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Un estudio afirma que el Reino Unido alcanzará la «inmunidad de rebaño» el 12 de abril

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EFE/ANDY RAIN

Londres, 8 abr (EFE).- El Reino Unido, que ha vacunado contra la covid-19 a más de la mitad de su población adulta, alcanzará la llamada «inmunidad de rebaño» el 12 de abril, según cálculos del University College London (UCL, en inglés) publicados este jueves.

Según esos análisis la protección de la población frente al coronavirus, ya sea a través de la vacunación o porque se ha superado la enfermedad, llegará al 73,4 % de la población el 12 de abril, la fecha de la segunda fase de la desescalada.

Ese porcentaje, según los expertos de esa universidad, es suficiente para decir que hay «inmunidad de rebaño», también conocida como inmunidad colectiva o de grupo, que se da cuando un número suficiente de individuos están protegidos frente a una determinada infección y actúan como contrafuegos al impedir que el virus alcance a los que no están protegidos.

Según las últimas cifras oficiales más de 31 millones de personas han recibido la primera dosis de una vacuna contra la covid-19 y más de cinco millones la segunda dosis.

El experto Karl Friston, del UCL, destacó el nivel de inmunidad de la población dado que «más del 50 % de los adultos han sido vacunados» y un elevado porcentaje «ha quedado expuesto al virus».

El diario «The Daily Telegraph», que ha tenido acceso a este estudio del UCL, destacó la efectividad del modelo utilizado por esta universidad porque registra en tiempo real los muertos, las infecciones, las vacunaciones y las hospitalizaciones.

El próximo lunes empieza la segunda fase de la desescalada en Inglaterra, con la reapertura de comercios no esenciales, peluquerías, salones de belleza o gimnasios.

La primera fase empezó el pasado 29 de marzo cuando se puso fin a la recomendación de no salir de casa a menos que fuera para asuntos esenciales, mientras que la tercera fase está prevista para el 17 de mayo, con la reanudación de los vuelos internacionales.

El Reino Unido está vacunando con los preparados de BioNTech/Pfizer y Oxford/AstraZeneca, mientras que Gales ha empezado a inmunizar esta semana con el de Moderna.

No obstante, los reguladores británicos recomendaron ayer no utilizar la vacuna de AstraZeneca para los menores de 30 años por el posible vínculo entre el preparado y unos casos reducidos de trombos.

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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