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Uber confirma que continuará operando en València adaptado al decreto de la Generalitat

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La empresa Uber ha decidido «adaptar» su producto para cumplir con los requerimientos del nuevo decreto ley que regula el servicio de transporte de viajeros mediante vehículos con conductor (VTC) en la Comunitat Valenciana, cuyas medidas han entrado en vigor este martes 2 de abril –a excepción de la obligación de precontratar con una antelación mínima de 15 minutos, que goza de una moratoria de dos meses.

Según el portavoz de la compañía, Uber «continúa trabajando para ofrecer el mejor servicio posible» en la región valenciana y se pone a disposición de la Generalitat para «trabajar en una regulación justa para todos que tenga en cuenta a los miles de conductores y pasajeros de la VTC en la Comunitat Valenciana».

Uber se suma así a Cabify, que ya este lunes avanzaba su intención de «adaptar» su modelo operativo a los requisitos impuestos en el nuevo a pesar de que cree que esta normativa «supone un retroceso en materia de libertad de elección, calidad de servicio y sostenibilidad medioambiental».

Por el momento, la plataforma –con más de 300.000 usuarios registrado en Valencia y Alicante– «opera con normalidad» en la región y analiza el texto publicado en busca de «la mejor respuesta a las necesidades de movilidad de los valencianos», siempre «dispuesta a hablar y trabajar con la Administración para abrir nuevas vías», aseguraba en un comunicado.

La empresa lamentaba que el Consell «ceda a la presión del sector más radical del taxi, se aleje del diálogo incluyente y, por contra, apueste por regular a favor únicamente de un sector, restringiendo la libertad de elegir de los ciudadanos y poniendo en riesgo los más de 500 empleos generados en los últimos años por el sector VTC».

En este sentido, argumentaba que «el impacto sobre el bienestar de los ciudadanos es indudable si se tiene en cuenta que el 98,5% de los viajes gestionados a través de la aplicación de Cabify están por debajo de los 15 minutos de espera».

Fuente: Europa Press

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Condena histórica al fiscal general: dos años de inhabilitación por revelación de secretos contra el novio de Ayuso

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Álvaro García Ortiz

El Tribunal Supremo (TS) ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz, a dos años de inhabilitación y a pagar una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos. La sentencia afecta a Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien el Tribunal ordena indemnizar con 10.000 euros por daños morales.

Según la resolución del Supremo, García Ortíz vulneró la confidencialidad de información sensible relacionada con Alberto González Amador, un acto considerado grave por comprometer derechos fundamentales y la confianza en la administración pública.

Esta decisión del Tribunal Supremo marca un precedente significativo sobre la responsabilidad de altos cargos en el manejo de información confidencial, reforzando la protección jurídica frente a filtraciones o revelaciones indebidas.

 


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