El vídeo de Begoña Gómez ante el juez: imágenes de su comparecencia
El juez Peinado acordó «la suspensión del acto» y aplazó la declaración al 19 de julio. La mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, alegó no tener conocimiento del contenido de los hechos que se investigan. Ahora, se ha filtrado el vídeo de Begoña Gómez ante el juez.
Comparecencia y aplazamiento
Begoña Gómez acudió el pasado viernes a los juzgados de Plaza de Castilla en Madrid para declarar ante el juez Juan Carlos Peinado por una investigación relacionada con tráfico de influencias y corrupción en el sector privado. Sin embargo, la comparecencia duró apenas 20 minutos y la declaración de Gómez fue aplazada al 19 de julio, como se muestra en este vídeo.
El juez Peinado decidió posponer la declaración después de que Begoña Gómez alegara no tener conocimiento de los hechos por los que estaba siendo investigada.
Falta de conocimiento sobre la querella
A la pregunta del juez sobre si conocía los hechos investigados, la esposa del presidente respondió que «no». Peinado insistió: «¿No tiene conocimiento?». Tras la segunda negativa, el juez pidió al resto de las partes que abandonaran la sala: «Vamos a suspender la declaración para ilustrarle debidamente en presencia de su letrado… Y le ilustraré yo personalmente».
No se había notificado a Begoña Gómez la ampliación de la querella de Hazte Oír, según señalaron fuentes jurídicas. Gómez pudo leer en un receso los términos de esa acusación, tras pedir al resto de las partes que abandonaran la sala.
Investigación en curso
El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, investiga a Begoña Gómez por una causa abierta tras una denuncia del sindicato Manos Limpias por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios, relacionada con adjudicaciones al empresario Juan Carlos Barrabés, profesor de un máster que ella codirigía.
A esta denuncia se sumó la querella de Hazte Oír, también por tráfico de influencias, que solicitaba investigar si Begoña Gómez utilizó su relación con el presidente del Gobierno para «establecer relaciones comerciales y profesionales con diversas empresas y entidades» o si ofreció o ejerció su influencia en «la concesión de subvenciones y ayudas públicas».
Otras acusaciones personadas en la causa, como Vox, denunciaron presuntos hechos adicionales, como la apropiación de un software para el máster de la cátedra de la Universidad Complutense de Madrid que ella codirigía.
Próxima declaración
En la citación del 19 de julio, el juez Peinado centrará el interrogatorio en tres líneas de investigación: las adjudicaciones al empresario Juan Carlos Barrabés que no incluyeron fondos europeos, la relación de Gómez con Air Europa durante las negociaciones para el rescate de la aerolínea, y sus actividades como codirectora de dos másteres en la Complutense. Gómez acudirá en calidad de investigada, por lo que no está obligada a responder a las partes ni a decir la verdad. Además, puede acogerse a su derecho a no declarar y abandonar el juzgado en cuestión de minutos.
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VALÈNCIA. La presunta edificación irregular de una piscina municipal promovida por el Ayuntamiento de Alboraia en terrenos pertenecientes a València está generando controversia legal. Esta situación no solo afecta al consistorio de l’Horta Nord, sino también a la capital del Turia, ya que su exalcalde, Joan Ribó, ha sido citado a declarar como investigado en el proceso judicial.
El Juzgado de Instrucción Nº 19 de València ha admitido la solicitud de comparecencia formulada por la Asociación para la Defensa del Estado de Derecho, que ejerce la acusación popular y está presidida por la exalcaldesa de Catarroja, María Ángeles López. Según el auto judicial al que ha accedido Valencia Plaza, Ribó deberá comparecer el próximo 22 de julio.
La mencionada asociación, representada por el abogado Víctor Soriano, sostiene que existía conocimiento previo por parte de Joan Ribó y la exconcejala de Urbanismo, Sandra Gómez, sobre la construcción de la piscina, dado que su emplazamiento fue ampliamente difundido en medios de comunicación.
Sin embargo, afirman que no se tomaron medidas administrativas para legalizar la situación o iniciar procedimientos sancionadores.
Tanto el Ayuntamiento de València como el de Alboraia están bajo investigación por esta supuesta irregularidad urbanística. Desde 2022, el consistorio de Alboraia impulsó la construcción de la piscina en terrenos propios ubicados dentro del término municipal de València.
Según las declaraciones recopiladas en la instrucción judicial, estos terrenos se encontrarían en un proceso de segregación para ser incorporados al municipio de Alboraia.
Plan General de Alboraia
El Plan General de Alboraia los clasifica como suelo urbano, mientras que el de València los considera suelo protegido no urbanizable.
El complejo acuático en cuestión es una piscina municipal al aire libre, cuyo coste ascendió a 1,2 millones de euros, financiado parcialmente con una subvención de la Diputación de València. Su ubicación colinda con el campo de fútbol del Alboraya UD, pero según la investigación, fue construido en terrenos no urbanizables catalogados como huerta protegida.
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