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Valencia

El Ayuntamiento mantendrá el túnel de Pérez Galdós: así quedará finalmente la avenida

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túnel de Pérez Galdós València
Foto Valencia.es

El Ayuntamiento de València pospone la eliminación del túnel de la Avenida Pérez Galdós y, aunque no renuncia a suprimirlo en un futuro, «deberá enmarcarse en un proyecto viable».

Así lo han anunciado este miércoles los concejales de Urbanismo y Movilidad, los ‘populares’ Juan Giner y Jesús Carbonell, respectivamente, quienes han justificado la decisión por la «irresponsabilidad, incompetencia e insensatez mayúscula» del anterior equipo de gobierno municipal —integrado por Compromís y PSPV—, que solicitó fondos europeos solo con una idea, lo que ahora provocará «un sobrecoste» que «casi duplicará» el presupuesto. En concreto, a los 11,8 millones de euros previstos habrá que sumar otros 9,9 millones para actuaciones de urbanización.

Los ediles han insistido en la «imprudencia que supone vincular un concurso de ideas a una financiación europea, ya que, cuando se traslada esa idea a los estudios técnicos, es cuando puedes ver la envergadura, el presupuesto, el alcance y el valor».

Así quedará el túnel y la avenida Pérez Galdós de Valencia

En este caso, tras la adjudicación al equipo redactor y elaborado el proyecto, la empresa solicitó el asesoramiento especializado a ingenieros de la Universitat Politècnica de València, quienes advirtieron que había una falta de información y que era «necesario realizar una campaña intensa de ensayos para determinar unas conclusiones válidas en la intervención del conjunto de la estructura».

Fruto de ese estudio, se ha llegado a la conclusión de que existen dos vías para el túnel. La primera consistiría en llevar a cabo un estudio riguroso de soluciones para cubrirlo, lo que implicaría una serie de ensayos, análisis estructural, etc., que demoraría la obra en el tiempo y haría «inviable» cumplir con los plazos determinados por la Unión Europea para los fondos europeos. La segunda alternativa pasaría por establecer una solución estructural alternativa no condicionada por las características del terreno, valorada en 19 millones y que tampoco cumpliría con los plazos.

A la luz de estos datos, se ha decidido «posponer» la eliminación del túnel. «Es decir, no renunciamos a eliminarlo, pero debe enmarcarse en otro proyecto viable, al margen de la financiación de estos fondos Next Generation», ha apuntado Giner, señalando que este cambio lleva aparejadas una serie de modificaciones en la planta viaria.

En relación con el presupuesto, el edil ha detallado que los fondos Next Generation financiaban 8,8 millones del proyecto, a los cuales había que añadir un 10% de fondos propios del Ayuntamiento, más el IVA correspondiente, que también abonaba el consistorio. En total, 11,8 millones de euros era el importe vinculado al proyecto tal y como se concibió en su origen. Pero, de acuerdo a los informes de la UPV y del redactor del proyecto, hay una serie de «necesidades adicionales vinculadas a la seguridad, básicamente».

Entre ellas, la sustitución de la losa sobre el colector de cierre —con un coste de dos millones— o la actuación en el alcantarillado por importe de 2,6 millones, más el IVA correspondiente, alrededor de 1,7 millones, así como una «infraestimación» de los costes de urbanización de 3,6 millones. Todo ello suma en torno a 9,9 millones de euros que hay que añadir a los 11,8 millones de euros inicialmente contemplados.

Las expectativas de los vecinos

«En definitiva, casi se duplica el importe. Esa es la realidad, esa es la irresponsabilidad, la insensatez, la incompetencia, la improvisación del anterior gobierno, que contempló un proyecto que jugaba con las expectativas de los vecinos, porque contemplaba la posibilidad de enterrar un túnel que luego, a la postre, se ha podido comprobar que es imposible realizar. Porque cuando los informes de seguridad hablan, los políticos callan, o al menos los que son responsables y prudentes. Y eso es lo que el actual gobierno va a hacer: cumplir con todas aquellas actuaciones que en materia de seguridad recomiendan los expertos, lo cual va a suponer un sobrecoste elevadísimo respecto de la iniciativa», ha reprochado Carbonell.

El responsable de Movilidad ha recalcado que, a pesar de que no se cubra el túnel, se va a hacer «un esfuerzo importante por renaturalizar la vía, por lo que los vecinos se van a beneficiar de mejoras muy sustantivas que, además, cumplirán con la memoria presentada a Europa».

Dos carriles y carril bici

De este modo, se pasará a una nueva planta de exclusivamente dos carriles por sentido, lo que permitirá ampliar las aceras hasta llegar a un máximo de seis metros por donde no discurra el carril bici y algo menos por donde sí haya este paso para bicicletas. También se introducirán mejoras acústicas para minimizar el impacto sonoro que provoca el paso inferior.

«Entendemos que con todas estas mejoras se cubren las expectativas de los vecinos, a excepción, claro está, de la cubrición del túnel que ya hemos dicho que es inviable, por lo menos en el momento actual», ha defendido Carbonell.

El concejal ha reconocido que, puesto que la vía tiene en torno a 2.000 metros de longitud y el paso inferior unos 700 metros, «habrá vecinos que efectivamente se vean perjudicados por la no eliminación del túnel, pero hay muchos otros, todos aquellos que vivan a lo largo de los restantes 1.300 metros que se van a beneficiar con una reurbanización y renaturalización de la vía muy importante que va a cubrir las expectativas de todos ellos».

Los concejales han aseverado que estas modificaciones no ponen en peligro la llegada de los fondos europeos porque están «absolutamente justificadas desde el punto de vista técnico». Y han avanzado que para llevar adelante la actuación en Pérez Galdós se están ultimando los trabajos del equipo redactor y, posteriormente, se sacará a licitación la ejecución material de las obras.

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Sucesos

Investigan una presunta agresión sexual a una residente dependiente en un centro de mayores

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Presunta agresión sexual en residencia de ancianos

Sanlúcar de Barrameda se encuentra conmocionada tras conocerse que el Juzgado Mixto número 2 de la localidad investiga una presunta agresión sexual en la residencia de mayores Virgen de la Caridad, en la que estaría implicado un residente como presunto autor y una mujer con un alto grado de dependencia como víctima.

Los hechos y denuncia

Según la familia de la denunciante, los hechos habrían ocurrido mientras la mujer dormía en la noche del pasado 19 de febrero. La denuncia fue interpuesta ante la Policía Nacional de Sanlúcar el 24 de febrero, por la delegada sindical del Comité de Trabajadores de la residencia. No obstante, la familia afirma que no tuvo conocimiento de lo sucedido hasta el 27 de febrero, es decir, ocho días después del presunto suceso.

Actuación judicial

El 28 de febrero, el presunto agresor fue detenido y puesto a disposición del juzgado instructor. El juez decretó su libertad provisional con medidas cautelares, incluyendo la prohibición de volver a la residencia Virgen de la Caridad y de comunicarse con la víctima. Posteriormente, el investigado fue trasladado a otro centro de mayores dentro de la provincia.

Críticas a la gestión del centro de mayores

En un comunicado emitido por su abogado, Miguel Ángel González Saborido, la familia ha manifestado su “total repulsa ante este tipo de situaciones” y ha lanzado duras críticas a la gestión del centro de mayores Virgen de la Caridad. Acusan al equipo directivo de “silencio cómplice” y de “no aplicar protocolos adecuados ante una situación de gravedad”, dejando desprotegida a una usuaria vulnerable.

Asimismo, expresan su confianza en la Justicia, reclamando que tanto el presunto agresor como los responsables institucionales por acción u omisión respondan ante la ley:

«Deben verse abocados a un procedimiento penal que depure todas las responsabilidades necesarias», sostienen.

Repercusiones políticas

El caso ha alcanzado también el plano político. Durante el pleno del Ayuntamiento de Sanlúcar celebrado el 1 de abril, la oposición solicitó la creación de una comisión de investigación. La alcaldesa Carmen Álvarez (IU) intentó abrir un expediente disciplinario al director del centro, pero la propuesta fue bloqueada por los consejeros de Emuremasa, la empresa pública que gestiona la residencia, con votos de PSOE, PP y Vox. Solo IU apoyó la medida.

Petición de respeto y verdad

Finalmente, la familia de la víctima ha hecho un llamamiento a los medios de comunicación para que traten el caso “con respeto y pulcritud” y ha apelado a la “honestidad de los trabajadores del centro que conocen la realidad de lo ocurrido”.

 

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