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Tres millones de personas en España viven en zonas inundables

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En España, más de tres millones de personas residen en áreas con alto riesgo de inundación, con aproximadamente un millón de viviendas ubicadas sobre zonas fluviales y barrancos que se desbordan recurrentemente. Municipios como Utiel, Aldaia, Alzira y Letur, recientemente afectados por la DANA en la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, han sufrido devastaciones, dejando un saldo trágico de 222 fallecidos y 32 personas desaparecidas.

Nuevas alertas meteorológicas ante la amenaza de otra DANA

Tras el reciente desastre, crece el temor ante nuevos episodios. Esta semana, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado la alerta naranja en el litoral sur de Valencia y el norte de Alicante para el miércoles, mientras que en el litoral de Castellón y el litoral norte de Valencia la alerta es amarilla. También se emitió una alerta amarilla por fenómeno costero en las costas de Castellón, Valencia y el litoral norte de Alicante.

Las previsiones de AEMET indican acumulaciones de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora y 60 en 12 horas, acompañadas de vientos de hasta 60 km/h y olas de hasta tres metros.

Ante esta nueva DANA, el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) recomienda extremar las precauciones y evitar desplazamientos, especialmente en zonas costeras.

¿Dónde consultar si una zona es de riesgo?

Para quienes deseen verificar el riesgo de inundación en sus áreas, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ofrece un mapa de zonas inundables en su página web. Este mapa permite consultar la peligrosidad de posibles inundaciones fluviales y marinas en distintas zonas del territorio español.

Construcción en áreas de alto riesgo: un problema histórico

Muchos de los municipios en zonas inundables, como Los Alcázares, no cuentan con planes urbanísticos adaptados a la creciente probabilidad de episodios de lluvia extrema. Mario Cervera, alcalde de Los Alcázares, en Murcia, ha expresado su preocupación: “Cada vez que escuchamos que va a llover, estamos toda la noche en vilo y no dormimos”. En su municipio, como en otros, no existen infraestructuras que mitiguen estos riesgos, y muchas ramblas pasan sin control entre zonas residenciales y agrícolas.

La legislación sobre construcción en zonas inundables

Hasta 2015 se permitía construir en cualquier área, incluyendo las inundables. Una reforma de la Ley del Suelo en ese año prohibió urbanizar en suelos inundables, y restringió la construcción de hospitales, colegios y viviendas permanentes en zonas de alto riesgo. Sin embargo, algunos gobiernos autonómicos han seguido otorgando licencias para construir en estos terrenos, buscando beneficios a corto plazo.

Nieves Sánchez Guitián, presidenta del Colegio Oficial de Geólogos, denuncia el riesgo de estas políticas: “El cortoplacismo nos lleva a construir rápido y a generar beneficios inmediatos, pero estos fenómenos naturales tienen periodos de retorno largos, lo que hace que el riesgo crezca con el tiempo”.

Las dificultades para aplicar los mapas de riesgo

A pesar de la legislación, algunos líderes han criticado los mapas de zonas inundables por limitar la construcción. En Murcia, el exconsejero José Ramón Díez de Revenga pidió retirar estos mapas, argumentando que “paralizaban las licencias para construir”. No es el único caso. En Sevilla, un plan urbanístico en una zona calificada como “suelo no urbanizable de especial protección” ha seguido en pie, con viviendas y espacios de ocio que no fueron paralizados hasta la reciente DANA en Valencia.

¿Cómo mitigar los riesgos de futuras inundaciones?

Sánchez propone una serie de medidas para reducir los riesgos de inundación en zonas urbanizadas sin planificación adecuada:

  1. Reevaluación de viviendas en mal estado: Reconstruir con criterios actuales de seguridad.
  2. Mapas de riesgo actualizados: Asegurar que los futuros proyectos consideren el riesgo de inundación.
  3. Protección natural aguas arriba: Añadir vegetación para reducir el flujo de sedimentos y arcillas hacia áreas urbanizadas.
  4. Rediseño de infraestructuras urbanas: Centros comerciales, estacionamientos y otras instalaciones deben adaptarse para minimizar daños.

La presidenta del Colegio Oficial de Geólogos insiste en que los diseños de urbanización deben prever periodos de retorno de hasta 500 años para garantizar seguridad, especialmente ante fenómenos cada vez más intensos.

 

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El juez del caso Begoña Gómez imputa a una alto cargo de Moncloa

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Begoña Gómez- ARCHIVO EFE

El magistrado solicita agendas, correos y pasaportes de la esposa del presidente y de su asesora, además de convocar una nueva ronda de testigos.

Madrid, 5 de noviembre de 2025 (Europa Press) — El juez Juan Carlos Peinado, que instruye el caso Begoña Gómez, ha decidido imputar a la secretaria general de la Presidencia del Gobierno, Judit Alexandra González, al tiempo que rechaza volver a citar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

El magistrado ha adoptado esta decisión en un auto al que ha tenido acceso Europa Press, donde también une las dos piezas separadas del procedimiento y mantiene la vía del tribunal del jurado por posibles delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo profesional y malversación de caudales públicos.


Judit Alexandra González, nueva imputada en la investigación

El juez cita a González el próximo 12 de noviembre para informarla de los hechos que se le imputan y escuchar su declaración en calidad de investigada por malversación de caudales públicos, descartando su comparecencia como testigo.

Con esta decisión, González se convierte en la quinta persona investigada en la causa, junto a Begoña Gómez, su asesora Cristina Álvarez, el empresario Juan Carlos Barrabés y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.

Peinado argumenta que la secretaria general, por su posición, tenía la capacidad de supervisar las labores de las personas designadas para funciones públicas, y que su omisión de control podría constituir malversación por comisión por omisión, al no evitar actividades privadas desarrolladas desde un cargo público.


El juez pide agendas, correos y pasaportes a Moncloa

En su resolución, el instructor solicita a Moncloa que entregue las agendas oficiales de Begoña Gómez y su asesora Cristina Álvarez, con el fin de que la UCO de la Guardia Civil analice si las reuniones, viajes y desplazamientos correspondían a actividades personales o profesionales.

También pide los pasaportes de ambas para cotejar las fechas y coincidencias de sus viajes al extranjero, así como todos los correos electrónicos intercambiados entre ellas. Además, reclama información sobre los viajes sufragados con fondos públicos desde la contratación de Álvarez en 2018 hasta la actualidad, su vida laboral y los datos salariales actualizados de 2025.

Peinado solicita asimismo los antecedentes sobre el nombramiento de asistentes al cónyuge del presidente del Gobierno, precisando puestos, funciones y número de asistentes designados simultáneamente.


El juez rechaza volver a citar a Pedro Sánchez y a Bolaños

El magistrado descarta la petición de las acusaciones populares de volver a llamar a Pedro Sánchez como testigo, al considerar que sería una diligencia “inútil e impertinente”.

Recuerda que el presidente del Gobierno ya fue citado y se acogió a su derecho a no declarar en virtud del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por su relación con la investigada. “Nada aportó para el esclarecimiento de los hechos y nada hace prever que cambiara de postura”, subraya el juez.

En la misma línea, Peinado rechaza citar de nuevo a Félix Bolaños, al entender que su anterior declaración fue “reticente” y que no aportaría información relevante para el avance de la instrucción.


Nuevos testigos citados para noviembre

El juez convoca una nueva ronda de declaraciones: el 12 de noviembre deberán comparecer Diego de Alcázar, Miguel Escassi y Juan Carlos Doadrio. Posteriormente, el 28 de noviembre, están citadas María José Sánchez, María Elvira Gutiérrez, María Jesús, Mercedes, Zulma Escalante y Carmen Mitxelena.

Asimismo, Peinado ha requerido a las empresas Minsait, Indra Business Consulting, Telefónica, Deloitte y la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR) que remitan todas las comunicaciones, correos o mensajes en los que figure la asesora de Gómez como emisora, destinataria o en copia.

 

 

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