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Valencia

Archivan la causa contra Rus por el desvío de dinero del alumbrado de Llutxent y procesan a Benavent

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VALÈNCIA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) – El titular del Juzgado de Instrucción 9 de València ha acordado el sobreseimiento provisional de la causa en la que se investiga el supuesto desvío del dinero que la Diputación de Valencia iba a destinar al alumbrado de Llutxent (Valencia) respecto al expresidente de la corporación provincial Alfonso Rus y a José Estarlich, presunto testaferro del exgerente de la empresa pública Imelsa (actual Divalterra) Marcos Benavent, autodenominado ‘yonki del dinero’.

Sin embargo, en un auto del pasado viernes, el magistrado ha decidido también abrir procedimiento abreviado contra tres investigados –el propio Benavent, el ex director financiero de esta firma pública José Enrique Montblanch y el administrador único de la empresa Flying Tiger SL– por un delito de estafa en concurso con otro de falsedad en documento privado y un delito de malversación en relación a las irregularidades detectadas en el proyecto de renovación del alumbrado de Llutxent, que contaba con un presupuesto de 60.445 euros, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

El instructor considera que la investigación ha acreditado que las facturas presentadas por Flying Tiger SL fueron pagadas en enero de 2013 con la autorización de Benavent pese a que no existe «ningún soporte documental relativo al proyecto, a los supuestos trabajos facturados, ni a cualquier cuestión relacionada con ello».

En esa misma resolución, el magistrado acuerda el sobreseimiento provisional de la causa respecto a Rus y Estarlich debido a que considera que las declaraciones incriminatorias contra ambos realizadas por el ‘yonki del dinero’ en sede judicial el pasado 7 de mayo «carecen de todo sentido y realidad» y se tratan de «presuntas excusas para derivar en otros sus presuntas responsabilidades, a determinar en juicio oral, en su caso».

En esa declaración, Benavent negó haberse quedado con el importe de dicho contrato y atribuyó el cobro de esa comisión a que Rus le había pedido dinero para financiar al Olímpic, el equipo de fútbol de Xàtiva, de donde era alcalde, y señaló también a Estarlich.

Por su parte, el expresidente de la Diputación compareció como investigado el pasado miércoles y aseguró que fue Benavent quien desvió el dinero que la corporación provincial iba a destinar al alumbrado de Llutxent para quedarse él mismo una parte y el resto, su supuesto testaferro, José Estarlich.

BENAVENT, MONTBLANCH Y EL EMPRESARIO YA FUERON PROCESADOS
Esta causa ha vivido un complicado camino judicial hasta el punto de que en agosto del pasado año el juez dio por concluida la investigación y acordó el procesamiento únicamente de Benavent; del ex director financiero de Imelsa, José Enrique Montblanch, una mercantil y el empresario en relación con el contrato presuntamente irregular para el alumbrado público de Llutxent.

Previamente se había anulado el auto de apertura de juicio oral ya dictado contra tres de ellos porque la Audiencia ordenó que se incluyera a un cuarto procesado, el ex director financiero, sobre el que se había pedido el sobreseimiento, pero que volvió a estar incurso en la causa tras pedirlo el recurso de Fiscalía y la actual Divalterra.

La Audiencia revocó ese auto al entender que este último «presentaba sospechas de haber podido participar en los hechos», al haber podido omitir procedimientos de control propios de su cargo. El empresario reconoció por su parte que se había recibido el dinero sin contraprestación alguna y se comprometió a devolver la deuda.

Sin embargo, Benavent pidió declarar, el juzgado lo rechazó en primera instancia y la Audiencia, en apelación, le dio la razón por garantizar su derecho de defensa y acordó que la causa regresara al momento de diligencias previas para que el exgerente de Imelsa prestara declaración, comparecencia que se hizo el pasado 7 de mayo.

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Valencia

Policía investiga al capitán y a un tripulante tras el naufragio en Indonesia

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La Policía de Indonesia ha iniciado una investigación por posible negligencia con resultado mortal contra el capitán y un miembro de la tripulación del barco KM Putri Sakinah, que naufragó el 26 de diciembre de 2025 en aguas del Parque Nacional de Komodo, provocando la muerte de cuatro valencianos.

Situación del menor desaparecido

La última jornada de búsqueda del niño valenciano de 10 años desaparecido concluyó este jueves 8 de enero sin resultados. El dispositivo, compuesto por 168 efectivos y 18 embarcaciones, enfrentó condiciones adversas como lluvia intensa, fuertes corrientes y grandes olas. Parte de la búsqueda también se realizó a pie sobre la costa, revisando playas y manglares, ante la posibilidad de que las corrientes hayan arrastrado al menor a zonas alejadas.

El operativo continuará mañana viernes 9 de enero, última jornada de la tercera extensión de búsqueda programada, y se espera que concluya alrededor del mediodía.

Víctimas del naufragio

Las víctimas confirmadas son:

  • Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF.

  • Su hijo.

  • Una hija de su esposa.

  • Otra hija fue rescatada junto a la madre, que sobrevivió.

El menor desaparecido es hijo de la superviviente y de una expareja. Martín y la madre habían contraído matrimonio recientemente.

Detalles del accidente

El KM Putri Sakinah, barco turístico, se hundió en la isla de Padar, dentro del Parque Nacional de Komodo, alrededor de las 20:30 hora local del 26 de diciembre. A bordo viajaban 11 personas, incluidos los valencianos, cuatro miembros de la tripulación y un guía local, quienes fueron rescatados tras el accidente.

Investigación policial

La Policía de Indonesia investiga al capitán y a un tripulante por negligencia, dado que el naufragio se produjo en condiciones que podrían haberse evitado. Las autoridades buscan determinar las causas exactas del accidente, evaluando factores como la gestión del barco, la seguridad a bordo y las condiciones meteorológicas del día.

El caso ha generado preocupación en la Comunidad Valenciana, donde se sigue de cerca el desarrollo de la búsqueda y la investigación judicial.

 

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