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Un juez reconoce el derecho de un padre a escolarizar a su hija en un colegio no religioso en contra del criterio de la madre

Publicado

hace 8 años

en

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Moncada (Valencia) ha reconocido a un padre el derecho a escolarizar a su hija en un centro público en lugar del colegio concertado religioso en el que la madre la había prematriculado de manera unilateral.

El titular del Juzgado, el magistrado Joaquim Bosch, considera que el derecho a la libertad religiosa comprende también el derecho a no profesar religión o creencia alguna y que, en este caso prevalece ese derecho fundamental frente a los motivos de proximidad y horario que guiaron a la progenitora a la hora de elegir el colegio de la pequeña, sobre la que tienen custodia compartida.

“Al comparar ambas voluntades, se desprende que las motivaciones de la madre resultan legítimas, desde la perspectiva de que el horario del centro se adapte a su situación personal o a la ubicación geográfica que le resulte más favorable. Sin embargo, en la vista la demandada no fundamentó su petición en un derecho fundamental. En cambio, el padre sí que basa su solicitud en el derecho fundamental a la libertad religiosa y de conciencia, así como en el derecho fundamental a que su hija reciba una formación moral que esté de acuerdo con sus convicciones. Por ello, entendemos que debe prosperar la solicitud del padre, ante el carácter preferente de los referidos derechos fundamentales”, explica el juez en un auto.

En la vista, la madre dijo que le resultaba indiferente el carácter religioso o laico del colegio de la pequeña, que eligió por cuestión de horarios y ubicación geográfica. El padre, en cambio, “sí que se centró en su voluntad de que la niña acuda a un centro público, por entender que no le parece adecuado por sus convicciones morales que a la menor se le imponga una enseñanza con un ideario religioso. Y también explicó que no le importa que la niña pueda participar en esas decisiones sobre formación religiosa a partir de los 9 años o cuando tenga una madurez suficiente, pero que no está de acuerdo con que ello ocurra a tan corta edad”.

En su resolución el magistrado explica que en supuestos de desacuerdo entre los progenitores “no puede darse una solución generalizada. Habrá de analizarse ponderadamente y de manera cuidadosa cada caso. Para ello habrá de acudirse a los usos sociales o familiares”.

Sobre este punto señala que el hecho de que la niña, que acaba de terminar la guardería, “esté bautizada no resulta especialmente relevante, pues en nuestro contexto cultural se trata de una tradición social y ello no implica necesariamente una apuesta de futuro por una formación de tipo religioso o de carácter público”.

Además, añade que “el hecho de que la madre haya realizado la preinscripción en el centro concertado no ha de resultar vinculante: no puede imponerse hechos consumados llevados a cabo sin la necesaria opinión del padre, a pesar de que éste pidió a la madre que contara con su punto de vista, como queda acreditado con los correos electrónicos aportados”.

El juez determina el colegio en el que habrá de ser matriculada la niña. No elige como primera opción el centro propuesto por el padre, sino un colegio público próximo a la guardería a la que ahora acude la menor y al domicilio materno “con la finalidad de conciliar los intereses” de ambos progenitores.

Concluye el magistrado destacando que “desde la perspectiva del interés de la menor, no existen diferencias entre la circunstancia de que acuda al centro público o al concertado religioso, pues ambos cuentan con similar ubicación geográfica y con prestaciones parecidas. En este caso, lo que se considera prevalente es el derecho fundamental a la libertad religiosa y el derecho a la educación de acuerdo con las convicciones morales, pues son derechos constitucionales que deben prevalecer frente a otros intereses legítimos, pero que cuentan con menor protección jurídica”.

La decisión del titular de Moncada 1 no ha sido recurrida por ninguno de los progenitores. Es firme.

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La UCO prepara cuatro nuevos informes que estrechan el cerco sobre Pedro Sánchez

Publicado

hace 2 horas

en

17 junio, 2025

De

Pedro Sánchez última hora
Pedro Sánchez-PSOE

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil trabaja ya en cuatro nuevos informes clave que podrían comprometer aún más al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el marco de la trama Koldo y otros casos investigados. Según ha publicado Libertad Digital, las nuevas diligencias apuntan directamente a figuras de primer nivel del Ejecutivo y del PSOE: Francina Armengol, Ángel Víctor Torres, Santos Cerdán y el controvertido rescate a Air Europa.

La dimisión de Santos Cerdán tras el primer informe

La pasada semana, se hizo público el informe de la UCO sobre las comunicaciones interceptadas a la red de Koldo García, que implicaban directamente a Santos Cerdán, hasta entonces secretario de Organización del PSOE y figura clave en el entorno de Sánchez. Como consecuencia, Cerdán presentó su renuncia como diputado este lunes, perdiendo automáticamente su aforamiento.

Informes en marcha sobre Armengol y Torres por la compra de material sanitario

Según fuentes jurídicas citadas por Libertad Digital, la UCO está ultimando dos informes centrados en la compra-venta de material sanitario durante la pandemia, vinculando presuntas irregularidades a:

  • Francina Armengol, expresidenta de Baleares y actual presidenta del Congreso.

  • Ángel Víctor Torres, ex presidente de Canarias y actual ministro de Política Territorial.

Ambos informes podrían ser enviados en breve al titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, aunque no se descarta que el magistrado eleve una exposición razonada al Tribunal Supremo, en cuyo caso sería el juez Leopoldo Puente, instructor de la parte aforada del caso Koldo, quien podría asumir la causa y abrir diligencias contra ambos cargos.

El informe patrimonial sobre Santos Cerdán: enriquecimiento bajo la lupa

Otro de los frentes abiertos se centra en el ya exdirigente socialista Santos Cerdán. La UCO prepara un informe específico sobre su patrimonio, con el objetivo de esclarecer un posible enriquecimiento ilícito durante los años en los que ejerció poder en la estructura del partido.

Cabe recordar que en el extenso informe de 490 páginas presentado la semana pasada, la UCO ya solicitaba la investigación de 480 cuentas bancarias y depósitos en 35 entidades financieras, presuntamente vinculadas al cobro de comisiones ilegales por adjudicaciones públicas.

El juez Leopoldo Puente ha citado a declarar a Cerdán el próximo 25 de junio, fecha en la que también podría ordenar nuevas diligencias de investigación patrimonial.

El cuarto informe: el rescate de Air Europa en el foco judicial

El último de los cuatro informes tendría relación con el rescate millonario a Air Europa por parte del Gobierno. Esta línea de investigación, según indica Libertad Digital, fue encargada hace meses por el juez Juan Carlos Peinado, del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, que investiga posibles irregularidades en el entorno de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez.

Tras la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de frenar la causa en espera de nuevos indicios, este informe ha quedado en una situación jurídica incierta. No obstante, si se redistribuye a otro juzgado de instrucción, el informe elaborado por la UCO podría ser reactivado y valorado por un nuevo instructor.

La UCO vincula a Pedro Sánchez con presunta falsedad documental

Además, según reveló también Libertad Digital, la UCO ha implicado directamente a Pedro Sánchez en dos posibles delitos de falsedad documental, relacionados con un presunto amaño en las primarias del PSOE de 2014.

En un mensaje intervenido a Santos Cerdán, incluido en el informe enviado al magistrado del Supremo, se sugiere la manipulación del proceso interno del partido, lo que podría constituir delitos de falsedad material y falsedad ideológica, contemplados en el Código Penal.

¿Cuándo estarán listos los informes?

Fuentes jurídicas apuntan a que los tres informes más avanzados —los relacionados con Armengol, Torres y Cerdán— no estarán finalizados hasta después del verano. El informe sobre Air Europa depende de resoluciones judiciales pendientes.

De confirmarse los indicios que maneja la UCO, los efectos políticos y judiciales para el entorno del presidente del Gobierno podrían ser significativos en los próximos meses.

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