El PSOE ha aprobado este lunes la expulsión definitiva de José Luis Ábalos como militante del partido, quince meses después de que se le abriera expediente sancionador por su presunta vinculación con la trama Koldo, en la que también está implicado Santos Cerdán, exsecretario de Organización socialista.

Una ejecutiva clave en medio del escándalo

La decisión ha sido tomada en el marco de la Ejecutiva Federal del PSOE, que se reúne por primera vez tras la dimisión de Cerdán, y pocas horas antes de la comparecencia pública de Pedro Sánchez, prevista para las 12:30 horas, donde se esperan anuncios clave de remodelación interna.

Entre ellos, la creación de una nueva dirección colegiada provisional en la Secretaría de Organización, formada por Cristina Narbona, Ana María Fuentes, Montse Mínguez y Borja Cabezón.

Montero descarta elecciones y niega financiación ilegal

En una entrevista en RNE, la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, ha descartado un adelanto electoral pese a la presión política. También ha negado la existencia de financiación ilegal dentro del PSOE y ha matizado que, según el informe de la Guardia Civil, “no hay nada que indique que las adjudicaciones de contratos fueran irregulares”.

“Se pueden cobrar mordidas por influencias sin que se corrompa el proceso de adjudicación”, ha añadido.

Santos Cerdán entrega hoy su acta de diputado

Mientras tanto, Santos Cerdán ha informado al Tribunal Supremo de que entregará este mismo lunes su acta de diputado, tras anunciar el domingo su salida como militante. Su salida representa uno de los mayores golpes para el núcleo duro del sanchismo, que ahora busca recomponer su estructura interna y recuperar la confianza de sus socios.

Presión desde los socios de investidura

Fuentes del Ejecutivo confirman que Pedro Sánchez se reunirá esta semana con los portavoces de los grupos parlamentarios que apoyaron su investidura, en un intento por asegurar la estabilidad parlamentaria en un momento de máxima tensión política. Varios socios ya han calificado como “insuficientes” las medidas adoptadas hasta ahora.

El teléfono móvil, principal objetivo del registro

En declaraciones a los medios, Ábalos ha confirmado que el registro —que se prolongó durante más de nueve horas— tuvo como principal objetivo acceder al contenido de su teléfono móvil. “Lo único que les interesaba era el teléfono”, ha asegurado el exministro, quien también ha explicado que los agentes se llevaron memorias digitales que no pudieron copiar completamente en el momento y que podrá recuperar en los próximos días.

Ábalos ha añadido que no se siente inquieto por el procedimiento judicial:

«Más allá de las cosas íntimas, que espero que se preserven, mi móvil no registra una gran actividad desde hace tiempo. Todo lo que sea aclarar no me molesta. Así que estoy muy bien», declaró.

Diligencias ordenadas por el Tribunal Supremo

El registro se enmarca en unas diligencias secretas ordenadas por el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, que investiga presuntas irregularidades en contratos adjudicados durante la pandemia. Según fuentes jurídicas, la actuación de la UCO se basa en un informe fechado el 5 de junio, cuya información clave aún no se ha hecho pública.

La operación también estaría relacionada con documentación entregada por Víctor de Aldama, empresario considerado como uno de los principales implicados en la trama del ‘caso Koldo’, que afecta a contratos vinculados al Ministerio de Transportes.

Documentación sobre obras públicas

Las mismas fuentes indican que la Guardia Civil buscaba documentación relacionada con obra civil, supuestamente amañada en procesos de licitación durante la etapa de Ábalos al frente del ministerio. El foco estaría en los Presupuestos Generales del Estado de 2021, y en especial en proyectos gestionados por la Dirección General de Carreteras.

Ábalos insiste en su inocencia

José Luis Ábalos, que ya ha declarado ante el juez en dos ocasiones, ha reiterado su disposición a colaborar con la justicia. En anteriores declaraciones, negó rotundamente haber recibido comisiones o beneficios personales a cambio de adjudicaciones.

El exministro también ha solicitado en otras fases del proceso la exclusión de la UCO de la investigación, alegando posibles filtraciones interesadas, aunque tanto el juez instructor como la Sala de Apelación del Supremo rechazaron sus peticiones y ratificaron la legalidad del procedimiento.

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