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Una valenciana reúne casi 43.000 firmas para que masturbarse en público sea delito

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València, 11 oct (EFE/OP).- La denuncia de una mujer, que narró cómo un hombre acababa de masturbarse ante ella en una parada de autobús y al que poco después la Policía dejó libre, ha desembocado en una petición pública en internet que lleva ya casi 43.000 firmas para que este tipo de hechos sea delito y no solo falta leve, como ahora.

Anna Paula Ferrão, de 35 años, publicó el pasado mes de mayo un hilo en Twitter que acumula ya 3.200 retuits y 21.500 «me gusta» donde narraba lo que había sufrido en una parada de autobús en pleno centro de València y cómo una patrulla de la Policía Nacional, que pasaba justo por delante, dejó al hombre libre al no ser un delito lo que acababa de cometer, solamente una infracción leve.

Por ello, abrió una recogida virtual de firmas en la plataforma Change.org, dirigida al Ministerio de Igualdad, donde cuenta su caso y señala: «Masturbarse en espacios públicos es acoso sexual, ¿por qué no es un delito?».

«Al contar en Twitter lo que me había pasado, la publicación se viralizó y cientos de mujeres se manifestaron relatando sus propias historias de acoso sexual en espacios públicos (calles, medios de transporte, bibliotecas públicas, playas, parques, etc.)», señala la denunciante.

Según Ferrão, «la mayoría fue víctima de este tipo de violencia sexual por primera vez cuando era menor de edad, lo que sí es un delito según el Código Penal español, pero por miedo, vergüenza, falta de información o de apoyo familiar, no denunció».

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Meta condenada a pagar 479 millones de euros por competencia desleal a 87 medios españoles

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Meta despedirá a 11.000 trabajadores

Un juzgado de Madrid ha dictado una sentencia histórica contra Meta, matriz de Facebook e Instagram, condenándola a pagar 479 millones de euros a un total de 87 medios digitales y agencias de noticias integrados en la Asociación de Medios de Información (AMI). La resolución considera que la tecnológica obtuvo una ventaja competitiva ilícita al utilizar datos personales de forma irregular para fines publicitarios, infringiendo el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

Aunque la sentencia no es firme, abre la puerta a un precedente jurídico sin precedentes en Europa.


Competencia desleal: el núcleo de la sentencia

El juzgado de lo Mercantil número 15 de Madrid explica en su fallo que el tratamiento ilícito de una enorme cantidad de datos personales permitió a Meta posicionarse en el mercado publicitario con una ventaja imposible de igualar para los editores de prensa digital.

La decisión judicial se apoya en el artículo 15.1 de la Ley de Competencia Desleal (LCD), que considera desleal beneficiarse de una ventaja obtenida mediante la infracción de la ley. En este caso, esa ley vulnerada es el RGPD, lo que convierte el comportamiento de Meta en una práctica comercial ilegal y dañina para el ecosistema informativo español.


Un proceso clave para el sector de los medios

La demanda, presentada en diciembre de 2023, reunió a ochenta medios que acusaron a Meta de explotar datos personales para segmentar publicidad con una precisión imposible para los editores tradicionales. Esta estrategia, según indican los demandantes, habría distorsionado gravemente la competencia en el mercado publicitario digital.

Las jornadas del 1 y 2 de octubre fueron determinantes en un proceso judicial que ahora se traduce en una primera victoria —aún provisional— para la prensa española.


Impacto en el mercado digital y posibles consecuencias

La condena no solo implica un pago millonario. También podría obligar a Meta a revisar de forma profunda sus prácticas de tratamiento de datos en Europa, justo en un contexto marcado por la regulación tecnológica y las investigaciones por abuso de posición dominante.

Para los medios españoles, la resolución representa un reconocimiento a años de denuncias sobre la desigualdad competitiva frente a las grandes plataformas tecnológicas.


Un precedente para Europa

Aunque la sentencia puede ser recurrida, el fallo podría convertirse en una referencia para otros países europeos, abriendo la puerta a nuevas demandas colectivas contra gigantes tecnológicos cuya actividad publicitaria depende de la explotación masiva de datos.

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