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Toni Cantó (Cs) dice que se definía como pedagogo porque daba clases de teatro y que eso no requiere un título

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(EUROPA PRESS) –

El diputado de Ciudadanos y presidente de la comisión del Congreso para la Auditoria de la Calidad Democrática y la Lucha contra la Corrupción, Toni Cantó, ha aclarado que se definía como pedagogo porque «durante muchos años» impartió clases de teatro, y ha señalado que para hacer esto no es necesario haber cursado una licenciatura en Pedagogía.

«Lo he hecho durante muchos años para centenares de alumnos. No hace falta tener titulación para dar clases de teatro, pero sí que está bien haberte subido más de mil veces a un escenario, como yo», ha dicho en declaraciones a la Cadena SER, recogidas por Europa Press, y ha añadido: «Creo que es una de las cosas que mejor hago y para las que realmente tengo talento en mi vida».

Cuando Toni Cantó era diputado de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), en la ficha que recoge sus datos en la web del Congreso de los Diputados afirmaba que era «actor, productor y director de teatro», y a continuación añadía «pedagogo». Aunque en su ficha actual, como diputado de Ciudadanos, su ficha ya no incluye esta información, la formación naranja no considera que haya ningún engaño porque nunca afirmó poseer un título.

Respecto al vicesecretario de Política Social Sectorial del PP, Javier Maroto, que ha retado a Ciudadanos a «aplicarse el cuento» y «expulsar» a Cantó del partido por haber «mentido» en su currículum, el diputado de Cs considera que el PP arremete ahora contra él porque el partido naranja ha exigido la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.

Sin embargo, considera que el caso de Cifuentes y su máster de la Universidad Rey Juan Carlos supuestamente falsificado «no tiene nada que ver» con su situación, ya que eso parece ser «una trama delictiva de gente que se apropiaba de títulos sin haber cursado los estudios para luego, en un futuro, a lo mejor colocarse de funcionario en un puesto mucho mas alto de lo que merecen».

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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