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Uber confirma que continuará operando en València adaptado al decreto de la Generalitat

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La empresa Uber ha decidido «adaptar» su producto para cumplir con los requerimientos del nuevo decreto ley que regula el servicio de transporte de viajeros mediante vehículos con conductor (VTC) en la Comunitat Valenciana, cuyas medidas han entrado en vigor este martes 2 de abril –a excepción de la obligación de precontratar con una antelación mínima de 15 minutos, que goza de una moratoria de dos meses.

Según el portavoz de la compañía, Uber «continúa trabajando para ofrecer el mejor servicio posible» en la región valenciana y se pone a disposición de la Generalitat para «trabajar en una regulación justa para todos que tenga en cuenta a los miles de conductores y pasajeros de la VTC en la Comunitat Valenciana».

Uber se suma así a Cabify, que ya este lunes avanzaba su intención de «adaptar» su modelo operativo a los requisitos impuestos en el nuevo a pesar de que cree que esta normativa «supone un retroceso en materia de libertad de elección, calidad de servicio y sostenibilidad medioambiental».

Por el momento, la plataforma –con más de 300.000 usuarios registrado en Valencia y Alicante– «opera con normalidad» en la región y analiza el texto publicado en busca de «la mejor respuesta a las necesidades de movilidad de los valencianos», siempre «dispuesta a hablar y trabajar con la Administración para abrir nuevas vías», aseguraba en un comunicado.

La empresa lamentaba que el Consell «ceda a la presión del sector más radical del taxi, se aleje del diálogo incluyente y, por contra, apueste por regular a favor únicamente de un sector, restringiendo la libertad de elegir de los ciudadanos y poniendo en riesgo los más de 500 empleos generados en los últimos años por el sector VTC».

En este sentido, argumentaba que «el impacto sobre el bienestar de los ciudadanos es indudable si se tiene en cuenta que el 98,5% de los viajes gestionados a través de la aplicación de Cabify están por debajo de los 15 minutos de espera».

Fuente: Europa Press

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Plus Ultra: el polémico rescate de 53 millones a una aerolínea de un solo avión vuelve a señalar a Zapatero

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La SEPI aprobó la ayuda para una compañía que apenas representaba el 0,03% del tráfico aéreo español. La UDEF investiga ahora un posible delito de blanqueo de capitales vinculado al uso de los fondos públicos.


La investigación sobre Plus Ultra se reactiva: registro policial y sospechas de blanqueo

El controvertido rescate de Plus Ultra Líneas Aéreas, aprobado por la SEPI en 2021 por un total de 53 millones de euros, vuelve a estar bajo los focos. A primera hora de este jueves, agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) registraron la sede de la compañía en Madrid en busca de indicios relacionados con un presunto delito de blanqueo de capitales.

La investigación apunta a que la aerolínea pudo utilizar parte del dinero del rescate para devolver préstamos vinculados a sociedades radicadas en el extranjero, supuestamente relacionadas con una organización criminal dedicada al blanqueo de fondos provenientes de Venezuela, según adelantó ABC.


Una aerolínea con un solo avión y el 0,03% del tráfico aéreo

Cuando la SEPI otorgó la ayuda en marzo de 2021 mediante el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, Plus Ultra solo contaba con una aeronave activa y operaba principalmente rutas entre España y Venezuela. Aun así, el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda la clasificó como “empresa estratégica”.

Los datos de actividad previos a la pandemia refuerzan las dudas sobre esa consideración: en 2019, Plus Ultra operó solo 823 vuelos en España, situándose en el puesto 166 del tráfico aéreo. Esto representaba un insignificante 0,03% de las 2,36 millones de operaciones registradas por Aena durante ese año.


Ábalos se desmarca y apunta a Zapatero

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha reiterado que se enteró del rescate en el mismo Consejo de Ministros en el que se aprobó, pese a que correspondía a su ámbito competencial.

En declaraciones a El Confidencial, insistió en que nunca tuvo intervención en la operación y sugirió la posible influencia del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero:

“Me enteré en pleno Consejo de Ministros. Es muy raro que llegue un asunto de Transportes sin informarme previamente. Ahí me di cuenta de que se daba una ayuda a esta compañía.”


Los nombres clave dentro de la SEPI y la sombra de Aldama

En el consejo de la SEPI que autorizó la ayuda participaron la actual ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, y Carlos Moreno, director de Gabinete de la ministra de Hacienda, conocido por haber aplazado una deuda tributaria de una sociedad del empresario Víctor Aldama, también implicado en causas judiciales.

La banca española ya había rechazado previamente conceder a Plus Ultra un préstamo avalado por el ICO, por lo que el rescate estatal fue su única vía de financiación.


Un caso archivado… hasta hoy

En 2022, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar si en la concesión del rescate pudieron cometerse delitos de malversación o cohecho, llegando a imputar al expresidente de la SEPI, Bartolomé Lora. Sin embargo, en 2023, la jueza Esperanza Collazos archivó el caso al considerar que se aplicó el decreto de ayudas de manera correcta.

El registro de la UDEF reabre ahora el debate público, reaviva las sospechas sobre la operación y coloca al Gobierno de Pedro Sánchez ante una nueva crisis política vinculada a la polémica aerolínea.

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