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Valencia, la comunidad que más ucranianos ha acogido

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Detalle de un cartel que da la bienvenida a las instalaciones del Centro de Refugiados que la Generalitat instaló en Ciudad de la Luz de Alicante, con motivo de la guerra. EFE/Morell/Archivo

València, 20 feb (OFFICIAL PRESS, EFE).- Se cumple un año del comienzo de la guerra de Ucrania, durante la que más de ocho millones de personas han tenido que abandonar su país para buscar refugio. Nuestro país ha otorgado protección temporal a casi 170.000 personas a lo largo de este año.

Protección temporal a más de 45.000 ucranianos en Valencia

La protección temporal es una directiva europea aprobada en 2001 debido a los conflictos de los Balcanes. Esta directiva fue puesta en marcha por primera vez 20 años más tarde, en 2022, tras la invasión rusa a Ucrania.

Residencia, permiso de trabajo y asistencia social, educativa y médica

La normativa de protección temporal compromete a los países de la Unión Europea a ofrecer, principalmente, autorización a la autorización de residencia, el permiso temporal de trabajo, el acceso a la asistencia social, acceso al sistema educativo y la asistencia médica, además de ayudas económicas. Gracias a esta protección, 13.695 ucranianos han encontrado un empleo.

Protecciones concentradas en la Comunitat Valenciana, Cataluña, Andalucía y Madrid

Han obtenido esta ayuda 167.596 ciudadanos y residentes de Ucrania (el 63 % mujeres y el 37 % hombres), según los últimos datos del Ministerio del Interior. El 78% de ellas se han otorgado en la Comunitat Valenciana, Catalña, Andalucía y Madrid. La Comunitat se encuentra en primer lugar con 45.159 protecciones concedidas a ciudadanos ucranianos.

Más de 80.000 ciudadanos ucranianos se han empadronado en España

Antes de la invasión rusa, la población ucraniana empadronada en España era de 110.977 personas (el 57,6 % mujeres y el 47,3 hombres) y 96.687 tenían permiso de residencia. Al terminar 2022, los ucranianos inscritos en el padrón ascendían a 193.292 (61,5 % mujeres y 38,5 % hombres), 157.180 contaban con documentación de residencia y, para los mayores de 16 años, también de trabajo, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De los 109.388 ucranianos en edad de trabajar con autorización gracias a la protección temporal, solo 13.695 (el 13 %) estaban dados de alta laboral en la Seguridad Social a 31 de diciembre de 2022. De ellos, 2.013 trabajan en hostelería, 1.170 en construcción y 1.064 en programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática.

Un año después de la guerra: 37.000 ucranianos escolarizados

Las mismas cuatro comunidades autónomas, de nuevo con la Comunitat a la cabeza, acogen el 74 % de los 37.208 refugiados ucranianos que han sido escolarizados en España desde que comenzó la guerra, según los últimos datos del INE al finalizar 2022.

Por niveles educativos, el 36,2 % se concentra en Educación Primaria (13.500), el 23 % en Educación Secundaria y FP Básica (8.570), el 19,1 % en otros estudios como Escuela Oficial de Idiomas y Educación de Personas Adultas (7.116), el 15 % en Educación Infantil (5.613) y el 3,1 % en Bachillerato y FP Grado Medio y Superior (1.178).

El CREADE de Alicante ha asistido a más de 31.000 refugiados

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha puesto en marcha cuatro Centros de Recepción, Atención y Derivación (CREADE) en Madrid, Alicante, Barcelona y Málaga por los que hasta el 31 de enero han pasado 91.889 refugiados. En la Comunitat Valenciana, el CREADE de Alicante ha asistido a 31.368 personas.

El primero en funcionar fue el de Madrid, el 11 de marzo del pasado año. Por Pozuelo de Alarcón han pasado 22.745 personas; 25.588, por el de Barcelona; y por el de Málaga han pasado 12.188 refugiados.

De todas ellas, 12.898 han solicitado acogida de emergencia y se ha dado asistencia a 43.736 familias, según los datos de Inclusión.

El perfil de refugiado: Refugiada, 31 años, estudios superiores

El perfil de los ucranianos atendidos en los centros de asistencia es claro: mujer, de 31 años y con estudios superiores entre las que destacan las economistas, informáticas e ingenieras.

El 31 % de las personas atendidas en los CREADE son menores y el 62 % de los adultos son mujeres. La edad media de los refugiados es de 31 años y, por franjas de edad, la mayoría tiene menos de 17 años, seguido del grupo que va de los 18 a los 34 y el que comprende entre los 35 y los 49.

Según el análisis de los cuestionarios recopilados en los cuatro centros, el 62 % de las personas que han pasado por ellos tiene estudios superiores; el 29 % ha completado una formación profesional o el bachillerato y el 7 % cuenta con estudios secundarios.

El 26,4 % de los ucranianos atendidos proviene de la región de Kiev, mientras que el 8,8 % procede de Odessa, el 8,5 % de Kharkiv y 7 % ha llegado de Leópolis.

Protección temporal en las otras comunidades autónomas

En cuanto a la concesión del estatus de protección temporal a ciudadanos ucranianos, a las cuatro comunidades mencionadas siguen Murcia (5.328), Canarias (4.359), País Vasco (4.144), Castilla y León (3.960), Aragón (3.613), Baleares (3.178), Castilla-La Mancha (2.925), Galicia (2.848), Navarra (1.635), Asturias (1.584) y Cantabria (1.500).

Por debajo del millar figuran Extremadura (743), La Rioja (595), Melilla (19) y Ceuta (15).

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Valencia

Los pisos turísticos en la Comunitat Valenciana caen un 25% en un año hasta los 48.411 apartamentos

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Viviendas turísticas España
Dos turistas recorren con sus maletas el casco antiguo de la ciudad de València. EFE/Manuel Bruque/Archivo

València multiplica por seis el cierre de pisos turísticos ilegales y endurece el control en todos los barrios

El Ayuntamiento de València ha intensificado su ofensiva contra los apartamentos turísticos ilegales, multiplicando por seis las órdenes de cese durante el actual mandato. El consistorio asegura que este incremento refleja un “cambio radical” en la política municipal para frenar la proliferación de viviendas de uso turístico fuera de la legalidad.

Según ha explicado el concejal de Urbanismo, Vivienda y Licencias, Juan Giner, se ha pasado de una media de 71 órdenes anuales en el anterior gobierno a 449 expedientes por año, lo que supone un aumento superior al 600%. De estas órdenes, el 87% ya se han ejecutado.

Más inspecciones y vigilancia continua

Para lograr estos resultados, el Ayuntamiento ha reforzado los equipos de control con cinco grupos de inspectores de Urbanismo y siete unidades de Policía Local, que rastrean de forma constante la actividad ilegal en todos los distritos.

El consistorio defiende que esta estrategia marca el paso de una etapa de “permisividad” a otra de “tolerancia cero”, en un contexto de creciente presión turística en la ciudad.

Moratoria y nuevas normas urbanísticas

El aumento de cierres llega acompañado de medidas estructurales. Desde mayo de 2024 está en vigor una moratoria que suspende la concesión de nuevas licencias turísticas, prorrogada hasta al menos mayo de 2026. Durante este periodo se han paralizado 363 expedientes, evitando la creación de casi 4.700 nuevas plazas.

Además, el gobierno municipal liderado por María José Catalá prepara una nueva normativa urbanística que limitará el crecimiento de estos alojamientos. Entre las principales restricciones destacan:

  • Máximo del 2% de viviendas turísticas por barrio
  • Límite del 8% de plazas turísticas respecto a la población
  • Tope del 15% en plantas bajas por manzana
  • Exigencia de acceso independiente y aprobación vecinal

También se creará un censo municipal de alojamientos turísticos (CATAV) y se reforzarán las inspecciones para detectar irregularidades.

Críticas de la oposición

Desde la oposición, Compromís cuestiona la eficacia de estas medidas. Su portavoz, Papi Robles, sostiene que la normativa “ni reduce ni controla” el número real de plazas turísticas y acusa al gobierno local de utilizar una “cortina de humo”.

En la misma línea, el edil socialista Javier Mateo critica que las cifras ofrecidas por el ejecutivo no reflejan la situación real y denuncia que se está facilitando la expansión de apartamentos turísticos en los barrios.

Presión sobre la vivienda en València

El debate sobre los pisos turísticos se produce en un momento de fuerte tensión en el mercado inmobiliario de València, donde vecinos y colectivos denuncian el impacto de estos alojamientos en el precio del alquiler y en la vida de los barrios.

Con las nuevas medidas, el Ayuntamiento busca equilibrar el atractivo turístico de la ciudad con la protección del uso residencial, aunque el enfrentamiento político sobre su efectividad sigue abierto.


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