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Valencia

Una caravana de coches pide detener la ley Celáa por injusta e ideológica

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Actualiza la noticia VL7055 con un nuevo dato de participación ofrecido por la organización
València, 20 dic (EFE).- Una caravana de coches ha recorrido las principales calles y avenidas de la ciudad de València en una manifestación convocada por la plataforma Más libres, más plurales, más iguales (que agrupa a organizaciones empresariales, sindicales y de padres de alumnos) en la que se ha pedido la paralización de la nueva ley educativa, la denominada ley Celaá por considerarla injusta para el sistema educativo por innecesaria, negativa e ideológica.
Al inicio de la manifestación, el portavoz de la plataforma, Vicente Moro, ha manifestado que la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE) supone un recorte en la capacidad de las familias en la elección del centro educativo, impide una educación diferenciada, pone en peligro la continuidad de los centros de educación especial, degrada los contenidos de la asignatura de religión y atenta contra la calidad al permitir superar el bachillerato con asignaturas suspendidas.
La caravana automovilística, de la que han formado parte unos cinco mil vehículos según los organizadores, se ha concentrado en el paseo de la Alameda y ha iniciado su recorrido por las grandes vías de Marqués del Turia, Germanías, Ramón y Cajal y Fernando el Católico, para continuar por el paseo de la Pechina, Blanquerías, Conde de Trénor, Pintor López y Paseo de la Ciudadela para regresar de nuevo a la Alameda.
Durante la concentración previa a la salida y durante el recorrido, los coches, que iban engalanados con lazos naranjas de grandes dimensiones (como símbolo de su reivindicación) y globos, han hecho sonar con insistencia los claxon, creando un ambiente festivo y reivindicativo.
Entre los participantes en esta manifestación se encontraban dirigentes del PP de la Comunitat Valenciana, como su presidenta, Isabel Bonig, que ha manifestado que esta protesta «es un grito por la libertad de los padres para elegir la educación y la lengua vehicular de la enseñanza de sus hijos, y una decidida defensa de una educación pública neutral y de calidad», porque la ley Celaá es un ataque a los principios de mérito y capacidad y porque no se puede enfrentar a la educación pública y concertada».
Al finalizar la manifestación, que ha coincidido en el tiempo con otras similares convocadas en la mayoría delas capitales de provincia de España, se ha leído un manifiesto en el que se ha subrayado que la nueva ley de educación se ha aprobado «sin dialogo, sin negociación, sin consenso político y social, y con una tramitación parlamentaria exprés».
«La LOMLOE -se afirma- tiene una enorme carga ideológica que restringe duramente derechos y libertades individuales y colectivas. Atenta contra la libertad de enseñanza proponiendo una drástica reducción del pluralismo y del derecho a elegir de las familias».
El manifiesto subraya que la LOMLOE «asigna a la enseñanza concertada un papel absolutamente subsidiario con relación a la enseñanza pública. La programación de la red de centros y la oferta de plazas escolares se hará sin tener en cuenta lo que las familias solicitan y se escolarizará en función de las decisiones e intereses de las administraciones. El derecho de elegir es de los padres y no deben ser las administraciones quienes lo hagan por ellos».
El texto reivindica que la escuela debe ser «plural, gratuita y universal, pero eso no se logra legislando contra la enseñanza concertada y su diversidad de proyectos», por lo que se pide una «pacífica y armónica convivencia de las tres redes: pública, privada concertada y privada» y que las administraciones «cumplan con su obligación de financiar adecuadamente los centros educativos públicos y concertados par garantizar la gratuidad real de ambos».
Se asegura también que la LOMLOE abandona a los trabajadores y profesionales de la concertada y de educación especial al no introducir ni una sola mejora que permita equiparar y mejorar sus condiciones.

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Valencia

La jueza vuelve a citar al alto cargo de confianza de Mazón tras los WhatsApp de la consellera Pradas

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La exconsellera de Justicia y Emergencias de la Generalitat valenciana Salomé Pradas ofrece declaraciones a los medios a su llegada a declarar, en calidad de investigada ante la Ciudad de la Justicia de Valencia, a 11 de abril de 2025 - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

Sigue la última hora de la investigación de la justicia en la gestión de la DANA:

La investigación judicial sobre la gestión de la reciente emergencia en la Comunitat Valenciana vuelve a intensificarse. La magistrada instructora ha decidido citar por segunda vez a la mano derecha del president Carlos Mazón, después de que la consellera de Medio Ambiente, Salomé Pradas, entregara al juzgado una serie de mensajes de WhatsApp que abren nuevas incógnitas sobre la toma de decisiones durante el episodio crítico.

Los WhatsApp de Pradas reactivan la investigación

La documentación aportada por Pradas la semana pasada ha tenido un efecto inmediato en el proceso judicial. Según fuentes del caso, los mensajes revelan intercambios directos con el alto cargo de Presidencia, en los que se habría tratado información relevante sobre la evolución de la emergencia y la valoración de un posible confinamiento preventivo, finalmente descartado.

Estos mensajes han llevado a la instructora a convocar un nuevo interrogatorio para esclarecer qué datos recibió el asesor de Mazón, cómo los interpretó y qué argumentos dio a la consellera para no activar medidas más restrictivas.

Qué pretende aclarar la jueza

La magistrada busca concretar cuatro puntos:

  1. El tipo de avisos o informes que manejaba el asesor.

  2. Si existía riesgo real que justificara el confinamiento en algún municipio afectado.

  3. El criterio técnico o político utilizado para desaconsejar esa medida.

  4. La coordinación entre Consellerias y Presidencia durante las primeras horas de la emergencia.

Fuentes jurídicas señalan que la intención es determinar si hubo alguna omisión de información, valoración errónea o interferencia política en decisiones que pudieran haber afectado a la seguridad de la población.

Crece la presión sobre el Consell

La nueva citación supone un revés para el equipo de Mazón, que insiste en que la gestión se realizó siguiendo criterios técnicos y con absoluta transparencia. Sin embargo, la aparición de los WhatsApp ha generado inquietud en el seno del Consell, que teme que la causa derive en nuevas declaraciones o peticiones de documentación.

La oposición, por su parte, reclama al president que dé explicaciones públicas y remarca que los mensajes “muestran contradicciones” entre las versiones ofrecidas hasta ahora por distintos cargos del Gobierno valenciano.

El proceso judicial continúa abierto

La jueza mantiene activas las diligencias y no se descartan nuevas comparecencias a medida que se analice el contenido completo de las conversaciones aportadas por Pradas. El juzgado está también a la espera de recibir informes técnicos de distintos departamentos del Consell, así como las comunicaciones oficiales emitidas durante la emergencia.

Mientras tanto, el Consell considera que la investigación sigue su curso normal y pide “prudencia” para no interferir en el procedimiento.

 

 

 

Carta abierta de Maribel Vilaplana sobre su comida con Mazón

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