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Valencia

Las universidades recortan calefacción y luz para afrontar facturas millonarias

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aire acondionado ahorro luz
Una persona regula un aparato de aire acondicionado EFE/Juan Carlos Hidalgo/Archivo
Alicante/Castelló/València, 16 nov (EFE).- La subida de la luz y el gas está poniendo en riesgo la estabilidad económica de algunas universidades, que han reducido las horas de encendido de la calefacción y la luz colocando paneles solares o renovando luminarias para afrontar facturas millonarias.

UNIVERSIDAD DE ALICANTE

En el primer semestre del año se restringió el uso de la calefacción y la climatización hasta prácticamente mediados de junio lo que supuso un ahorro de unos 6.500 euros/día. En el segundo semestre del año se ha desconectado la climatización/calefacción a partir de mediados de octubre y no está previsto su reconexión hasta la segunda semana de diciembre, salvo situaciones extraordinarias de frío intenso.

Se ha iniciado la construcción la primera planta fotovoltaica de autoconsumo de la Universidad de Alicante, que estará finalizada para finales de noviembre y se está preparando la licitación de una gran planta fotovoltaica de autoconsumo de unos 2.5 MW, que se instalará en las cubiertas de los edificios.

Hasta el mes de septiembre el coste de la electricidad ha sido de 5,75 millones de euros -el año pasado en estas fechas el coste había sido de 3 millones de euros-, a pesar que se ha consumido un 11 % menos en todo este periodo.

Con las previsiones de coste de la energía actual, el coste de la electricidad en la Universidad de Alicante en 2022 puede alcanzar los 8 millones de euros. El año 2021 ya alcanzó los 4 millones de euros cuando lo habitual, durante muchos años, ha estado en torno a los 2 millones euros.

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE (UMH)

La UMH emprendió las primeras medidas de ahorro energético desde 2015 y hasta 2021 consiguió un recorte del 15 por ciento. Con las medidas adicionales desde 2021 a 2022 se ha conseguido un ahorro de otro 7 por ciento adicional en el consumo.

Las medidas son apagar parte del alumbrado nocturno, recortar la refrigeración durante algunas horas y cumplir la normativa que estipula un máximo de 27 grados para refrigeración y de 19 para calefacción (aún no ha sido necesario encenderla), así como incentivar el uso de placas fotovoltaicas.

La factura por el gasto energético habitual entre 2015 y 2019 se elevaba de 2,7 a 2,8 millones de euros al año, cifra que ha subido a 3,7 en 2021 y que se disparará este año 2022 (según las previsiones) a 6 millones y se cree que podría llegar a los 8 millones en 2023.

UNIVERSITAT JAIME I DE CASTELLÓN (UJI)

La Universitat Jaume I aplica desde 2010 una política de eficiencia energética en su campus con el objetivo de racionalizar el consumo en sus edificios, fruto del compromiso con la sostenibilidad y para hacer frente al cambio climático, como la instalación de sondas de presencia o fichadores en todas las aulas para realizar un control de presencia y evitar que las luces estén en marcha todo el día, dejar encendidos solo los viales principales del campus y apagar el 80 % del alumbrado cuando se cierra la UJI por las noches, o cerrar el campus durante tres semanas de agosto. También se han instalado parques solares fotovoltaicos destinados al autoconsumo.

Desde el pasado 17 de octubre se han aplicado nuevas medidas de carácter extraordinario que consisten en apagar las instalaciones de climatización en edificios departamentales, Rectorado y Edificio de Deportes y Servicios Centrales, apagar las instalaciones de climatización, pero mantener la ventilación para renovación del aire, en aularios, cafeterías, laboratorios docentes, salas de estudio y Biblioteca.

El encendido de los sistemas de calefacción se retrasará en la medida de lo posible y cuando este se conecte, se irá aumentando progresivamente el número de horas diarias de funcionamiento.

El gasto eléctrico en la Universitat Jaume I se situaba alrededor de 2 millones de euros hasta 2019, pero ya en 2021 aumentó hasta los 3,1 millones y la previsión es que este año prácticamente se duplique esta cantidad. Para 2023, se ha previsto un gasto de 6,2 millones. En total, la factura energética (luz y gas) prevista para 2023 supondrá un gasto de 7,4 millones, a lo que se debe sumar también el encarecimiento de las contratas de servicios esenciales, como limpieza.

UNIVERSIDAD POLITÈCNICA DE VALÈNCIA (UPV)

La UPV está aplicando en este momento una política de restricción de la climatización (enfriamiento o calentamiento) en todas las instalaciones del campus (salvo excepciones funcionales). Esto significa que la ventilación de los espacios es posible de forma natural o mecánica pero no hay producción de frío o calor. La medida, en vigor desde el 10 de octubre, permite un ahorro diario de más de 38.500kWh. Esta medida se mantendrá vigente todo el tiempo posible. El consumo de la climatización llega a suponer el 70% de la factura eléctrica.

La UPV está tramitando con máxima celeridad la instalación de producción de fotovoltaicas para autoconsumo. El campus de Vera contará con más de 1.200 kWh de producción dentro de 18 meses gracias a las ayudas concedidas provenientes de los fondos europeos Next Generation EU. Igualmente se está proyectando una instalación para el campus de Gandia (el campus de Alcoi ya tiene en funcionamiento placas fotovoltaicas desde hace más de un año).

La UPV alcanzará con toda probabilidad los 15 millones de euros de factura eléctrica en el año 2022, para un consumo que rondará los 40.000kWh. Consumos similares en 2019 equivalían a un importe de 6 millones de euros y en 2021, a 7,5 millones de euros.

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

A lo largo de la última década la Universitat de València ha desarrollado una política orientada a la sostenibilidad medioambiental, la eficiencia y el ahorro energético con medidas como parque fotovoltaico urbano en los tejados y terrazas de sus edificios, uso de centro de cogeneración eléctrica propia a partir de gas (proporciona servicio al Campus de Tarongers), aislamientos y cerramientos eficientes climáticamente y sustitución progresiva de luminarias por sistemas eficientes de bajo consumo.

Desde 2019 el coste del suministro eléctrico prácticamente se ha triplicado. La estimación del coste de suministro eléctrico para 2022 es de 10 millones de euros. Las previsiones de gasto efectivo para 2022 se acercan a los 20 millones de euros, prácticamente el doble del importe presupuestado.

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Valencia

Multan con 25.000 euros a una empresa de Valencia por obligar a sus trabajadoras a llevar cofia

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18 empleadas suspendidas de empleo y sueldo por negarse a llevar cofia
Una empleada con el 'tocado' que las trabajadoras se negaron a poner, en una imagen facilitada por la empresa a EFE.

El TSJCV confirma que imponer una diadema ornamental exclusivamente a las mujeres constituye discriminación por razón de sexo. La compañía llegó a sancionar a 18 empleadas que se negaron a utilizarla durante tres eventos de gala.

Una empresa de cáterin de Valencia tendrá que pagar una multa de 25.000 euros por obligar a sus trabajadoras a llevar una cofia o diadema como complemento del uniforme. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha confirmado la sanción al considerar que esta exigencia, impuesta exclusivamente al personal femenino y sin una justificación objetiva, constituye una discriminación directa por razón de sexo.

La Sala de lo Social del alto tribunal autonómico ha rechazado el recurso presentado por la mercantil y ha ratificado la resolución judicial que ya había avalado la sanción administrativa. Los magistrados consideran que la prenda se exigía a las mujeres por motivos meramente estéticos o de imagen, sin que existiera una obligación equivalente para los trabajadores hombres.

La sentencia, dictada el pasado 22 de septiembre, respalda así el criterio de la Inspección de Trabajo y de la Dirección General de Trabajo, Bienestar y Seguridad Laboral de la Generalitat.

La empresa sancionó a 18 trabajadoras por no llevar la diadema

Los hechos se remontan a julio de 2022, cuando la empresa impuso a sus empleadas una prenda ornamental adicional a la uniformidad obligatoria. La exigencia afectaba únicamente al personal femenino y no respondía, según las resoluciones judiciales, a ninguna necesidad objetiva relacionada con el desempeño del trabajo.

Uno de los elementos que tuvo especialmente en cuenta el Juzgado de lo Social número 13 de Valencia fue que la compañía llegó a sancionar a 18 trabajadoras por negarse a utilizar la diadema durante tres eventos de gala.

La empresa dejó posteriormente sin efecto esas sanciones y comunicó al comité de empresa que, por el momento, se abandonaría el uso de la prenda. Sin embargo, esta rectificación se produjo después de que la mercantil hubiera sido citada para comparecer ante la Inspección de Trabajo.

En enero de 2023, la Inspección levantó un acta de infracción al apreciar una falta muy grave por discriminación directa por razón de sexo. La Administración autonómica confirmó posteriormente la infracción e impuso una multa de 25.000 euros.

La compañía recurrió la resolución administrativa ante los tribunales, pero el Juzgado de lo Social número 13 de Valencia desestimó su demanda en mayo del pasado año y mantuvo la sanción.

El TSJCV confirma que la exigencia era discriminatoria

La empresa volvió a recurrir la sentencia, esta vez ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. El tribunal ha rechazado ahora sus argumentos y considera acreditado que la imposición de la cofia afectaba exclusivamente a las mujeres y carecía de una causa objetiva que la justificara.

Los magistrados subrayan que no existía una prenda equivalente para los hombres en condiciones comparables y que la diferencia de trato no respondía a una finalidad legítima, necesaria y proporcionada.

La resolución recuerda la doctrina del Tribunal Supremo sobre los uniformes diferenciados por sexo: imponer una indumentaria femenina específica, sin una alternativa equivalente y sin justificación objetiva, puede vulnerar el principio de igualdad.

El tribunal también descarta que la ausencia de una intención discriminatoria por parte de la empresa sea suficiente para evitar la sanción. Lo determinante, según recoge la sentencia, es que existió una diferencia de trato directa por razón de sexo.

Una infracción muy grave por discriminación laboral

La conducta empresarial fue encuadrada en el artículo 8.12 de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, que considera infracción muy grave las decisiones unilaterales de la empresa que impliquen discriminaciones directas o indirectas desfavorables por razón de sexo, entre otros motivos protegidos.

La sanción económica de 25.000 euros queda así confirmada por el TSJCV, aunque contra la sentencia todavía cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo para la unificación de doctrina.

El fallo vuelve a poner el foco en las normas de vestimenta en el entorno laboral y en los límites que tienen las empresas a la hora de establecer uniformes o complementos distintos para hombres y mujeres. La imagen corporativa no puede justificar por sí sola una exigencia que suponga un trato desigual por razón de sexo.

 

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