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Valencia

El TSJCV admite a trámite el recurso de Compromís contra el decreto de admisión escolar

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TSJCV recurso Compromís decreto admisión escolar

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Compromís contra el decreto que regula el proceso de admisión en los centros educativos valencianos para el próximo curso.

Así lo recoge una resolución de la sección cuarta de la Sala de lo contencioso-administrativo del TSJCV, a la que ha tenido acceso EFE, que da nueve días a los interesados en el expediente administrativo para que puedan personarse, y contra la que cabe recurso de reposición en el plazo de cinco días.

Compromís presentó el pasado 7 mayo un recurso contencioso-administrativo contra el citado decreto, que entre otras cuestiones establece el distrito único en la solicitud de plaza, y solicitó como media cautelar la suspensión del mismo.

Para la coalición, el decreto «fomenta un distrito segregador, guetos educativos y que los centros elijan el alumnado y no al revés, con un punto discrecional».

El diputado de Compromís Gerard Fullana ha celebrado esta decisión judicial y ha destacado que la coalición ya advirtió de que este decreto «crearía situaciones racistas», que «finalmente se han creado», tal y como «han denunciado los padres y madres».

En declaraciones a los periodistas en Les Corts, donde este lunes se debaten las enmiendas al proyecto de ley educativa de PP y Vox, Fullana ha señalado que hay centros que están usando el punto extra «para elegir el alumnado», según el nacimiento o si realizan trabajos en la parroquia, o para evitar a familias que estén en paro.

La Confederació de AMPAS Gonzalo Anaya presentó la semana pasada una queja al Síndic de Greuges por considerar que en la concesión del punto a «la circunstancia específica» que otorgan los centros educativos en el proceso de admisión de alumnado hay «discriminaciones por razón de nacimiento, origen, procedencia o religión», entre otras.

Por su parte, la diputada del PP Beatriz Gascó ha defendido que la ley que se tramita en Les Corts va a ser jurídicamente «impecable», y ha considerado que es «de justicia social» que todas las familias, independientemente del barrio donde vivan, «puedan ir al colegio que escojan».

«Tienen todo el derecho a recurrirlo, pero ya veremos cómo termina», ha manifestado Gascó, quien ha lamentado que se quiera quitar «derechos a los valencianos de poder ir y escolarizarse en el centro que desean, independientemente de su condición económica».

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Valencia

Esta es la nueva normativa de apartamentos turísticos en Valencia: límites, polémica y claves del cambio

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Viviendas turísticas España
Dos turistas recorren con sus maletas el casco antiguo de la ciudad de València. EFE/Manuel Bruque/Archivo

El Ayuntamiento de València ha aprobado definitivamente la nueva normativa de apartamentos turísticos, una medida impulsada por el gobierno municipal con el apoyo de PP y Vox y el rechazo de Compromís y PSPV-PSOE.

La regulación modifica el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y busca poner límites al crecimiento del alojamiento turístico en la ciudad, en un contexto marcado por el aumento del precio de la vivienda y la presión vecinal.


🏛 Qué cambia con la nueva normativa

El nuevo marco urbanístico introduce restricciones al crecimiento de los apartamentos turísticos, con el objetivo de proteger el uso residencial de la vivienda. Según el equipo de gobierno, se trata de la normativa “más restrictiva de España” en este ámbito.

Entre las principales medidas destacan:

  • Implantación de “candados” urbanísticos que limitan el número de apartamentos por distrito, barrio o manzana.
  • Regulación del total de plazas turísticas, incluyendo apartamentos, hoteles y hostales.
  • Refuerzo de las inspecciones y aumento de las órdenes de cese contra alojamientos ilegales.
  • Coordinación con Policía y Agencia Tributaria para controlar la actividad irregular.

Desde el consistorio aseguran que el 98% de la vivienda queda protegida para uso residencial, dificultando la apertura de nuevos alojamientos turísticos.


Críticas de vecinos y oposición

La nueva normativa ha generado un intenso debate político y social. La Federació d’Associacions Veïnals de València considera que la regulación presenta “vacíos y excepciones” y no resuelve el principal problema: la existencia de miles de apartamentos turísticos ilegales.

Según denuncian, en la ciudad habría más de 9.000 viviendas turísticas fuera de la legalidad, una cifra que, a su juicio, no se aborda con medidas eficaces.

Por su parte, desde la oposición:

  • El PSPV-PSOE advierte que la norma no reducirá los apartamentos en zonas saturadas y permitirá su expansión en otros barrios.
  • Compromís acusa al gobierno local de favorecer la especulación y la subida de precios de la vivienda.

Ambos partidos coinciden en que la ciudad vive una situación de “tensión” en el mercado inmobiliario y reclaman medidas más restrictivas.


Debate sobre vivienda y turismo en València

El crecimiento del turismo en València ha sido uno de los factores clave en el encarecimiento del alquiler y la compra de vivienda en los últimos años.

Mientras el gobierno municipal defiende un modelo de turismo “de calidad” y compatible con la vida vecinal, la oposición insiste en que la nueva normativa puede agravar el problema si no se controla la oferta ilegal.


El Ayuntamiento defiende un “hito” urbanístico

La alcaldesa ha calificado la aprobación como un “hito” y ha asegurado que responde a un cambio de modelo de ciudad:

  • Priorizar el derecho a la vivienda.
  • Limitar el turismo masivo.
  • Garantizar la convivencia entre vecinos y visitantes.

Además, el gobierno local insiste en que la normativa está diseñada para ser sólida jurídicamente y evitar que pueda ser anulada en los tribunales.


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