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Zaplana recurre la prisión al considerarla «desproporcionada» y niega riesgo de destrucción de pruebas

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VALÈNCIA, 25 May. (EUROPA PRESS) –

La defensa del exministro y ‘expresident’ Eduardo Zaplana ha recurrido el auto de prisión del Juzgado de Instrucción número 8 de València tras su detención en la operación Erial al considerar la medida «innecesaria y desproporcionada» y que no existe «ningún riesgo objetivo de destrucción de pruebas».

También rechaza el riesgo de fuga tanto por el «arraigo personal y familiar» del exdirigente ‘popular’ como por la «grave enfermedad» que padece desde hace años, según han informado fuentes conocedoras a Europa Press.

Los abogados entienden que «tras tres años de instrucción judicial en secreto y con la única intervención de la UCO –Unidad Central Operativa de la Guardia Civil– y la Fiscalía Anticorrupción, no existe ningún riesgo objetivo de destrucción de pruebas, máxime cuando se ha procedido a realizar entradas y registros en los domicilios y oficinas, llevándose móviles, dispositivos informáticos, portátiles e ingente documentación».

Así mismo, rechazan que haya riesgo de fuga, «debido al arraigo personal y familiar y, sobre todo, a su grave enfermedad, que requiere cuidados continuos y periódicos».

Estas razones llevan a los abogados a considerar la prisión provisional y sin fianza «desproporcionada y lesiva a los derechos del ser humano, de quien no es un condenado».

«La prisión provisional no puede suponer un anticipo de una hipotética pena», subrayan, y añaden que «en el peor de los casos es factible porque lo prevé la ley, que tal privación provisional de libertad pueda ser el arresto domiciliario, en casa de una hija suya, cerca del hospital, donde vivía».

Eduardo Zaplana ha ingresado en la prisión de Picassent (Valencia) tras acordar la titular del Juzgado de Instrucción número 8 de València su encarcelación provisional, comunicada y sin fianza en el marco de Erial.

En esta operación, la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil rastrean el cobro de unos diez millones de euros en comisiones ilegales recibidas por la adjudicación de contratos públicos relativos a la concesión de las ITV y el plan eólico, durante la etapa de Zaplana al frente de la Generalitat Valenciana.

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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