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VÍDEO| Diez detenidos por robar en viviendas de lujo de empresarios valencianos

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VALÈNCIA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) –

La Policía Nacional ha detenido en Valencia a diez personas por presuntamente cometer siete robos de dineros, joyas y complementos de marca en viviendas de lujo de empresarios en varios puntos de la provincia. Los sospechosos residían en una zona de apartamentos donde pasaban desapercibidos, y contaban con la ayuda de un empresario que les facilitaba información sobre posibles objetivos.

Tras hacerse con los artículos después de vigilancias de varios días, la banda los vendía a una familia que se encargaba de la receptación, según ha informado la Jefatura Superior en un comunicado.

La investigación arrancó al tener conocimiento la Policía de la presencia de una persona de origen búlgaro que presuntamente daba apoyo logístico a este grupo, dedicado a robar en casas de empresarios. El investigado se reunía de forma habitual con otras tres personas de origen balcánico, que residían juntos en una zona de apartamentos turísticos situados en la localidad valenciana de Alboraia.

Para no levantar sospechas, otros dos miembros de la organización vivían en un domicilio diferente y utilizaban un vehículo que era propiedad de un tercero ajeno a ellos.

Tras las pesquisas, los investigadores detectaron que dentro de la trama había dos personas más. La primera, también residente en Valencia, era un empresario italiano que les facilitaba la información sobre los objetivos, mientras que otra de nacionalidad croata daba salida a los efectos robados.

Por su parte, los cinco componentes de la banda que se encargaban de los robos vigilaban los objetivos seleccionados durante varios días, cambiándose de ropa y complementos cada poco tiempo para pasar desapercibidos. También realizaban su rutina diaria, anotando tanto horas de entrada y salida como los coches que utilizaban y sus lugares de trabajo.

REPARTIDOS EN EQUIPOS
Una vez tenían la información sobre el objetivo a robar, los cinco miembros de la red se dividían en dos o tres equipos, con la finalidad de realizar vigilancias estáticas sobre el lugar de trabajo de la persona seleccionada y detectar sus rutinas.

Generalmente, vigilaban a varias personas durante una jornada para evitar permanecer en el mismo sitio durante mucho tiempo y llamar la atención, cambiándose de ropa y complementos cada poco tiempo para pasar desapercibidos. A lo largo de varios días, recababan la información necesaria desde tres coches diferentes.

Cuando disponían de todos los datos, y en el horario de trabajo de la víctima, tres o cuatro miembros del grupo se trasladaban al domicilio para comprobar las medidas de seguridad de acceso a la finca y de la puerta.

Tras determinar el momento ideal para asaltar la vivienda, se apoderaban principalmente del dinero en metálico, joyas y relojes de alto valor y complementos de marcas exclusivas. Mientras tanto, los otros componentes de la trama permanecían en el exterior vigilando las inmediaciones.

Después de los asaltos, la organización vendía rápidamente los productos sustraídos a una familia croata que se encargaba de la receptación. Dos de los coches contaban con huecos fabricados en el chasis para esconder tanto los efectos como las herramientas que utilizaban para inutilizar los sistemas de alarma de los inmuebles.

DETENIDOS IN FRAGANTI
La operación finalizó con la detención in fraganti de cuatro miembros del grupo a la salida del domicilio en València de un empresario chino. Dos de los arrestados portaban más de 4.000 euros procedentes del robo. Ese mismo día, también fueron detenidas otras dos personas: un integrante de la trama que se encontraba lesionado y la persona que ‘marcaba’ las víctimas.

En los dos registros de los inmuebles donde residían las células del grupo, la Policía halló numerosos efectos procedentes de los robos: relojes de alta gama, decenas de bolsos de marcas exclusivas, tres vehículos y múltiples teléfonos móviles, además de 18.000 euros en metálico y gran cantidad de moneda extranjera.

Al día siguiente, los agentes realizaron un tercer registro donde detuvieron a dos de los moradores acusados del delito de receptación. Finalmente, los dos últimos miembros de la trama fueron detenidos por pertenecer a un segundo escalón centrado en las funciones de logística y apoyo.

Los diez arrestados tenían intención de permanecer de dos a tres meses en España y regresar a sus países de origen tras llevar a cabo el mayor número de robos posibles. La operación se ha saldado con el ingreso en prisión de cuatro de ellos y el esclarecimiento de siete robos con fuerza en la provincia de Valencia.

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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