El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha decretado mantener la prisión sin fianza al exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras, al exconseller de Interior Joaquin Forn y a los líderes de ANC y Òmnium Cultural, y fijar prisión provisional bajo fianza de 100.000 euros para los otros seis exconsellers.

Los exconsellers y los líderes de las organizaciones independentistas catalanas comparecieron el pasado viernes ante el magistrado del alto tribunal, a petición propia, para ratificar sus escritos en los que pedían su puesta en libertad provisional. El juez considera que no hay riesgo de fuga, pero sí aprecia riesgo de reiteración delictiva en el caso de Junqueras, Forn, Sànchez y Cuixart.

Llarena considera que la situación de los exconsellers y de los lideres de ANC y Omnium es similar a la que apreció en el caso de los miembros de la Mesa del Parlament, en cuanto que su aportación al delito se situaría en principio en un plano de principalidad equivalente al que ofrecía el comportamiento de Carme Forcadell y también porque cuentan con un profundo arraigo personal, laboral y social, así como disposición para atender los llamamientos judiciales que se les han cursado hasta ahora.

Respecto a la reiteración delictiva, el magistrado distingue entre la actuación de los miembros de la Mesa del Parlament, cuya aportación se limitó a desatender cuantas decisiones judiciales se habían dictado, y la actuación de los 10 querellados, en los que el juez aprecia un juicio razonable de riesgo de reiteración delictiva, por la “lesividad” que puede acompañar a la reiteración de sus aportaciones. El juez individualiza las actuaciones de los querellados y, en el caso de Junqueras, Forn, Sànchez y Cuixart, entiende que “sus aportaciones están directamente vinculadas a una explosión violenta que, de reiterarse, no deja margen de corrección o de satisfacción a quienes se vean alcanzados por ella”. En ese sentido, recuerda varias actuaciones violentas como el “asedio” por decenas de miles de personas a una comisión judicial que registraba la Consellería catalana de Economía en Barcelona.