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Un juzgado de València investiga la presunta financiación ilegal del PSPV y Bloc durante la campaña de 2007

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VALÈNCIA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) – Un juzgado de València investiga una presunta financiación ilegal del PSPV y el Bloc, partido mayoritario en Compromís, durante la campaña electoral de 2007, según la información publicada este miércoles por el diario El Mundo, que explica que las diligencias están abiertas por presuntos delitos electorales, prevaricación, falsedad documental continuada y malversación de caudales públicos que se habrían cometido entre los años 2007 y 2011.

La investigación partió tras aportar el PPCV documentación, facturas y correos electrónicos entre empresarios valencianos, dirigentes del Bloc y del PSPV relacionada con el pago de facturas por trabajos electorales a los dos partidos en las elecciones municipales y autonómicas de 2007, en las que el candidato socialista a la Generalitat era su secretario general, Joan Ignasi Pla, y Enric Morera era el líder del Bloc.

Explica que una empresa de comunicación, la sociedad Crespo Gomar –que tuvo como presidente a Alberto Gomar, el hijo del ex teniente alcalde del Ayuntamiento de Gandia– facturó servicios al PSPV de cuyos pagos se hacían cargo otras empresas, fundamentalmente constructoras, mediante una presunta falsificación de facturas.

En lo que respecta al Bloc, la documentación en poder de la Policía incluye un documento con la referencia ‘estados de cuentas de Bloc’, según la misma información. La documentación la almacenaba Crespo Gomar e incluye una tabla con conceptos, importes de facturas y un estadillo en el que se repite la palabra ‘concepto’ con una serie de empresas. La investigación busca determinar si estas empresas fueron las que asumieron las facturas de la campaña del Bloc en 2007 y conocer el por qué aparecen en su cuenta.

EN CONOCIMIENTO DE LA POLICÍA HACE AÑO Y MEDIO
Tras conocerse estas informaciones periodísticas, la secretaria general del PPCV, Eva Ortiz, ha comparecido ante los medios para explicar que hace aproximadamente un año y medio, en 2016, el partido recibió una información «anónima» y, tras revisarla y no ver «clara alguna cuestión que tiene que ver con la financiación de los dos partidos», la dirección decide ponerla en conocimiento de la Policía. A partir de ahí, ha apuntado, se inicia una investigación de la que han tenido constancia por la prensa.

El PPCV, ha dicho, «respeta la labor de la justicia» y se personará en breve en la causa. Por el momento, el caso está bajo secreto de sumario, por lo que no ha querido dar más detalles sobre la documentación concreta que aportaron, que se conocerá una vez se levante ese secreto: «Después de año y medio con este asunto, dejando actuar a la justicia, comprenderán que mientras no se levante el secreto no vamos a entrar en el detalle de las investigaciones».

«Serán ellos los que tendrán que explicar cómo se han financiado, cómo no se han financiado o cómo han ido sus campañas», ha dicho en alusión al PSPV y Bloc, y ha apuntado que los ‘populares’ están «muy interesados» en oír las explicaciones de Ximo Puig y Mónica Oltra, que nos han dado tantas lecciones de moral y ética», como también qué opinan Podemos y Ciudadanos al respecto. Además, ha recordado que el PP «siempre ha dado la cara en cualquier cuestión que se le ha preguntado».

Asimismo, ha recalcado que el PP va a seguir poniendo en conocimiento de la justicia «todo aquello que entienda que no está claro» y, de hecho, ha indicado que también se personará en la causa abierta al secretario autonómico de Educación, Miguel Soler, por cobrar un sueldo público por ser asesor de la vicepresidencia de Les Corts y trabajar para el grupo socialista.

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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