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Valencia

El TSJCV admite a trámite el recurso de Compromís contra el decreto de admisión escolar

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TSJCV recurso Compromís decreto admisión escolar

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Compromís contra el decreto que regula el proceso de admisión en los centros educativos valencianos para el próximo curso.

Así lo recoge una resolución de la sección cuarta de la Sala de lo contencioso-administrativo del TSJCV, a la que ha tenido acceso EFE, que da nueve días a los interesados en el expediente administrativo para que puedan personarse, y contra la que cabe recurso de reposición en el plazo de cinco días.

Compromís presentó el pasado 7 mayo un recurso contencioso-administrativo contra el citado decreto, que entre otras cuestiones establece el distrito único en la solicitud de plaza, y solicitó como media cautelar la suspensión del mismo.

Para la coalición, el decreto «fomenta un distrito segregador, guetos educativos y que los centros elijan el alumnado y no al revés, con un punto discrecional».

El diputado de Compromís Gerard Fullana ha celebrado esta decisión judicial y ha destacado que la coalición ya advirtió de que este decreto «crearía situaciones racistas», que «finalmente se han creado», tal y como «han denunciado los padres y madres».

En declaraciones a los periodistas en Les Corts, donde este lunes se debaten las enmiendas al proyecto de ley educativa de PP y Vox, Fullana ha señalado que hay centros que están usando el punto extra «para elegir el alumnado», según el nacimiento o si realizan trabajos en la parroquia, o para evitar a familias que estén en paro.

La Confederació de AMPAS Gonzalo Anaya presentó la semana pasada una queja al Síndic de Greuges por considerar que en la concesión del punto a «la circunstancia específica» que otorgan los centros educativos en el proceso de admisión de alumnado hay «discriminaciones por razón de nacimiento, origen, procedencia o religión», entre otras.

Por su parte, la diputada del PP Beatriz Gascó ha defendido que la ley que se tramita en Les Corts va a ser jurídicamente «impecable», y ha considerado que es «de justicia social» que todas las familias, independientemente del barrio donde vivan, «puedan ir al colegio que escojan».

«Tienen todo el derecho a recurrirlo, pero ya veremos cómo termina», ha manifestado Gascó, quien ha lamentado que se quiera quitar «derechos a los valencianos de poder ir y escolarizarse en el centro que desean, independientemente de su condición económica».

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Valencia

La jueza vuelve a citar al alto cargo de confianza de Mazón tras los WhatsApp de la consellera Pradas

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La exconsellera de Justicia y Emergencias de la Generalitat valenciana Salomé Pradas ofrece declaraciones a los medios a su llegada a declarar, en calidad de investigada ante la Ciudad de la Justicia de Valencia, a 11 de abril de 2025 - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

Sigue la última hora de la investigación de la justicia en la gestión de la DANA:

La investigación judicial sobre la gestión de la reciente emergencia en la Comunitat Valenciana vuelve a intensificarse. La magistrada instructora ha decidido citar por segunda vez a la mano derecha del president Carlos Mazón, después de que la consellera de Medio Ambiente, Salomé Pradas, entregara al juzgado una serie de mensajes de WhatsApp que abren nuevas incógnitas sobre la toma de decisiones durante el episodio crítico.

Los WhatsApp de Pradas reactivan la investigación

La documentación aportada por Pradas la semana pasada ha tenido un efecto inmediato en el proceso judicial. Según fuentes del caso, los mensajes revelan intercambios directos con el alto cargo de Presidencia, en los que se habría tratado información relevante sobre la evolución de la emergencia y la valoración de un posible confinamiento preventivo, finalmente descartado.

Estos mensajes han llevado a la instructora a convocar un nuevo interrogatorio para esclarecer qué datos recibió el asesor de Mazón, cómo los interpretó y qué argumentos dio a la consellera para no activar medidas más restrictivas.

Qué pretende aclarar la jueza

La magistrada busca concretar cuatro puntos:

  1. El tipo de avisos o informes que manejaba el asesor.

  2. Si existía riesgo real que justificara el confinamiento en algún municipio afectado.

  3. El criterio técnico o político utilizado para desaconsejar esa medida.

  4. La coordinación entre Consellerias y Presidencia durante las primeras horas de la emergencia.

Fuentes jurídicas señalan que la intención es determinar si hubo alguna omisión de información, valoración errónea o interferencia política en decisiones que pudieran haber afectado a la seguridad de la población.

Crece la presión sobre el Consell

La nueva citación supone un revés para el equipo de Mazón, que insiste en que la gestión se realizó siguiendo criterios técnicos y con absoluta transparencia. Sin embargo, la aparición de los WhatsApp ha generado inquietud en el seno del Consell, que teme que la causa derive en nuevas declaraciones o peticiones de documentación.

La oposición, por su parte, reclama al president que dé explicaciones públicas y remarca que los mensajes “muestran contradicciones” entre las versiones ofrecidas hasta ahora por distintos cargos del Gobierno valenciano.

El proceso judicial continúa abierto

La jueza mantiene activas las diligencias y no se descartan nuevas comparecencias a medida que se analice el contenido completo de las conversaciones aportadas por Pradas. El juzgado está también a la espera de recibir informes técnicos de distintos departamentos del Consell, así como las comunicaciones oficiales emitidas durante la emergencia.

Mientras tanto, el Consell considera que la investigación sigue su curso normal y pide “prudencia” para no interferir en el procedimiento.

 

 

 

Carta abierta de Maribel Vilaplana sobre su comida con Mazón

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