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Valencia, la comunidad que más ucranianos ha acogido

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Detalle de un cartel que da la bienvenida a las instalaciones del Centro de Refugiados que la Generalitat instaló en Ciudad de la Luz de Alicante, con motivo de la guerra. EFE/Morell/Archivo

València, 20 feb (OFFICIAL PRESS, EFE).- Se cumple un año del comienzo de la guerra de Ucrania, durante la que más de ocho millones de personas han tenido que abandonar su país para buscar refugio. Nuestro país ha otorgado protección temporal a casi 170.000 personas a lo largo de este año.

Protección temporal a más de 45.000 ucranianos en Valencia

La protección temporal es una directiva europea aprobada en 2001 debido a los conflictos de los Balcanes. Esta directiva fue puesta en marcha por primera vez 20 años más tarde, en 2022, tras la invasión rusa a Ucrania.

Residencia, permiso de trabajo y asistencia social, educativa y médica

La normativa de protección temporal compromete a los países de la Unión Europea a ofrecer, principalmente, autorización a la autorización de residencia, el permiso temporal de trabajo, el acceso a la asistencia social, acceso al sistema educativo y la asistencia médica, además de ayudas económicas. Gracias a esta protección, 13.695 ucranianos han encontrado un empleo.

Protecciones concentradas en la Comunitat Valenciana, Cataluña, Andalucía y Madrid

Han obtenido esta ayuda 167.596 ciudadanos y residentes de Ucrania (el 63 % mujeres y el 37 % hombres), según los últimos datos del Ministerio del Interior. El 78% de ellas se han otorgado en la Comunitat Valenciana, Catalña, Andalucía y Madrid. La Comunitat se encuentra en primer lugar con 45.159 protecciones concedidas a ciudadanos ucranianos.

Más de 80.000 ciudadanos ucranianos se han empadronado en España

Antes de la invasión rusa, la población ucraniana empadronada en España era de 110.977 personas (el 57,6 % mujeres y el 47,3 hombres) y 96.687 tenían permiso de residencia. Al terminar 2022, los ucranianos inscritos en el padrón ascendían a 193.292 (61,5 % mujeres y 38,5 % hombres), 157.180 contaban con documentación de residencia y, para los mayores de 16 años, también de trabajo, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De los 109.388 ucranianos en edad de trabajar con autorización gracias a la protección temporal, solo 13.695 (el 13 %) estaban dados de alta laboral en la Seguridad Social a 31 de diciembre de 2022. De ellos, 2.013 trabajan en hostelería, 1.170 en construcción y 1.064 en programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática.

Un año después de la guerra: 37.000 ucranianos escolarizados

Las mismas cuatro comunidades autónomas, de nuevo con la Comunitat a la cabeza, acogen el 74 % de los 37.208 refugiados ucranianos que han sido escolarizados en España desde que comenzó la guerra, según los últimos datos del INE al finalizar 2022.

Por niveles educativos, el 36,2 % se concentra en Educación Primaria (13.500), el 23 % en Educación Secundaria y FP Básica (8.570), el 19,1 % en otros estudios como Escuela Oficial de Idiomas y Educación de Personas Adultas (7.116), el 15 % en Educación Infantil (5.613) y el 3,1 % en Bachillerato y FP Grado Medio y Superior (1.178).

El CREADE de Alicante ha asistido a más de 31.000 refugiados

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha puesto en marcha cuatro Centros de Recepción, Atención y Derivación (CREADE) en Madrid, Alicante, Barcelona y Málaga por los que hasta el 31 de enero han pasado 91.889 refugiados. En la Comunitat Valenciana, el CREADE de Alicante ha asistido a 31.368 personas.

El primero en funcionar fue el de Madrid, el 11 de marzo del pasado año. Por Pozuelo de Alarcón han pasado 22.745 personas; 25.588, por el de Barcelona; y por el de Málaga han pasado 12.188 refugiados.

De todas ellas, 12.898 han solicitado acogida de emergencia y se ha dado asistencia a 43.736 familias, según los datos de Inclusión.

El perfil de refugiado: Refugiada, 31 años, estudios superiores

El perfil de los ucranianos atendidos en los centros de asistencia es claro: mujer, de 31 años y con estudios superiores entre las que destacan las economistas, informáticas e ingenieras.

El 31 % de las personas atendidas en los CREADE son menores y el 62 % de los adultos son mujeres. La edad media de los refugiados es de 31 años y, por franjas de edad, la mayoría tiene menos de 17 años, seguido del grupo que va de los 18 a los 34 y el que comprende entre los 35 y los 49.

Según el análisis de los cuestionarios recopilados en los cuatro centros, el 62 % de las personas que han pasado por ellos tiene estudios superiores; el 29 % ha completado una formación profesional o el bachillerato y el 7 % cuenta con estudios secundarios.

El 26,4 % de los ucranianos atendidos proviene de la región de Kiev, mientras que el 8,8 % procede de Odessa, el 8,5 % de Kharkiv y 7 % ha llegado de Leópolis.

Protección temporal en las otras comunidades autónomas

En cuanto a la concesión del estatus de protección temporal a ciudadanos ucranianos, a las cuatro comunidades mencionadas siguen Murcia (5.328), Canarias (4.359), País Vasco (4.144), Castilla y León (3.960), Aragón (3.613), Baleares (3.178), Castilla-La Mancha (2.925), Galicia (2.848), Navarra (1.635), Asturias (1.584) y Cantabria (1.500).

Por debajo del millar figuran Extremadura (743), La Rioja (595), Melilla (19) y Ceuta (15).

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Investigan a una falsa médica por realizar tratamientos estéticos ilegales en Valencia

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Investigan a una falsa médica por realizar tratamientos estéticos ilegales en Valencia-GUARDIA CIVIL

La Guardia Civil, en el marco de la operación ‘Zubar’, ha investigado a una mujer de 36 años por realizar cientos de tratamientos estéticos sin estar habilitada para ello, en distintos centros de la provincia de Valencia y, en algunos casos, en su propio domicilio.

Investigación iniciada tras una denuncia en Sueca

Tras una denuncia presentada en marzo por parte de una profesional de la rama sanitaria en la que exponía que una persona estaba realizando tratamientos con fines estéticos en una peluquería de la localidad de Sueca (Valencia), sin ningún tipo de control sanitario y no estando habilitada para ello, la Guardia Civil dio comienzo a la investigación, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

Continuando con la investigación, los agentes comprobaron cómo esta persona estaba actuando en múltiples establecimientos de la provincia, donde se presentaba como doctora y realizaba numerosos tratamientos estéticos como aumento de labios y pómulos, rinomodelación o infiltraciones de toxina botulínica, entre otros. Asimismo, a través de sus redes sociales, la investigada difundía los tratamientos realizados.

Titulación en odontología pero sin autorización para medicina estética

De ese modo, los agentes localizaron los centros donde desarrollaba estas actividades y averiguaron que la supuesta doctora estaba graduada en odontología por una universidad privada. Una vez que los agentes contactaron con las autoridades sanitarias competentes en materia de estética y en competencia profesional, para solicitar información acerca de la potestad de la citada facultativa para realizar este tipo de tratamientos, se comprobó que solo están reservados en exclusividad a los médicos especialistas en medicina estética, existiendo conformidad por parte del Colegio de Médicos con el Colegio de Estomatología y Odontología.

De los testimonios recogidos por los agentes, tanto de los centros donde había desarrollado la actividad la investigada, como de varias clientas que se habían realizado tratamientos estéticos, se comprobó que esta persona había realizado cientos de tratamientos.

Más de 80 clientas y 180 tratamientos documentados

80 clientas registradas y más de 180 tratamientos

Contaba, al menos, con 80 clientas registradas en los centros, y con más de 180 tratamientos de toxina botulínica en tercio superior y ácido hialurónico, documentados y firmados por la presunta doctora. Algunas de las clientes manifestaron haberse realizado tratamientos en el propio domicilio particular de la supuesta doctora.

Igualmente, se comprobó que la mayoría de los centros, donde la supuesta doctora había realizado los tratamientos estéticos, no presentaban la licencia administrativa correspondiente, autorizada y emitida por la Conselleria de Sanidad de la Comunitat Valenciana, para ofertar y realizar estos tratamientos (Permiso U48).

Además, muchos de estos centros no disponían de ningún tipo sistema de refrigeración para mantener los productos, medios para la correcta gestión de los residuos biológicos generados, así como de las condiciones legalmente exigidas para poder ofertar dichos tratamientos.

Delitos investigados y posible riesgo para la salud pública

Por tal motivo, se procedió a investigar a la supuesta doctora, una mujer de 36 años, por un delito de intrusismo profesional, un delito contra la salud pública mediante suministración de medicamentos (toxina botulínica), así como un delito de falsedad documental.

Cabe destacar que no se ha podido constatar la legalidad y trazabilidad de los productos sanitarios suministrados, por lo que se presupone que fueron adquiridos por la supuesta doctora de una manera ilegal no siguiendo los cauces legales, tanto para su obtención como para su manipulación.

Recomendaciones de la Guardia Civil antes de someterse a tratamientos estéticos

Por ello, la Guardia Civil aconseja a los usuarios interesados en este tipo de tratamientos que, antes de realizarlos, procedan a asesorarse por profesionales cualificados, evitando de este modo poner en riesgo su salud. La mala aplicación de un tratamiento estético por parte de una persona no autorizada para ello y sin garantías de que el producto esté bien conservado, recuerda, puede llegar a costarle la vida.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Sueca y dirigida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Sueca.

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