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Valencia

Archivan la causa contra Rus por el desvío de dinero del alumbrado de Llutxent y procesan a Benavent

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VALÈNCIA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) – El titular del Juzgado de Instrucción 9 de València ha acordado el sobreseimiento provisional de la causa en la que se investiga el supuesto desvío del dinero que la Diputación de Valencia iba a destinar al alumbrado de Llutxent (Valencia) respecto al expresidente de la corporación provincial Alfonso Rus y a José Estarlich, presunto testaferro del exgerente de la empresa pública Imelsa (actual Divalterra) Marcos Benavent, autodenominado ‘yonki del dinero’.

Sin embargo, en un auto del pasado viernes, el magistrado ha decidido también abrir procedimiento abreviado contra tres investigados –el propio Benavent, el ex director financiero de esta firma pública José Enrique Montblanch y el administrador único de la empresa Flying Tiger SL– por un delito de estafa en concurso con otro de falsedad en documento privado y un delito de malversación en relación a las irregularidades detectadas en el proyecto de renovación del alumbrado de Llutxent, que contaba con un presupuesto de 60.445 euros, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

El instructor considera que la investigación ha acreditado que las facturas presentadas por Flying Tiger SL fueron pagadas en enero de 2013 con la autorización de Benavent pese a que no existe «ningún soporte documental relativo al proyecto, a los supuestos trabajos facturados, ni a cualquier cuestión relacionada con ello».

En esa misma resolución, el magistrado acuerda el sobreseimiento provisional de la causa respecto a Rus y Estarlich debido a que considera que las declaraciones incriminatorias contra ambos realizadas por el ‘yonki del dinero’ en sede judicial el pasado 7 de mayo «carecen de todo sentido y realidad» y se tratan de «presuntas excusas para derivar en otros sus presuntas responsabilidades, a determinar en juicio oral, en su caso».

En esa declaración, Benavent negó haberse quedado con el importe de dicho contrato y atribuyó el cobro de esa comisión a que Rus le había pedido dinero para financiar al Olímpic, el equipo de fútbol de Xàtiva, de donde era alcalde, y señaló también a Estarlich.

Por su parte, el expresidente de la Diputación compareció como investigado el pasado miércoles y aseguró que fue Benavent quien desvió el dinero que la corporación provincial iba a destinar al alumbrado de Llutxent para quedarse él mismo una parte y el resto, su supuesto testaferro, José Estarlich.

BENAVENT, MONTBLANCH Y EL EMPRESARIO YA FUERON PROCESADOS
Esta causa ha vivido un complicado camino judicial hasta el punto de que en agosto del pasado año el juez dio por concluida la investigación y acordó el procesamiento únicamente de Benavent; del ex director financiero de Imelsa, José Enrique Montblanch, una mercantil y el empresario en relación con el contrato presuntamente irregular para el alumbrado público de Llutxent.

Previamente se había anulado el auto de apertura de juicio oral ya dictado contra tres de ellos porque la Audiencia ordenó que se incluyera a un cuarto procesado, el ex director financiero, sobre el que se había pedido el sobreseimiento, pero que volvió a estar incurso en la causa tras pedirlo el recurso de Fiscalía y la actual Divalterra.

La Audiencia revocó ese auto al entender que este último «presentaba sospechas de haber podido participar en los hechos», al haber podido omitir procedimientos de control propios de su cargo. El empresario reconoció por su parte que se había recibido el dinero sin contraprestación alguna y se comprometió a devolver la deuda.

Sin embargo, Benavent pidió declarar, el juzgado lo rechazó en primera instancia y la Audiencia, en apelación, le dio la razón por garantizar su derecho de defensa y acordó que la causa regresara al momento de diligencias previas para que el exgerente de Imelsa prestara declaración, comparecencia que se hizo el pasado 7 de mayo.

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Valencia

El móvil de Juanfran Pérez Llorca no muestra mensajes de WhatsApp con Mazón ni con Pradas el día de la dana

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Juanfran Pérez Llorca dana
El candidato del PP a presidir la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, a su salida del juzgado de Catarroja para declarar en el juicio por la dana, a 21 de noviembre de 2025, en Catarroja - Jorge Gil - Europa Press

La investigación judicial sobre la gestión institucional durante la dana que dejó 229 víctimas mortales en la provincia de València suma un nuevo capítulo. El teléfono móvil del candidato del PP a la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, no registra ningún mensaje de WhatsApp con el president en funciones, Carlos Mazón, ni con la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, el 29 de octubre de 2024, día en que se produjo la catástrofe meteorológica.

Así consta en el acta de cotejo elaborada por la Letrada de la Administración de Justicia (LAJ), tras revisar las fotografías aportadas por Pérez Llorca al juzgado, en las que se reflejan las conversaciones almacenadas en su terminal.

Las conversaciones aportadas: sin mensajes en la fecha crítica

La instructora ha incorporado a la causa tres capturas del dispositivo del dirigente popular:

1. Conversación con Emilio Argüeso

Una de las fotografías corresponde a un chat con el exsecretario autonómico Emilio Argüeso, investigado en la causa. En esa imagen se observa únicamente el envío del contacto del alcalde de Algemesí, sin mensajes adicionales de ese día.

2. Conversación con Carlos Mazón

La segunda captura muestra la conversación entre Pérez Llorca y Carlos Mazón en WhatsApp. En ella no aparece ningún mensaje enviado ni recibido el 29 de octubre, justamente la fecha bajo análisis.

3. Conversación con Salomé Pradas

La tercera conversación corresponde a Salomé Pradas, también investigada. Tampoco figura ninguna comunicación entre el 30 de septiembre y el 31 de octubre, por lo que ese día no hubo intercambio de mensajes registrado en el móvil.

La jueza ordena contrastar también las llamadas telefónicas

El pasado viernes, durante la declaración de Pérez Llorca como testigo, la magistrada ordenó que la LAJ cotejara todas las comunicaciones por WhatsApp entre él y Mazón, Pradas y Argüeso el día de la dana. Tras no hallarse mensajes en el dispositivo, la instructora dio un paso más.

Dado que el propio Pérez Llorca manifestó en su declaración estar conforme con el cotejo, la jueza le requirió aportar, en un plazo de cinco días, la factura detallada del teléfono corporativo del Ayuntamiento de Finestrat —del que es alcalde— desde el cual realizó o recibió llamadas el 29 de octubre.

El objetivo es determinar:

  • Si las llamadas con Mazón a las 18:57 horas fueron entrantes o salientes.

  • Si las comunicaciones con Pradas a las 18:57, 18:58 y 18:59 fueron enviadas por él o recibidas.

  • La duración exacta de cada llamada.

  • El orden cronológico en que se produjeron.

Por qué los cotejos de llamadas y mensajes son clave en la investigación

La magistrada busca reconstruir con precisión la cronología de comunicaciones políticas durante las horas críticas de la danna, un aspecto que ha generado controversias por la falta de concordancia entre algunas declaraciones públicas y los datos objetivos aportados a la causa.

Saber qué llamadas se realizaron, en qué momento, y si hubo o no mensajes intercambiados puede ayudar a esclarecer:

  • Qué autoridades estaban coordinando actuaciones.

  • Quién asumió decisiones clave durante el episodio meteorológico.

  • Si existieron retrasos en las comunicaciones internas en un momento de emergencia extrema.

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