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Valencia

Archivan la causa contra Rus por el desvío de dinero del alumbrado de Llutxent y procesan a Benavent

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VALÈNCIA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) – El titular del Juzgado de Instrucción 9 de València ha acordado el sobreseimiento provisional de la causa en la que se investiga el supuesto desvío del dinero que la Diputación de Valencia iba a destinar al alumbrado de Llutxent (Valencia) respecto al expresidente de la corporación provincial Alfonso Rus y a José Estarlich, presunto testaferro del exgerente de la empresa pública Imelsa (actual Divalterra) Marcos Benavent, autodenominado ‘yonki del dinero’.

Sin embargo, en un auto del pasado viernes, el magistrado ha decidido también abrir procedimiento abreviado contra tres investigados –el propio Benavent, el ex director financiero de esta firma pública José Enrique Montblanch y el administrador único de la empresa Flying Tiger SL– por un delito de estafa en concurso con otro de falsedad en documento privado y un delito de malversación en relación a las irregularidades detectadas en el proyecto de renovación del alumbrado de Llutxent, que contaba con un presupuesto de 60.445 euros, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

El instructor considera que la investigación ha acreditado que las facturas presentadas por Flying Tiger SL fueron pagadas en enero de 2013 con la autorización de Benavent pese a que no existe «ningún soporte documental relativo al proyecto, a los supuestos trabajos facturados, ni a cualquier cuestión relacionada con ello».

En esa misma resolución, el magistrado acuerda el sobreseimiento provisional de la causa respecto a Rus y Estarlich debido a que considera que las declaraciones incriminatorias contra ambos realizadas por el ‘yonki del dinero’ en sede judicial el pasado 7 de mayo «carecen de todo sentido y realidad» y se tratan de «presuntas excusas para derivar en otros sus presuntas responsabilidades, a determinar en juicio oral, en su caso».

En esa declaración, Benavent negó haberse quedado con el importe de dicho contrato y atribuyó el cobro de esa comisión a que Rus le había pedido dinero para financiar al Olímpic, el equipo de fútbol de Xàtiva, de donde era alcalde, y señaló también a Estarlich.

Por su parte, el expresidente de la Diputación compareció como investigado el pasado miércoles y aseguró que fue Benavent quien desvió el dinero que la corporación provincial iba a destinar al alumbrado de Llutxent para quedarse él mismo una parte y el resto, su supuesto testaferro, José Estarlich.

BENAVENT, MONTBLANCH Y EL EMPRESARIO YA FUERON PROCESADOS
Esta causa ha vivido un complicado camino judicial hasta el punto de que en agosto del pasado año el juez dio por concluida la investigación y acordó el procesamiento únicamente de Benavent; del ex director financiero de Imelsa, José Enrique Montblanch, una mercantil y el empresario en relación con el contrato presuntamente irregular para el alumbrado público de Llutxent.

Previamente se había anulado el auto de apertura de juicio oral ya dictado contra tres de ellos porque la Audiencia ordenó que se incluyera a un cuarto procesado, el ex director financiero, sobre el que se había pedido el sobreseimiento, pero que volvió a estar incurso en la causa tras pedirlo el recurso de Fiscalía y la actual Divalterra.

La Audiencia revocó ese auto al entender que este último «presentaba sospechas de haber podido participar en los hechos», al haber podido omitir procedimientos de control propios de su cargo. El empresario reconoció por su parte que se había recibido el dinero sin contraprestación alguna y se comprometió a devolver la deuda.

Sin embargo, Benavent pidió declarar, el juzgado lo rechazó en primera instancia y la Audiencia, en apelación, le dio la razón por garantizar su derecho de defensa y acordó que la causa regresara al momento de diligencias previas para que el exgerente de Imelsa prestara declaración, comparecencia que se hizo el pasado 7 de mayo.

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Valencia

El jefe superior de Policía admite fallos de coordinación institucional durante la dana en la Comunitat Valenciana

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Sigue las últimas noticias sobre la trágica DANA en Valencia:

Carlos Gajero reconoce en el Senado que el Cecopi del 29 de octubre de 2024 debió activarse antes y que la coordinación institucional fue “mejorable” durante la catástrofe que dejó 230 fallecidos

MADRID, 13 de enero de 2026 – El jefe superior de Policía de la Comunitat Valenciana, Carlos Gajero Grande, ha admitido este martes ante la Comisión de Investigación del Senado sobre la dana que la coordinación institucional durante la catástrofe del 29 de octubre de 2024 fue “mejorable”. Asimismo, ha señalado que el Centro de Coordinación Operativo Integrado (Cecopi) “probablemente” debería haberse reunido antes de las 17.00 horas, dado que ya al mediodía existían avisos de personas desaparecidas en municipios como Utiel.

Durante su comparecencia, Gajero defendió que no hubo abandono ni falta de mando por parte de la Policía Nacional en los primeros días de la emergencia. “En ningún caso la nave iba sin rumbo”, aseguró, subrayando que el dispositivo policial actuó desde el primer momento pese a la magnitud inédita de la tragedia, que causó 230 víctimas mortales.

Coordinación “mejorable”, pero contacto constante sobre el terreno

El máximo responsable policial en la Comunitat Valenciana explicó que, aunque la cooperación operativa con organismos como la Unidad Militar de Emergencias (UME), la Guardia Civil, la Delegación del Gobierno y la Dirección General de la Policía fue continua, echó en falta una mayor coordinación institucional global.

“A nivel personal funcionaba: hablabas directamente con Guardia Civil o UME. Pero una mejor coordinación institucional habría permitido una visión de conjunto, no tan parcelada, y poner todos los recursos en común”, afirmó en respuesta a una pregunta del senador de ERC, Jordi Gaseni.

Gajero niega haber visto a Mazón “especialmente noqueado”

Gajero relató que el día de la dana se desplazó a Madrid para asistir a una reunión de jefes superiores de Policía, una decisión conocida por la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, mientras que la operativa en Valencia quedó en manos del comisario provincial. Al día siguiente, el 30 de octubre, se incorporó directamente a la zona afectada, especialmente en municipios de l’Horta Sud como Torrent, Xirivella, Algemesí, Alzira o Paiporta.

Cuestionado por el senador de Compromís Enric Morera sobre si percibió al entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, “noqueado” durante aquellos días, Gajero respondió con contundencia: “No especialmente”.

“Nadie esperaba una tragedia de esa magnitud”

El jefe policial reconoció que no existía un protocolo capaz de prever una catástrofe de tal envergadura. “Fuimos improvisando muchas veces sobre el terreno y aplicando todas nuestras capacidades”, explicó, destacando que la prioridad fue atender las necesidades inmediatas de la ciudadanía, como la retirada de lodo en colegios, centros sanitarios, residencias y viviendas.

En materia de seguridad, recordó que la noche del 30 de octubre se detectaron saqueos en el centro comercial Bonaire, lo que llevó a la detención de 41 personas en menos de 24 horas y a la recuperación de numerosos objetos robados.

Más de 6.000 agentes desplegados tras las riadas

En los días posteriores a la dana, la Policía Nacional desplegó un amplio dispositivo compuesto por 6.000 agentes, 897 vehículos terrestres, 19 medios aéreos y 21 recursos tecnológicos, según detalló Gajero, quien agradeció públicamente la “entrega, el valor y el compromiso” de todos los efectivos.

Tensión con el PP por los alumnos de la Escuela de Ávila

La comparecencia también estuvo marcada por un rifirrafe con el senador del PP Luis Santamaría, quien insinuó que los alumnos de la Escuela Nacional de Policía de Ávila desplazados a la ‘zona cero’ acudieron “para hacerse la foto”. Gajero lo negó tajantemente: “No fueron a hacerse ninguna foto. Fueron a trabajar, y trabajaron muy bien. La gente nos trasladó muchos agradecimientos”.

“Hicimos todo lo que pudimos”, concluyó el jefe superior de Policía, poniendo fin a una comparecencia clave para esclarecer la gestión institucional de una de las mayores tragedias recientes en la Comunitat Valenciana.

 

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