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La Federación mantiene los Gay Games en València: Hemos de ser visibles ante la adversidad

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Gay Games 2026 Valencia
Integrantes de la Federación de los Gay Games de València, en una imagen de archivo. EFE/Francisco Guasco

València, 27 MAYO (OFFICIAL PRESS-EFE).-La Federación de los Gay Games (FGG) lamenta la decisión de las cuatro entidades LGTBIQ+ que han decidido retirarse de la organización el evento en València en 2026 pero rechaza su petición de cambiar la sede porque asegura haber recibido «garantías» del Ayuntamiento y porque defiende que deben ser «visibles» ante las dificultades.

El lunes la Fundació València Diversitat y las entidades que la conforman (Lambda, Avegal y Club Dracs) pidieron a la Federación que retire a València la organización de los Gay Games de 2026 tras confirmar su marcha de la organización por lo que entienden son «políticas de recorte de derechos LGTBIQ+ y el secuestro del proyecto por parte del gobierno del PP y VOX». Además, anunciaron un boicot si se realizan en la ciudad.

En un comunicado la FGG expresó su «más sincero pesar» por esta retirada. «Valoramos profundamente el apoyo y las contribuciones que estas cuatro entidades LGTBIQ+ han hecho al desarrollo y organización del evento hasta el momento, y lamentablemente aceptamos su decisión de retirarse», afirma el escrito.

La FGG rebate algunos de los motivos de la retirada y comparte otros. Respecto a la estructura organizativa, afirman que han hecho una propuesta que «otorga el mismo poder de voto tanto a las entidades LGTBIQ+ como al Ayuntamiento, en todos los aspectos de la organización y gestión financiera del evento, con un derecho de voto adicional asignado a la FGG en caso de bloqueo».

Además niegan que las entidades LGTBIQ+ tuvieran que asumir las posibles consecuencias fiscales, penales y legales de las decisiones tomadas por el gobierno. «Esto es incorrecto y no tiene fundamento. En ninguna parte de nuestro acuerdo se responsabiliza a las entidades locales de las decisiones tomadas por el gobierno local, y negociamos activamente el establecimiento de un nuevo comité de finanzas para evitar tales consecuencias», remarcan.

Respecto a los ataques contra los derechos de estos colectivos a los que se refieren las entidades, la FGG no entra a valorar estos «incidentes» aunque dice que son «profundamente conscientes de la continua erosión de los derechos y la financiación LGTBIQ+ que está ocurriendo en todo el mundo, particularmente como resultado del creciente apoyo a los gobiernos de derecha».

En cualquier caso, afirman que se han reunido varias veces con el consistorio «para obtener garantías de su compromiso con la financiación del evento, la disponibilidad de instalaciones deportivas y culturales propiedad municipal y la confirmación de que los participantes podrán asistir y competir como ellos mismos» y confían en que se cumplan los acuerdos.

Gay Games 2026 Valencia

«En la Federación de Gay Games nos tomamos muy en serio la decisión de trabajar con gobiernos locales que tal vez no compartan completamente nuestros valores», señala el escrito antes de ofrecer sus razones para que los Gay Games sean en València «a pesar de las preocupaciones de las entidades LGTBIQ+ locales».

«Creemos que es esencial que la comunidad LGTBIQ+ sea visible con orgullo en todo el mundo. Nuestra visibilidad resalta las luchas que enfrentamos y arroja luz sobre las necesidades de nuestra comunidad, especialmente donde carecemos de derechos y respeto (:..). Como comunidad tenemos la responsabilidad de ser visibles ante la adversidad», subrayan.

«Nos hemos asegurado de tener garantías por su parte (del Ayuntamiento) en su apoyo al evento, tanto económica como logísticamente. Nos hemos asegurado de que nuestros participantes estén completamente seguros y libres para ser ellos mismos. El gobierno local ha acordado permitir la igualdad de derechos de voto entre ellos y las entidades LGTBIQ+, durante toda la organización de los Juegos. Estamos seguros de que este es un acuerdo justo para la celebración de un evento internacional de esta escala y estamos seguros de que apoyarán completamente nuestro evento», añaden.

Ademas destacan que los juegos son «una oportunidad increíble para la comunidad LGTBIQ+ local» y que tendrán un gran impacto. En el aspecto económico, afirman que el de París en 2018 fue de 117,9 millones de dólares.

La FGG asume que organizar los Gay Games sin esas entidades puede ser «decepcionante» para sus participantes y seguidores «especialmente aquellos de la comunidad local». «Empatizamos profundamente con sus frustraciones con el gobierno local y apoyamos incondicionalmente su decisión de no trabajar con ellos. Sin embargo, creemos firmemente que debemos luchar por nuestra visibilidad en todo momento», remarcan antes de aludir a una «responsabilidad moral y ética».

«Retirar ahora los Gay Games de València sería reconocer la derrota y defraudar a nuestra comunidad», concluye el texto de la FGG que dice que la ciudad es la «anfitriona ideal» y que confía en la colaboración del Ayuntamiento.

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Valencia

Los pisos turísticos en la Comunitat Valenciana caen un 25% en un año hasta los 48.411 apartamentos

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Viviendas turísticas España
Dos turistas recorren con sus maletas el casco antiguo de la ciudad de València. EFE/Manuel Bruque/Archivo

València multiplica por seis el cierre de pisos turísticos ilegales y endurece el control en todos los barrios

El Ayuntamiento de València ha intensificado su ofensiva contra los apartamentos turísticos ilegales, multiplicando por seis las órdenes de cese durante el actual mandato. El consistorio asegura que este incremento refleja un “cambio radical” en la política municipal para frenar la proliferación de viviendas de uso turístico fuera de la legalidad.

Según ha explicado el concejal de Urbanismo, Vivienda y Licencias, Juan Giner, se ha pasado de una media de 71 órdenes anuales en el anterior gobierno a 449 expedientes por año, lo que supone un aumento superior al 600%. De estas órdenes, el 87% ya se han ejecutado.

Más inspecciones y vigilancia continua

Para lograr estos resultados, el Ayuntamiento ha reforzado los equipos de control con cinco grupos de inspectores de Urbanismo y siete unidades de Policía Local, que rastrean de forma constante la actividad ilegal en todos los distritos.

El consistorio defiende que esta estrategia marca el paso de una etapa de “permisividad” a otra de “tolerancia cero”, en un contexto de creciente presión turística en la ciudad.

Moratoria y nuevas normas urbanísticas

El aumento de cierres llega acompañado de medidas estructurales. Desde mayo de 2024 está en vigor una moratoria que suspende la concesión de nuevas licencias turísticas, prorrogada hasta al menos mayo de 2026. Durante este periodo se han paralizado 363 expedientes, evitando la creación de casi 4.700 nuevas plazas.

Además, el gobierno municipal liderado por María José Catalá prepara una nueva normativa urbanística que limitará el crecimiento de estos alojamientos. Entre las principales restricciones destacan:

  • Máximo del 2% de viviendas turísticas por barrio
  • Límite del 8% de plazas turísticas respecto a la población
  • Tope del 15% en plantas bajas por manzana
  • Exigencia de acceso independiente y aprobación vecinal

También se creará un censo municipal de alojamientos turísticos (CATAV) y se reforzarán las inspecciones para detectar irregularidades.

Críticas de la oposición

Desde la oposición, Compromís cuestiona la eficacia de estas medidas. Su portavoz, Papi Robles, sostiene que la normativa “ni reduce ni controla” el número real de plazas turísticas y acusa al gobierno local de utilizar una “cortina de humo”.

En la misma línea, el edil socialista Javier Mateo critica que las cifras ofrecidas por el ejecutivo no reflejan la situación real y denuncia que se está facilitando la expansión de apartamentos turísticos en los barrios.

Presión sobre la vivienda en València

El debate sobre los pisos turísticos se produce en un momento de fuerte tensión en el mercado inmobiliario de València, donde vecinos y colectivos denuncian el impacto de estos alojamientos en el precio del alquiler y en la vida de los barrios.

Con las nuevas medidas, el Ayuntamiento busca equilibrar el atractivo turístico de la ciudad con la protección del uso residencial, aunque el enfrentamiento político sobre su efectividad sigue abierto.


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