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Uber confirma que continuará operando en València adaptado al decreto de la Generalitat

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La empresa Uber ha decidido «adaptar» su producto para cumplir con los requerimientos del nuevo decreto ley que regula el servicio de transporte de viajeros mediante vehículos con conductor (VTC) en la Comunitat Valenciana, cuyas medidas han entrado en vigor este martes 2 de abril –a excepción de la obligación de precontratar con una antelación mínima de 15 minutos, que goza de una moratoria de dos meses.

Según el portavoz de la compañía, Uber «continúa trabajando para ofrecer el mejor servicio posible» en la región valenciana y se pone a disposición de la Generalitat para «trabajar en una regulación justa para todos que tenga en cuenta a los miles de conductores y pasajeros de la VTC en la Comunitat Valenciana».

Uber se suma así a Cabify, que ya este lunes avanzaba su intención de «adaptar» su modelo operativo a los requisitos impuestos en el nuevo a pesar de que cree que esta normativa «supone un retroceso en materia de libertad de elección, calidad de servicio y sostenibilidad medioambiental».

Por el momento, la plataforma –con más de 300.000 usuarios registrado en Valencia y Alicante– «opera con normalidad» en la región y analiza el texto publicado en busca de «la mejor respuesta a las necesidades de movilidad de los valencianos», siempre «dispuesta a hablar y trabajar con la Administración para abrir nuevas vías», aseguraba en un comunicado.

La empresa lamentaba que el Consell «ceda a la presión del sector más radical del taxi, se aleje del diálogo incluyente y, por contra, apueste por regular a favor únicamente de un sector, restringiendo la libertad de elegir de los ciudadanos y poniendo en riesgo los más de 500 empleos generados en los últimos años por el sector VTC».

En este sentido, argumentaba que «el impacto sobre el bienestar de los ciudadanos es indudable si se tiene en cuenta que el 98,5% de los viajes gestionados a través de la aplicación de Cabify están por debajo de los 15 minutos de espera».

Fuente: Europa Press

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La familia de Álex, el menor asesinado en Sueca, pide ayuda económica para afrontar el proceso judicial

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La familia de Álex, el niño de 13 años asesinado en Sueca el pasado 24 de enero, ha puesto en marcha una campaña de crowdfunding para poder hacer frente a los costes judiciales derivados del proceso penal y garantizar que el caso llegue hasta el final.

La iniciativa, titulada “Justicia para Álex”, ha sido impulsada por el padre del menor y ha logrado recaudar más de 2.800 euros en apenas cuatro días, gracias a la solidaridad de vecinos, amigos y personas de distintos puntos del país.

Una comunidad volcada con la familia

Desde que se produjo el crimen, Sueca permanece conmocionada. Las muestras de apoyo no han cesado: concentraciones silenciosas, mensajes de condolencia y homenajes espontáneos reflejan el impacto que ha tenido la muerte del menor en el municipio.

Con esta campaña solidaria, los padres de Álex buscan contar con los recursos necesarios para afrontar el procedimiento judicial, pero también mantener viva la memoria de su hijo y evitar que el caso caiga en el olvido.

El acusado, en prisión provisional sin fianza

Según la investigación, Álex acudió a casa de un amigo para pasar la tarde. Presuntamente, el padre del menor lo atacó con un arma blanca, causándole heridas mortales. El hombre fue detenido horas después por la Guardia Civil y reconoció los hechos ante los agentes.

El juez encargado del caso decretó prisión provisional, comunicada y sin fianza para el acusado, imputado por un delito de asesinato agravado, al tratarse de una víctima menor de 16 años. Desde su ingreso en la prisión de Picassent, el detenido ha optado por no declarar y remitirse a sus manifestaciones previas.

Apoyo social y búsqueda de justicia

La familia insiste en que la recaudación no responde solo a una necesidad económica, sino también a un deseo de justicia y acompañamiento. El respaldo ciudadano se ha convertido en un pilar fundamental en un momento de enorme dolor.

El caso de Álex ha trascendido el ámbito judicial para convertirse en una herida colectiva, con un municipio entero unido en el recuerdo del menor y en el apoyo a sus padres durante un proceso largo y complejo.


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