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VÍDEO| Las claves de la trama de José Luis Moreno

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Madrid, 29 jun (EFE).- El empresario José Luis Moreno y sus socios, detenidos este martes por la Policía Nacional y la Guardia Civil, llegaron a defraudar más de 50 millones de euros con un entramado de sociedades mercantiles y el empleo de estafas piramidales a inversores públicos y privados.

Fuentes de la investigación han indicado a Efe que la denominada operación Titella (Marioneta en catalán) se desarrolla desde primera hora de la mañana en al menos cinco provincias –Madrid, Barcelona, Murcia, Valencia y Alicante– impulsada por la Brigada de Policía Judicial de la Policía Nacional en Madrid y en la que colaboran agentes de la Guardia Civil en Barcelona.

Uno de los primeros arrestos ha sido el del productor José Luis Moreno, de 74 años en su vivienda, en la Urbanización Monte Encinas en Boadilla del Monte (Madrid) poco después de las ocho de la mañana.

Moreno, como el resto del medio centenar de detenidos, están acusados de los delitos de malversación, estafa, blanqueo de capitales, integración en organización criminal y alzamiento de bienes, entre otros.

La operación Titella, coordinada por el juzgado de instrucción número dos de la Audiencia Nacional, se inició en 2018 cuando la Policía Nacional interceptó en Madrid a una persona que ocultaba en un doble fondo de un coche alrededor de 1,3 millones de euros.

Las fuentes consultadas explican a Efe que se trataba de una mula al servicio de la organización dedicada a blanquear dinero, como han demostrado las pesquisas durante estos años que han seguido los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Brigada de Madrid.

Estas investigaciones apuntan que el empresario y muchos de los detenidos que eran socios del productor televisivo y forman presuntamente la red contaban con más de 700 sociedades con las que se apropiaban del dinero de créditos bancarios y privados.

Posteriormente, este dinero se desviaba para que no pudiera ser reclamado. Los investigadores calculan que se podrían haber apropiado de más de 50 millones de euros.

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Ribó imputado por supuesta construcción ilegal de piscina en Alboraia

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Joan Ribó imputado

VALÈNCIA. La presunta edificación irregular de una piscina municipal promovida por el Ayuntamiento de Alboraia en terrenos pertenecientes a València está generando controversia legal. Esta situación no solo afecta al consistorio de l’Horta Nord, sino también a la capital del Turia, ya que su exalcalde, Joan Ribó, ha sido citado a declarar como investigado en el proceso judicial.

El Juzgado de Instrucción Nº 19 de València ha admitido la solicitud de comparecencia formulada por la Asociación para la Defensa del Estado de Derecho, que ejerce la acusación popular y está presidida por la exalcaldesa de Catarroja, María Ángeles López. Según el auto judicial al que ha accedido Valencia Plaza, Ribó deberá comparecer el próximo 22 de julio.

La mencionada asociación, representada por el abogado Víctor Soriano, sostiene que existía conocimiento previo por parte de Joan Ribó y la exconcejala de Urbanismo, Sandra Gómez, sobre la construcción de la piscina, dado que su emplazamiento fue ampliamente difundido en medios de comunicación.

 

Sin embargo, afirman que no se tomaron medidas administrativas para legalizar la situación o iniciar procedimientos sancionadores.

Tanto el Ayuntamiento de València como el de Alboraia están bajo investigación por esta supuesta irregularidad urbanística. Desde 2022, el consistorio de Alboraia impulsó la construcción de la piscina en terrenos propios ubicados dentro del término municipal de València.

Según las declaraciones recopiladas en la instrucción judicial, estos terrenos se encontrarían en un proceso de segregación para ser incorporados al municipio de Alboraia.

Plan General de Alboraia

El Plan General de Alboraia los clasifica como suelo urbano, mientras que el de València los considera suelo protegido no urbanizable.

El complejo acuático en cuestión es una piscina municipal al aire libre, cuyo coste ascendió a 1,2 millones de euros, financiado parcialmente con una subvención de la Diputación de València. Su ubicación colinda con el campo de fútbol del Alboraya UD, pero según la investigación, fue construido en terrenos no urbanizables catalogados como huerta protegida.

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