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Un juzgado de València investiga la presunta financiación ilegal del PSPV y Bloc durante la campaña de 2007

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VALÈNCIA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) – Un juzgado de València investiga una presunta financiación ilegal del PSPV y el Bloc, partido mayoritario en Compromís, durante la campaña electoral de 2007, según la información publicada este miércoles por el diario El Mundo, que explica que las diligencias están abiertas por presuntos delitos electorales, prevaricación, falsedad documental continuada y malversación de caudales públicos que se habrían cometido entre los años 2007 y 2011.

La investigación partió tras aportar el PPCV documentación, facturas y correos electrónicos entre empresarios valencianos, dirigentes del Bloc y del PSPV relacionada con el pago de facturas por trabajos electorales a los dos partidos en las elecciones municipales y autonómicas de 2007, en las que el candidato socialista a la Generalitat era su secretario general, Joan Ignasi Pla, y Enric Morera era el líder del Bloc.

Explica que una empresa de comunicación, la sociedad Crespo Gomar –que tuvo como presidente a Alberto Gomar, el hijo del ex teniente alcalde del Ayuntamiento de Gandia– facturó servicios al PSPV de cuyos pagos se hacían cargo otras empresas, fundamentalmente constructoras, mediante una presunta falsificación de facturas.

En lo que respecta al Bloc, la documentación en poder de la Policía incluye un documento con la referencia ‘estados de cuentas de Bloc’, según la misma información. La documentación la almacenaba Crespo Gomar e incluye una tabla con conceptos, importes de facturas y un estadillo en el que se repite la palabra ‘concepto’ con una serie de empresas. La investigación busca determinar si estas empresas fueron las que asumieron las facturas de la campaña del Bloc en 2007 y conocer el por qué aparecen en su cuenta.

EN CONOCIMIENTO DE LA POLICÍA HACE AÑO Y MEDIO
Tras conocerse estas informaciones periodísticas, la secretaria general del PPCV, Eva Ortiz, ha comparecido ante los medios para explicar que hace aproximadamente un año y medio, en 2016, el partido recibió una información «anónima» y, tras revisarla y no ver «clara alguna cuestión que tiene que ver con la financiación de los dos partidos», la dirección decide ponerla en conocimiento de la Policía. A partir de ahí, ha apuntado, se inicia una investigación de la que han tenido constancia por la prensa.

El PPCV, ha dicho, «respeta la labor de la justicia» y se personará en breve en la causa. Por el momento, el caso está bajo secreto de sumario, por lo que no ha querido dar más detalles sobre la documentación concreta que aportaron, que se conocerá una vez se levante ese secreto: «Después de año y medio con este asunto, dejando actuar a la justicia, comprenderán que mientras no se levante el secreto no vamos a entrar en el detalle de las investigaciones».

«Serán ellos los que tendrán que explicar cómo se han financiado, cómo no se han financiado o cómo han ido sus campañas», ha dicho en alusión al PSPV y Bloc, y ha apuntado que los ‘populares’ están «muy interesados» en oír las explicaciones de Ximo Puig y Mónica Oltra, que nos han dado tantas lecciones de moral y ética», como también qué opinan Podemos y Ciudadanos al respecto. Además, ha recordado que el PP «siempre ha dado la cara en cualquier cuestión que se le ha preguntado».

Asimismo, ha recalcado que el PP va a seguir poniendo en conocimiento de la justicia «todo aquello que entienda que no está claro» y, de hecho, ha indicado que también se personará en la causa abierta al secretario autonómico de Educación, Miguel Soler, por cobrar un sueldo público por ser asesor de la vicepresidencia de Les Corts y trabajar para el grupo socialista.

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La defensa de Begoña Gómez pide archivar el caso y critica el impacto en la Justicia

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Juez Peinado

La defensa de Begoña Gómez ha solicitado al juez el archivo definitivo de la causa judicial que investiga su actividad profesional, al considerar que no existen fundamentos jurídicos suficientes. “Flaco favor se está haciendo a la imagen de la Justicia”, ha afirmado su abogado durante la vista celebrada este miércoles.

El procedimiento está dirigido por el magistrado Juan Carlos Peinado, quien ha reunido a las partes en un nuevo trámite en los juzgados de Madrid en plena Semana Santa.


La defensa insiste en el archivo del caso

El abogado de Gómez, Antonio Camacho, ha reiterado que no existe base para investigar los delitos que se le atribuyen, entre ellos malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional.

Durante su intervención, el letrado ha criticado la falta de imparcialidad en el proceso y ha calificado la situación como una “pesadilla jurídica”. Además, ha defendido que la investigación responde a intereses ajenos a la Justicia.

En la misma línea, la Fiscalía también ha vuelto a posicionarse a favor del archivo de la causa tras casi dos años de investigación.


Solicitud de nuevas pruebas y testigos

De forma preventiva, la defensa ha pedido al juez que, en caso de continuar el proceso, se practiquen nuevas diligencias. Entre ellas, destaca la declaración como testigo de José Manuel Ruano, vinculado a la actividad de Gómez en la Universidad Complutense de Madrid.

Asimismo, se han solicitado informes periciales para analizar:

  • El papel del cónyuge del presidente del Gobierno
  • El funcionamiento de las cátedras extraordinarias
  • El supuesto perjuicio económico a la universidad

Por su parte, la defensa de Cristina Álvarez, asesora de Gómez, también ha pedido documentación oficial que acredite sus funciones en La Moncloa.


Las acusaciones piden ampliar la investigación

En el lado opuesto, las acusaciones populares, lideradas por Hazte Oír, han solicitado al juez nuevas diligencias para profundizar en la investigación.

Entre sus peticiones se incluyen:

  • La vida laboral completa de Gómez
  • La actualización del salario de su asesora
  • Información sobre reuniones relacionadas con proyectos tecnológicos vinculados a su actividad

Posible juicio con jurado popular

El juez ha reiterado que, en caso de que el procedimiento continúe hasta juicio, este podría celebrarse ante un jurado popular. Esta decisión ya generó controversia y fue objeto de revisión por parte de la Audiencia Provincial de Madrid.

En una resolución reciente, Peinado defendió que existen indicios suficientes para continuar la causa, apuntando a un posible aprovechamiento de la posición institucional de Gómez, algo que la defensa rechaza y califica de “meras conjeturas”.


Origen del caso Begoña Gómez

La investigación se inició en abril de 2024 tras una denuncia del colectivo Manos Limpias y posteriormente se amplió con acciones judiciales impulsadas por Vox y otras entidades.

El caso analiza, por un lado, la relación profesional de Gómez con empresarios y la universidad, y por otro, el uso de recursos públicos en su actividad como esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.


Un caso con impacto político y mediático

La causa judicial contra Begoña Gómez sigue generando un fuerte impacto político y mediático en España, con posiciones enfrentadas entre las partes implicadas.

Mientras la defensa insiste en el archivo inmediato, las acusaciones reclaman seguir investigando, manteniendo abierto un proceso que continúa marcando la actualidad judicial y política del país.

 

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