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Trabajadores de CACSA convocan huelga en la inauguración de la exposición de Harry Potter

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Trabajadores de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de València aseguran que llevarán a cabo varias jornadas de huelga durante el mes de abril –una de ellas coincidiendo con la presentación de la exposición de Harry Potter— si no se llega a un acuerdo sobre la relación de puestos de trabajo (RPT) del organismo.

Así, el calendario de paros anunciado por el Comité de Empresa de CACSA para el mes de abril, tanto en Museo, Hemisfèric y Umbracle –«sin descartar la ampliación de días si la situación sigue sin cambios», recalcan– incluye el día 9 (paro parcial de 10.00 a 14.00 horas); 11 de abril, paro total coincidiendo con el estreno de Harry Potter; 18 de abril, con paro total.

Fuentes del Comité de Empresa han informado de que el pasado 28 de marzo, los trabajadores y trabajadoras de CACSA realizaron una asamblea en la que decidieron reanudar las movilizaciones para «visibilizar su cansancio en el proceso de publicación de la RPT y la definición de un marco laboral normativo».

Esta situación, explican, «se viene arrastrando desde 2010, año en el que se aprobó la Ley 10/2010 de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana, que suponía la obligación legal de realizar la relación de puestos de trabajo en las empresas dependientes de la administración pública valenciana».

«A día de hoy –continúan– no se ha publicado la RPT, a pesar de las reuniones mantenidas entre las partes afectadas, lo que supone una situación de indefensión laboral que implica que los trabajadores y trabajadoras de CACSA no tengan claras sus condiciones de trabajo, en cuanto a jornada, salarios y estructura profesional».

En este sentido, inciden en que no disponer de RPT supone «una desprotección total para ellos ya que no disponen de marco normativo en el que ampararse, además de suponer un incumplimiento de la ley por parte de la administración pública valenciana, concretamente de la Dirección General de Sector Público y la Dirección General de Presupuestos».

En este contexto, mañana, 5 de abril, está previsto que se reúnan las partes en el Tribunal de Arbitraje Laboral (TAL). Si no se llega a un acuerdo, «se activará la huelga», advierten.

Fuente: Europa Press

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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