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VÍDEO| Las claves de la trama de José Luis Moreno

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Madrid, 29 jun (EFE).- El empresario José Luis Moreno y sus socios, detenidos este martes por la Policía Nacional y la Guardia Civil, llegaron a defraudar más de 50 millones de euros con un entramado de sociedades mercantiles y el empleo de estafas piramidales a inversores públicos y privados.

Fuentes de la investigación han indicado a Efe que la denominada operación Titella (Marioneta en catalán) se desarrolla desde primera hora de la mañana en al menos cinco provincias –Madrid, Barcelona, Murcia, Valencia y Alicante– impulsada por la Brigada de Policía Judicial de la Policía Nacional en Madrid y en la que colaboran agentes de la Guardia Civil en Barcelona.

Uno de los primeros arrestos ha sido el del productor José Luis Moreno, de 74 años en su vivienda, en la Urbanización Monte Encinas en Boadilla del Monte (Madrid) poco después de las ocho de la mañana.

Moreno, como el resto del medio centenar de detenidos, están acusados de los delitos de malversación, estafa, blanqueo de capitales, integración en organización criminal y alzamiento de bienes, entre otros.

La operación Titella, coordinada por el juzgado de instrucción número dos de la Audiencia Nacional, se inició en 2018 cuando la Policía Nacional interceptó en Madrid a una persona que ocultaba en un doble fondo de un coche alrededor de 1,3 millones de euros.

Las fuentes consultadas explican a Efe que se trataba de una mula al servicio de la organización dedicada a blanquear dinero, como han demostrado las pesquisas durante estos años que han seguido los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Brigada de Madrid.

Estas investigaciones apuntan que el empresario y muchos de los detenidos que eran socios del productor televisivo y forman presuntamente la red contaban con más de 700 sociedades con las que se apropiaban del dinero de créditos bancarios y privados.

Posteriormente, este dinero se desviaba para que no pudiera ser reclamado. Los investigadores calculan que se podrían haber apropiado de más de 50 millones de euros.

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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