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Zaplana insiste en que «jamás» participó en «adjudicaciones ilegales»

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VALENCIA, 18 Feb.- El expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro de Trabajo Eduardo Zaplana –imputado en el caso Erial, en el que se investigan supuestos amaños en las adjudicaciones de las ITV y el Plan Eólico– ha insistido este lunes en que «jamás» participó «en ninguna adjudicación ilegal».

Así lo ha asegurado el expresidente valenciano este lunes en atención a los medios tras firmar en la Ciudad de la Justicia de València por segunda semana tras su puesta en libertad y después de conocerse que un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cifra en 10.521.351,28 euros el montante total de los presuntos sobornos investigados en la ‘Operación Erial’.

Según consta en este informe incluido en el sumario de la causa, la Guardia Civil calcula que, de los hechos examinados, el grupo Sedesa, vinculado a la familia Cotino, habría obtenido ingresos por más de 86,5 millones de euros con ocasión de la venta de activos de las ITV y el Plan Eólico Valenciano tras su adjudicación.

El exministro y sus dos presuntos testaferros –Joaquín Barceló, exdirectivo de Terra Mítica y ex alto cargo en la época de Zaplana, y Francisco Grau, exsecretario del consejo de administración de la CAM– quedaron en libertad después de que la magistrada bloqueara 6.330.000 euros que considera que tenían en dos cuentas en Suiza, hecho que para la instructora «minimiza» el riesgo de fuga.

Zaplana, en atención a los medios, ha afirmado que «jamás» participó en «ninguna adjudicación ilegal» y ha asegurado que no dispone de «ninguna cuenta ni ningún bien fuera de España». Además, ha señalado que está «deseando declarar y aclarar todo lo que sea necesario» para defender su «inocencia».

Fuente : Europa Press

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Anticorrupción solicita 24 años de cárcel para Ábalos, 19 para Koldo y 7 para Aldama

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Tribunal Supremo penas que van desde los 7 hasta los 24 años de prisión para los principales investigados del conocido caso Koldo, la presunta trama de corrupción ligada a contratos de mascarillas adjudicados durante la pandemia por el Ministerio de Transportes.

24 años de prisión y multa de casi 4 millones para José Luis Ábalos

El Ministerio Público pide una condena de 24 años de prisión para José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE.
La Fiscalía le atribuye cinco presuntos delitos:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Tráfico de influencias

  • Malversación

  • Uso de información privilegiada

Además, reclama para él una multa de 3,9 millones de euros y responsabilidades económicas conjuntas por los perjuicios ocasionados a dos empresas públicas.

19 años y medio de cárcel para Koldo García

Para Koldo García, exasesor ministerial de Ábalos, Anticorrupción solicita 19 años y medio de prisión, así como una multa también de 3,9 millones de euros, por los mismos delitos atribuidos al exministro.

La Fiscalía pide que tanto Ábalos como Koldo indemnicen de forma conjunta y solidaria a:

  • Ineco: 34.477,86 euros

  • Tragsatec: 9.500,54 euros

Asimismo, reclama el decomiso de al menos 430.298,4 euros, cantidad que correspondería a ganancias obtenidas mediante cohecho.

Atenuante de confesión para Víctor de Aldama

En el caso del empresario Víctor de Aldama, considerado presunto intermediario de la trama, la Fiscalía aplica la atenuante de confesión y solicita una pena de 7 años de prisión por:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Uso de información privilegiada

También reclama para él una multa de 3,8 millones de euros.

El origen de la causa

El escrito de acusación llega después de que el magistrado instructor del Supremo, Leopoldo Puente, propusiera el pasado 3 de noviembre juzgar a los tres implicados. Según el juez, se habrían concertado poco después de la llegada de Ábalos al Ministerio, buscando obtener beneficios económicos mediante su influencia en contratos públicos.

Puente dividió la causa en dos piezas:

  • La principal, centrada en los contratos de mascarillas.

  • Una pieza separada dedicada a la supuesta trama de cobro de comisiones por obra pública.

 

 

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