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Un juzgado de València investiga la presunta financiación ilegal del PSPV y Bloc durante la campaña de 2007

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VALÈNCIA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) – Un juzgado de València investiga una presunta financiación ilegal del PSPV y el Bloc, partido mayoritario en Compromís, durante la campaña electoral de 2007, según la información publicada este miércoles por el diario El Mundo, que explica que las diligencias están abiertas por presuntos delitos electorales, prevaricación, falsedad documental continuada y malversación de caudales públicos que se habrían cometido entre los años 2007 y 2011.

La investigación partió tras aportar el PPCV documentación, facturas y correos electrónicos entre empresarios valencianos, dirigentes del Bloc y del PSPV relacionada con el pago de facturas por trabajos electorales a los dos partidos en las elecciones municipales y autonómicas de 2007, en las que el candidato socialista a la Generalitat era su secretario general, Joan Ignasi Pla, y Enric Morera era el líder del Bloc.

Explica que una empresa de comunicación, la sociedad Crespo Gomar –que tuvo como presidente a Alberto Gomar, el hijo del ex teniente alcalde del Ayuntamiento de Gandia– facturó servicios al PSPV de cuyos pagos se hacían cargo otras empresas, fundamentalmente constructoras, mediante una presunta falsificación de facturas.

En lo que respecta al Bloc, la documentación en poder de la Policía incluye un documento con la referencia ‘estados de cuentas de Bloc’, según la misma información. La documentación la almacenaba Crespo Gomar e incluye una tabla con conceptos, importes de facturas y un estadillo en el que se repite la palabra ‘concepto’ con una serie de empresas. La investigación busca determinar si estas empresas fueron las que asumieron las facturas de la campaña del Bloc en 2007 y conocer el por qué aparecen en su cuenta.

EN CONOCIMIENTO DE LA POLICÍA HACE AÑO Y MEDIO
Tras conocerse estas informaciones periodísticas, la secretaria general del PPCV, Eva Ortiz, ha comparecido ante los medios para explicar que hace aproximadamente un año y medio, en 2016, el partido recibió una información «anónima» y, tras revisarla y no ver «clara alguna cuestión que tiene que ver con la financiación de los dos partidos», la dirección decide ponerla en conocimiento de la Policía. A partir de ahí, ha apuntado, se inicia una investigación de la que han tenido constancia por la prensa.

El PPCV, ha dicho, «respeta la labor de la justicia» y se personará en breve en la causa. Por el momento, el caso está bajo secreto de sumario, por lo que no ha querido dar más detalles sobre la documentación concreta que aportaron, que se conocerá una vez se levante ese secreto: «Después de año y medio con este asunto, dejando actuar a la justicia, comprenderán que mientras no se levante el secreto no vamos a entrar en el detalle de las investigaciones».

«Serán ellos los que tendrán que explicar cómo se han financiado, cómo no se han financiado o cómo han ido sus campañas», ha dicho en alusión al PSPV y Bloc, y ha apuntado que los ‘populares’ están «muy interesados» en oír las explicaciones de Ximo Puig y Mónica Oltra, que nos han dado tantas lecciones de moral y ética», como también qué opinan Podemos y Ciudadanos al respecto. Además, ha recordado que el PP «siempre ha dado la cara en cualquier cuestión que se le ha preguntado».

Asimismo, ha recalcado que el PP va a seguir poniendo en conocimiento de la justicia «todo aquello que entienda que no está claro» y, de hecho, ha indicado que también se personará en la causa abierta al secretario autonómico de Educación, Miguel Soler, por cobrar un sueldo público por ser asesor de la vicepresidencia de Les Corts y trabajar para el grupo socialista.

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La Policía Nacional detiene al presidente y al CEO de Plus Ultra en una redada a la aerolínea rescatada por el Gobierno durante la pandemia

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Plus Ultra

La Policía Nacional ha registrado este jueves la aerolínea española Plus Ultra, rescatada por el Gobierno de Pedro Sánchez durante la pandemia con más de 50 millones de euros. Durante la operación han sido detenidos el presidente de la compañía, Julio Martínez, y el CEO, Roberto Roselli. Según ha podido saber EL MUNDO, la investigación está dirigida por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, que ha ordenado el volcado de los dispositivos informáticos intervenidos.
Fuentes cercanas a la aerolínea —que cuenta con accionistas venezolanos— confirman la operación y aseguran que están colaborando con la Policía Judicial. La causa se encuentra bajo secreto.

Investigación por presunto blanqueo de capitales

La operación investiga un presunto delito de blanqueo de capitales. Los agentes han practicado registros en varios domicilios de los máximos responsables de la empresa, que en los últimos meses ha sido señalada por algunos de los principales investigados del caso Koldo como una de las compañías que deberían ser investigadas.

Plus Ultra fue rescatada por el Ejecutivo en el contexto de la pandemia con una ayuda superior a los 50 millones de euros, una decisión que ha generado controversia desde entonces. El exministro José Luis Ábalos ha afirmado que dicho rescate fue una imposición con la que él no estaba de acuerdo y apuntó a la figura del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, extremo que este último niega. Declaraciones en el mismo sentido ha realizado el empresario Víctor de Aldama.

El rescate de Plus Ultra: polémica y defensas internas

El ex presidente de Plus Ultra Fernando García Manso defendió, tras la concesión del rescate, que la ayuda recibida fue “la mínima imprescindible” y negó cualquier intermediación de antiguos altos cargos socialistas.

Además, justificó la necesidad del apoyo público subrayando que Plus Ultra desempeñaba un papel estratégico en la economía española, al cubrir una carencia en las conexiones aéreas con Latinoamérica. La aerolínea se definía como la “única alternativa” para obtener precios competitivos entre España y el continente americano.
Según García Manso, la desaparición de la compañía generaría un monopolio en esas rutas.

Conexiones internacionales y préstamos investigados

Según ha podido saber este periódico, la investigación está vinculada a las pesquisas abiertas por la Fiscalía suiza contra el financiero Simon Leendert Verhoeven. Entre 2020 y 2021, Plus Ultra solicitó créditos por valor de 1,3 millones de euros a varias sociedades vinculadas al entorno del financiero.

Las operaciones fueron:

  • 28 de octubre de 2020: préstamo de 500.000 dólares con Wailea Invest, domiciliada en Reino Unido.

  • 20 de noviembre de 2020: préstamo de 500.000 euros con Allpa Wira, fondo con sede en Suiza.

  • 29 de enero de 2021: préstamo de 450.000 euros con Valerian Corporation.

La compañía argumenta que recurrió a estos préstamos debido al fuerte impacto del Covid en sus cuentas y sostiene que todas las operaciones fueron legales, públicas y transparentes. Sin embargo, los investigadores analizan ahora si estas transacciones están relacionadas con un posible entramado de blanqueo internacional.

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