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Valencia

Una caravana de coches pide detener la ley Celáa por injusta e ideológica

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Actualiza la noticia VL7055 con un nuevo dato de participación ofrecido por la organización
València, 20 dic (EFE).- Una caravana de coches ha recorrido las principales calles y avenidas de la ciudad de València en una manifestación convocada por la plataforma Más libres, más plurales, más iguales (que agrupa a organizaciones empresariales, sindicales y de padres de alumnos) en la que se ha pedido la paralización de la nueva ley educativa, la denominada ley Celaá por considerarla injusta para el sistema educativo por innecesaria, negativa e ideológica.
Al inicio de la manifestación, el portavoz de la plataforma, Vicente Moro, ha manifestado que la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE) supone un recorte en la capacidad de las familias en la elección del centro educativo, impide una educación diferenciada, pone en peligro la continuidad de los centros de educación especial, degrada los contenidos de la asignatura de religión y atenta contra la calidad al permitir superar el bachillerato con asignaturas suspendidas.
La caravana automovilística, de la que han formado parte unos cinco mil vehículos según los organizadores, se ha concentrado en el paseo de la Alameda y ha iniciado su recorrido por las grandes vías de Marqués del Turia, Germanías, Ramón y Cajal y Fernando el Católico, para continuar por el paseo de la Pechina, Blanquerías, Conde de Trénor, Pintor López y Paseo de la Ciudadela para regresar de nuevo a la Alameda.
Durante la concentración previa a la salida y durante el recorrido, los coches, que iban engalanados con lazos naranjas de grandes dimensiones (como símbolo de su reivindicación) y globos, han hecho sonar con insistencia los claxon, creando un ambiente festivo y reivindicativo.
Entre los participantes en esta manifestación se encontraban dirigentes del PP de la Comunitat Valenciana, como su presidenta, Isabel Bonig, que ha manifestado que esta protesta «es un grito por la libertad de los padres para elegir la educación y la lengua vehicular de la enseñanza de sus hijos, y una decidida defensa de una educación pública neutral y de calidad», porque la ley Celaá es un ataque a los principios de mérito y capacidad y porque no se puede enfrentar a la educación pública y concertada».
Al finalizar la manifestación, que ha coincidido en el tiempo con otras similares convocadas en la mayoría delas capitales de provincia de España, se ha leído un manifiesto en el que se ha subrayado que la nueva ley de educación se ha aprobado «sin dialogo, sin negociación, sin consenso político y social, y con una tramitación parlamentaria exprés».
«La LOMLOE -se afirma- tiene una enorme carga ideológica que restringe duramente derechos y libertades individuales y colectivas. Atenta contra la libertad de enseñanza proponiendo una drástica reducción del pluralismo y del derecho a elegir de las familias».
El manifiesto subraya que la LOMLOE «asigna a la enseñanza concertada un papel absolutamente subsidiario con relación a la enseñanza pública. La programación de la red de centros y la oferta de plazas escolares se hará sin tener en cuenta lo que las familias solicitan y se escolarizará en función de las decisiones e intereses de las administraciones. El derecho de elegir es de los padres y no deben ser las administraciones quienes lo hagan por ellos».
El texto reivindica que la escuela debe ser «plural, gratuita y universal, pero eso no se logra legislando contra la enseñanza concertada y su diversidad de proyectos», por lo que se pide una «pacífica y armónica convivencia de las tres redes: pública, privada concertada y privada» y que las administraciones «cumplan con su obligación de financiar adecuadamente los centros educativos públicos y concertados par garantizar la gratuidad real de ambos».
Se asegura también que la LOMLOE abandona a los trabajadores y profesionales de la concertada y de educación especial al no introducir ni una sola mejora que permita equiparar y mejorar sus condiciones.

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Valencia

El duelo de un pueblo no se gobierna con mentiras: es hora de que Carlos Mazón dimita

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El duelo de un pueblo no se gobierna con mentiras: es hora de que Carlos Mazón dimita
El president de la Generalitat, Carlos Mazón. EFE/ Biel Alino/Archivo

La catástrofe desencadenada por la DANA del 29 de octubre de 2024 en la Comunitat Valenciana, que dejó un lacerante saldo de más de 229 víctimas, no puede quedar impune. Más allá del dolor humano y de la reconstrucción material, está la responsabilidad política. Y en ese terreno, Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, acumula mentiras, contradicciones y el profundo desgarro de quienes lo perdieron todo. Por dignidad, por ética y por justicia, Mazón debe dimitir.

Una gestión inexcusable

Cuando la alerta roja estaba activada, Mazón estaba ausente del lugar que le correspondía. Según los informes oficiales, llegó al comité de crisis (CECOPI) a las 20:28 horas, cuando ya se había emitido la alerta a la población minutos antes. No fue un “error de agenda”, sino un fallo estructural que costó vidas.

Mientras Valencia vivía una riada devastadora, el presidente se encontraba en una comida privada en lugar de supervisar la emergencia. Su entorno lo justificó como una reunión de trabajo, pero el contexto lo desmiente: fue ausencia, negligencia y falta de liderazgo.

La falta de movilización de efectivos tampoco puede justificarse. Los informes cruzados detectan irregularidades en el número de bomberos y medios activados. Cuando una emergencia reclama transparencia, los datos confusos o manipulados son una afrenta.

Mentiras, contradicciones y silencio

Mazón ha intentado derivar responsabilidades hacia la Agencia Estatal de Meteorología o la Confederación Hidrográfica del Júcar, en lugar de asumir el liderazgo que su cargo exige. Cuando el caos se instala, quien gobierna debe estar al frente, no buscando culpables.

Peor aún, ha ofrecido versiones cambiantes sobre su paradero, sus llamadas y las decisiones adoptadas aquel día. La investigación judicial avanza con pruebas que desmontan la versión oficial. Cuando un líder debe explicar dónde estaba durante una tragedia, el problema ya no es circunstancial: es estructural.

Las víctimas, traicionadas

No basta con lamentar lo sucedido cuando la dignidad exige acción. Las asociaciones de víctimas han expresado su malestar y exigido respeto ante la falta de explicaciones claras. “Estar con las víctimas también implica asumir responsabilidades”, repiten familiares que aún esperan una disculpa sincera.

No es solo la ausencia inicial. Es el desfile de versiones, el silencio, la falta de empatía y la reconstrucción lenta. Mientras las familias siguen llorando, el presidente intenta sostener su imagen pública como si nada hubiera ocurrido.

La única salida digna: la dimisión

Integridad política. Quien incumple los principios básicos de responsabilidad pierde la legitimidad para seguir al frente.

Justicia para las víctimas. Pedir perdón no basta cuando no se explica con claridad, cuando no se asumen errores ni se ofrecen soluciones. Las víctimas merecen que se depuren responsabilidades reales.

Confianza institucional. La credibilidad de la Generalitat se resquebraja cuando su presidente ofrece explicaciones tardías, contradictorias y evasivas. Eso no solo afecta a Mazón, afecta a toda la Comunitat Valenciana.

Renovación del liderazgo. El desastre del 29-O no puede cerrarse con un “sigo al mando”. Hace falta un relevo que reconstruya no solo los territorios inundados, sino también la confianza de los ciudadanos.

La responsabilidad compartida

Los silencios cómplices también pesan. Los partidos que sostienen a Mazón deben preguntarse si su apoyo es ético o meramente político. Cada día que pasa sin rendir cuentas es una herida más para las víctimas y una mancha más para las instituciones.

La dimisión no sería una derrota política, sino un acto de respeto hacia los que sufrieron, hacia los que murieron y hacia toda una sociedad que exige transparencia y verdad.

La tragedia del 29 de octubre no son solo cifras. Son vidas, familias, municipios arrasados y una sociedad herida. Carlos Mazón mantuvo su comida en El Ventorro cuando la provincia se inundaba, cambió versiones cuando se investigaba y continúa en el cargo pese al clamor ciudadano.

Por integridad, por dignidad, por justicia: Carlos Mazón debe dimitir.
Y quienes lo sostienen, deberían preguntarse si su silencio también los convierte en responsables.

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