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Zaplana recurre la prisión al considerarla «desproporcionada» y niega riesgo de destrucción de pruebas

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VALÈNCIA, 25 May. (EUROPA PRESS) –

La defensa del exministro y ‘expresident’ Eduardo Zaplana ha recurrido el auto de prisión del Juzgado de Instrucción número 8 de València tras su detención en la operación Erial al considerar la medida «innecesaria y desproporcionada» y que no existe «ningún riesgo objetivo de destrucción de pruebas».

También rechaza el riesgo de fuga tanto por el «arraigo personal y familiar» del exdirigente ‘popular’ como por la «grave enfermedad» que padece desde hace años, según han informado fuentes conocedoras a Europa Press.

Los abogados entienden que «tras tres años de instrucción judicial en secreto y con la única intervención de la UCO –Unidad Central Operativa de la Guardia Civil– y la Fiscalía Anticorrupción, no existe ningún riesgo objetivo de destrucción de pruebas, máxime cuando se ha procedido a realizar entradas y registros en los domicilios y oficinas, llevándose móviles, dispositivos informáticos, portátiles e ingente documentación».

Así mismo, rechazan que haya riesgo de fuga, «debido al arraigo personal y familiar y, sobre todo, a su grave enfermedad, que requiere cuidados continuos y periódicos».

Estas razones llevan a los abogados a considerar la prisión provisional y sin fianza «desproporcionada y lesiva a los derechos del ser humano, de quien no es un condenado».

«La prisión provisional no puede suponer un anticipo de una hipotética pena», subrayan, y añaden que «en el peor de los casos es factible porque lo prevé la ley, que tal privación provisional de libertad pueda ser el arresto domiciliario, en casa de una hija suya, cerca del hospital, donde vivía».

Eduardo Zaplana ha ingresado en la prisión de Picassent (Valencia) tras acordar la titular del Juzgado de Instrucción número 8 de València su encarcelación provisional, comunicada y sin fianza en el marco de Erial.

En esta operación, la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil rastrean el cobro de unos diez millones de euros en comisiones ilegales recibidas por la adjudicación de contratos públicos relativos a la concesión de las ITV y el plan eólico, durante la etapa de Zaplana al frente de la Generalitat Valenciana.

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Anticorrupción solicita 24 años de cárcel para Ábalos, 19 para Koldo y 7 para Aldama

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Tribunal Supremo penas que van desde los 7 hasta los 24 años de prisión para los principales investigados del conocido caso Koldo, la presunta trama de corrupción ligada a contratos de mascarillas adjudicados durante la pandemia por el Ministerio de Transportes.

24 años de prisión y multa de casi 4 millones para José Luis Ábalos

El Ministerio Público pide una condena de 24 años de prisión para José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE.
La Fiscalía le atribuye cinco presuntos delitos:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Tráfico de influencias

  • Malversación

  • Uso de información privilegiada

Además, reclama para él una multa de 3,9 millones de euros y responsabilidades económicas conjuntas por los perjuicios ocasionados a dos empresas públicas.

19 años y medio de cárcel para Koldo García

Para Koldo García, exasesor ministerial de Ábalos, Anticorrupción solicita 19 años y medio de prisión, así como una multa también de 3,9 millones de euros, por los mismos delitos atribuidos al exministro.

La Fiscalía pide que tanto Ábalos como Koldo indemnicen de forma conjunta y solidaria a:

  • Ineco: 34.477,86 euros

  • Tragsatec: 9.500,54 euros

Asimismo, reclama el decomiso de al menos 430.298,4 euros, cantidad que correspondería a ganancias obtenidas mediante cohecho.

Atenuante de confesión para Víctor de Aldama

En el caso del empresario Víctor de Aldama, considerado presunto intermediario de la trama, la Fiscalía aplica la atenuante de confesión y solicita una pena de 7 años de prisión por:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Uso de información privilegiada

También reclama para él una multa de 3,8 millones de euros.

El origen de la causa

El escrito de acusación llega después de que el magistrado instructor del Supremo, Leopoldo Puente, propusiera el pasado 3 de noviembre juzgar a los tres implicados. Según el juez, se habrían concertado poco después de la llegada de Ábalos al Ministerio, buscando obtener beneficios económicos mediante su influencia en contratos públicos.

Puente dividió la causa en dos piezas:

  • La principal, centrada en los contratos de mascarillas.

  • Una pieza separada dedicada a la supuesta trama de cobro de comisiones por obra pública.

 

 

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