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Valencia

El TSJCV admite a trámite el recurso de Compromís contra el decreto de admisión escolar

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TSJCV recurso Compromís decreto admisión escolar

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Compromís contra el decreto que regula el proceso de admisión en los centros educativos valencianos para el próximo curso.

Así lo recoge una resolución de la sección cuarta de la Sala de lo contencioso-administrativo del TSJCV, a la que ha tenido acceso EFE, que da nueve días a los interesados en el expediente administrativo para que puedan personarse, y contra la que cabe recurso de reposición en el plazo de cinco días.

Compromís presentó el pasado 7 mayo un recurso contencioso-administrativo contra el citado decreto, que entre otras cuestiones establece el distrito único en la solicitud de plaza, y solicitó como media cautelar la suspensión del mismo.

Para la coalición, el decreto «fomenta un distrito segregador, guetos educativos y que los centros elijan el alumnado y no al revés, con un punto discrecional».

El diputado de Compromís Gerard Fullana ha celebrado esta decisión judicial y ha destacado que la coalición ya advirtió de que este decreto «crearía situaciones racistas», que «finalmente se han creado», tal y como «han denunciado los padres y madres».

En declaraciones a los periodistas en Les Corts, donde este lunes se debaten las enmiendas al proyecto de ley educativa de PP y Vox, Fullana ha señalado que hay centros que están usando el punto extra «para elegir el alumnado», según el nacimiento o si realizan trabajos en la parroquia, o para evitar a familias que estén en paro.

La Confederació de AMPAS Gonzalo Anaya presentó la semana pasada una queja al Síndic de Greuges por considerar que en la concesión del punto a «la circunstancia específica» que otorgan los centros educativos en el proceso de admisión de alumnado hay «discriminaciones por razón de nacimiento, origen, procedencia o religión», entre otras.

Por su parte, la diputada del PP Beatriz Gascó ha defendido que la ley que se tramita en Les Corts va a ser jurídicamente «impecable», y ha considerado que es «de justicia social» que todas las familias, independientemente del barrio donde vivan, «puedan ir al colegio que escojan».

«Tienen todo el derecho a recurrirlo, pero ya veremos cómo termina», ha manifestado Gascó, quien ha lamentado que se quiera quitar «derechos a los valencianos de poder ir y escolarizarse en el centro que desean, independientemente de su condición económica».

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Valencia

El duelo de un pueblo no se gobierna con mentiras: es hora de que Carlos Mazón dimita

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El duelo de un pueblo no se gobierna con mentiras: es hora de que Carlos Mazón dimita
El president de la Generalitat, Carlos Mazón. EFE/ Biel Alino/Archivo

La catástrofe desencadenada por la DANA del 29 de octubre de 2024 en la Comunitat Valenciana, que dejó un lacerante saldo de más de 229 víctimas, no puede quedar impune. Más allá del dolor humano y de la reconstrucción material, está la responsabilidad política. Y en ese terreno, Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, acumula mentiras, contradicciones y el profundo desgarro de quienes lo perdieron todo. Por dignidad, por ética y por justicia, Mazón debe dimitir.

Una gestión inexcusable

Cuando la alerta roja estaba activada, Mazón estaba ausente del lugar que le correspondía. Según los informes oficiales, llegó al comité de crisis (CECOPI) a las 20:28 horas, cuando ya se había emitido la alerta a la población minutos antes. No fue un “error de agenda”, sino un fallo estructural que costó vidas.

Mientras Valencia vivía una riada devastadora, el presidente se encontraba en una comida privada en lugar de supervisar la emergencia. Su entorno lo justificó como una reunión de trabajo, pero el contexto lo desmiente: fue ausencia, negligencia y falta de liderazgo.

La falta de movilización de efectivos tampoco puede justificarse. Los informes cruzados detectan irregularidades en el número de bomberos y medios activados. Cuando una emergencia reclama transparencia, los datos confusos o manipulados son una afrenta.

Mentiras, contradicciones y silencio

Mazón ha intentado derivar responsabilidades hacia la Agencia Estatal de Meteorología o la Confederación Hidrográfica del Júcar, en lugar de asumir el liderazgo que su cargo exige. Cuando el caos se instala, quien gobierna debe estar al frente, no buscando culpables.

Peor aún, ha ofrecido versiones cambiantes sobre su paradero, sus llamadas y las decisiones adoptadas aquel día. La investigación judicial avanza con pruebas que desmontan la versión oficial. Cuando un líder debe explicar dónde estaba durante una tragedia, el problema ya no es circunstancial: es estructural.

Las víctimas, traicionadas

No basta con lamentar lo sucedido cuando la dignidad exige acción. Las asociaciones de víctimas han expresado su malestar y exigido respeto ante la falta de explicaciones claras. “Estar con las víctimas también implica asumir responsabilidades”, repiten familiares que aún esperan una disculpa sincera.

No es solo la ausencia inicial. Es el desfile de versiones, el silencio, la falta de empatía y la reconstrucción lenta. Mientras las familias siguen llorando, el presidente intenta sostener su imagen pública como si nada hubiera ocurrido.

La única salida digna: la dimisión

Integridad política. Quien incumple los principios básicos de responsabilidad pierde la legitimidad para seguir al frente.

Justicia para las víctimas. Pedir perdón no basta cuando no se explica con claridad, cuando no se asumen errores ni se ofrecen soluciones. Las víctimas merecen que se depuren responsabilidades reales.

Confianza institucional. La credibilidad de la Generalitat se resquebraja cuando su presidente ofrece explicaciones tardías, contradictorias y evasivas. Eso no solo afecta a Mazón, afecta a toda la Comunitat Valenciana.

Renovación del liderazgo. El desastre del 29-O no puede cerrarse con un “sigo al mando”. Hace falta un relevo que reconstruya no solo los territorios inundados, sino también la confianza de los ciudadanos.

La responsabilidad compartida

Los silencios cómplices también pesan. Los partidos que sostienen a Mazón deben preguntarse si su apoyo es ético o meramente político. Cada día que pasa sin rendir cuentas es una herida más para las víctimas y una mancha más para las instituciones.

La dimisión no sería una derrota política, sino un acto de respeto hacia los que sufrieron, hacia los que murieron y hacia toda una sociedad que exige transparencia y verdad.

La tragedia del 29 de octubre no son solo cifras. Son vidas, familias, municipios arrasados y una sociedad herida. Carlos Mazón mantuvo su comida en El Ventorro cuando la provincia se inundaba, cambió versiones cuando se investigaba y continúa en el cargo pese al clamor ciudadano.

Por integridad, por dignidad, por justicia: Carlos Mazón debe dimitir.
Y quienes lo sostienen, deberían preguntarse si su silencio también los convierte en responsables.

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