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València cierra los parques infantiles para evitar más contagios

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El vicealcalde de València y concejal de Ecología Urbana, Sergi Campillo, ha explicado que esta medida se toma como consecuencia de la situación epidemiológica en la ciudad y el inicio del curso escolar donde «las autoridades sanitarias y educativas han establecido un protocolo muy complejo y muy detallado para separar a los alumnos y evitar el contacto entre diferentes grupos». Por este motivo, ha señalado Campillo, «hemos decidido reforzar estas medidas con el cierre a partir de mañana de las zonas de juegos infantiles de nuestra ciudad».

El Ayuntamiento de València cerrará y precintará a partir de mañana las 664 zonas de juegos infantiles de la ciudad, tal y como hizo durante el estado de alarma. Una medida de seguridad dirigida a la población infantil a la vista de las circunstancias actuales, como explica el vicealcalde. «Tenemos que atender a la situación especial en que se encuentra València, con una población muy alta, que recibe muchos visitantes y en la que el coronavirus ha tenido un impacto importante».

La propuesta cuenta con el visto bueno del CECOPAL, el centro de coordinación de diferentes delegaciones del Ayuntamiento para coordinar actuaciones en estas situaciones de emergencia así como para optimizar la gestión de los medios humanos y materiales disponibles. Campillo subraya que los parques y jardines continuarán abiertos, y que sólo se cierran temporalmente las áreas recreativas infantiles al aire libre mientras se mantenga la actual situación de repunte de la Covid-19.

El vicealcalde y concejal de Ecología Urbana, Sergi Campillo, ha recordado que estas zonas ya estaban siendo desinfectadas diariamente por un dispositivo especial formado por 34 operarios y para el que el Consistorio ha invertido 147.000 euros. Ahora, «vamos un paso más allá para contribuir a evitar concentraciones en espacios reducidos y mantener la separación entre los niños y niñas», ha dicho.

«El cierre de los parques infantiles es temporal y se mantendrá hasta que la situación epidemiológica lo permita y baje la curva de contagios en la ciudad, y en todo caso siempre pensando en la salud y la seguridad de los más pequeños», según Campillo. «Se trata de favorecer el trabajo de las autoridades sanitarias competentes para controlar los contagios». En este sentido, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad ciudadana «hoy por hoy las medidas más importantes y eficaces frente a la Covid-19 son las de autoprotección; higiene personal, distancia social y mascarilla obligatoria».

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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