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Toque de queda: En qué consiste y cómo nos puede afectar

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soledad obligada y soledad elegida

En medio de una segunda ola que avanza descontrolada, con las cifras de tasa de incidencia más altas en España de toda la pandemia, la figura del toque de queda ha ido tomando fuerza en las últimas horas. La primera comunidad en proponer la medida fue la de Madrid, aunque luego matizó esa petición. A última hora del día, la Comunitat Valenciana, que está entre las que presenta mejores cifras de todo el país, también admitió la posibilidad de solicitar el toque de queda ante el aumento brusco de los contagios.

El toque de queda tiene como finalidad reducir la interacción social y el movimiento de las personas en unas horas concretas del día. En ese periodo, la gente ha de quedarse en sus casas y sólo se puede salir por motivos justificados. Por tanto, es una medida que limita el derecho fundamental de la libre circulación de las personas.

El primer problema es que la figura del toque de queda no tiene una legislación propia en España. Desde el gobierno ya se ha advertido que, para adoptarla, habría que volver a recurrir al Estado de Alarma porque afecta a un derecho fundamental. Algunos expertos creen que sí que entra entre las competencias de las comunidades, pero el debate legal está por solucionar.

Tampoco ha gustado en algunas autonomías el hecho que se ligue la medida al conjunto de España, ya que la tasa de incidencia no es igual en todas las zonas del país. Entre los críticos ha estado el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que ha reclamado más concreción antes de que se tomen medidas que afectan al conjunto de los españoles.

El primer estado europeo en adoptar el toque de queda fue Francia, que lo aplica en el área de París y ocho grandes ciudades del país desde el pasado 16 de octubre. La medida, que estará vigente durante un mes prorrogable a 6 semanas, obliga a los ciudadanos a quedarse en sus casas entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana. Sólo se puede circular por las calles por trabajo, vuelta de un viaje o ir a urgencias de un hospital.

Otros países europeos, como Bélgica y Eslovenia, han adoptado también el toque de queda como medida para frenar el aumento en los los contagios. El Reino Unido ha tomado una decisión similar en Gales e Irlanda del Norte. Y en Italia, las regiones de Lombardia y Campania se disponen a ponerlo en marcha entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana.

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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