dejando a la víctima en una situación de absoluta indefensión.

Los inmuebles fueron vendidos muy por debajo de su valor real de mercado, lo que permitió a los implicados obtener importantes beneficios económicos.

El papel clave del notario y la cuidadora

Todas las operaciones se formalizaron ante el mismo notario, que dio validez legal a las transacciones. Incluso en la venta de la vivienda habitual de la anciana —realizada bajo la fórmula de nuda propiedad— se incluyeron condiciones especialmente gravosas, que llegaban a contemplar la posible pérdida del usufructo.

Los agentes constataron además que el notario, junto al comprador, realizó gestiones para suprimir dicho usufructo, entrevistándose con vecinos para intentar demostrar que la mujer ya no residía en el inmueble, algo que no era cierto.

La cuidadora, que se encargaba de preparar la comida y atender diariamente a la octogenaria, tenía una posición de especial influencia sobre ella. Fue incluida en el testamento y era quien realizaba extracciones de dinero de las cuentas bancarias de la víctima.

Sustancias tóxicas y agravamiento del caso

Durante una hospitalización de la anciana, los investigadores llegaron a detectar presencia de mercurio y metanol en su organismo, un hallazgo que incrementó la gravedad de las sospechas sobre su entorno más cercano y reforzó la investigación policial.

Delitos y situación judicial

Como resultado de la operación, los cinco detenidos están acusados de prevaricación, falsedad en documento público, estafa, delito contra los derechos de los trabajadores y deslealtad profesional. Uno de ellos cuenta con antecedentes policiales.

Todos han pasado ya a disposición judicial, mientras continúa la investigación para esclarecer completamente los hechos y determinar si existen más personas implicadas.

 

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