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Valencia

Archivan la causa contra Rus por el desvío de dinero del alumbrado de Llutxent y procesan a Benavent

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VALÈNCIA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) – El titular del Juzgado de Instrucción 9 de València ha acordado el sobreseimiento provisional de la causa en la que se investiga el supuesto desvío del dinero que la Diputación de Valencia iba a destinar al alumbrado de Llutxent (Valencia) respecto al expresidente de la corporación provincial Alfonso Rus y a José Estarlich, presunto testaferro del exgerente de la empresa pública Imelsa (actual Divalterra) Marcos Benavent, autodenominado ‘yonki del dinero’.

Sin embargo, en un auto del pasado viernes, el magistrado ha decidido también abrir procedimiento abreviado contra tres investigados –el propio Benavent, el ex director financiero de esta firma pública José Enrique Montblanch y el administrador único de la empresa Flying Tiger SL– por un delito de estafa en concurso con otro de falsedad en documento privado y un delito de malversación en relación a las irregularidades detectadas en el proyecto de renovación del alumbrado de Llutxent, que contaba con un presupuesto de 60.445 euros, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

El instructor considera que la investigación ha acreditado que las facturas presentadas por Flying Tiger SL fueron pagadas en enero de 2013 con la autorización de Benavent pese a que no existe «ningún soporte documental relativo al proyecto, a los supuestos trabajos facturados, ni a cualquier cuestión relacionada con ello».

En esa misma resolución, el magistrado acuerda el sobreseimiento provisional de la causa respecto a Rus y Estarlich debido a que considera que las declaraciones incriminatorias contra ambos realizadas por el ‘yonki del dinero’ en sede judicial el pasado 7 de mayo «carecen de todo sentido y realidad» y se tratan de «presuntas excusas para derivar en otros sus presuntas responsabilidades, a determinar en juicio oral, en su caso».

En esa declaración, Benavent negó haberse quedado con el importe de dicho contrato y atribuyó el cobro de esa comisión a que Rus le había pedido dinero para financiar al Olímpic, el equipo de fútbol de Xàtiva, de donde era alcalde, y señaló también a Estarlich.

Por su parte, el expresidente de la Diputación compareció como investigado el pasado miércoles y aseguró que fue Benavent quien desvió el dinero que la corporación provincial iba a destinar al alumbrado de Llutxent para quedarse él mismo una parte y el resto, su supuesto testaferro, José Estarlich.

BENAVENT, MONTBLANCH Y EL EMPRESARIO YA FUERON PROCESADOS
Esta causa ha vivido un complicado camino judicial hasta el punto de que en agosto del pasado año el juez dio por concluida la investigación y acordó el procesamiento únicamente de Benavent; del ex director financiero de Imelsa, José Enrique Montblanch, una mercantil y el empresario en relación con el contrato presuntamente irregular para el alumbrado público de Llutxent.

Previamente se había anulado el auto de apertura de juicio oral ya dictado contra tres de ellos porque la Audiencia ordenó que se incluyera a un cuarto procesado, el ex director financiero, sobre el que se había pedido el sobreseimiento, pero que volvió a estar incurso en la causa tras pedirlo el recurso de Fiscalía y la actual Divalterra.

La Audiencia revocó ese auto al entender que este último «presentaba sospechas de haber podido participar en los hechos», al haber podido omitir procedimientos de control propios de su cargo. El empresario reconoció por su parte que se había recibido el dinero sin contraprestación alguna y se comprometió a devolver la deuda.

Sin embargo, Benavent pidió declarar, el juzgado lo rechazó en primera instancia y la Audiencia, en apelación, le dio la razón por garantizar su derecho de defensa y acordó que la causa regresara al momento de diligencias previas para que el exgerente de Imelsa prestara declaración, comparecencia que se hizo el pasado 7 de mayo.

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Valencia

Nueva bronca entre Grezzi y Catalá en el pleno tras mostrar un cártel de Mazón dando un beso a la alcaldesa 

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Polémica pleno
Imagen del edil de Compromís en el Ayuntamiento de València Giuseppe Grezzi con el cartel alusivo a la dana que Catalá le ha exigido retirar del atril colgado de su camisa. - COMPROMÍS

VALÈNCIA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) – El pleno del Ayuntamiento de València celebrado este martes, el ordinario de noviembre, ha vuelto a registrar un momento de tensión entre la alcaldesa, María José Catalá (PP), y el concejal de Compromís Giuseppe Grezzi por la exhibición del mismo cartel alusivo a la dana y con una imagen de la primera edil recibiendo un beso del presidente de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, que les llevó a tener un enfrentamiento en la sesión plenaria de octubre.

El contexto de la polémica y el cartel de la dana

Grezzi, que el pasado mes colgó ese póster del atril del hemiciclo cuando comenzó su intervención en un punto referido a las tarifas de la EMT, ha vuelto a mostrarlo este martes al tomar la palabra durante el debate de una moción sobre la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Junto a la fotografía de Catalá y Mazón, en este cartel se observa la hora en la que se recibió el mensaje de alerta el 29O y la frase: “Ni oblit ni perdó”.

Catalá, como hizo en el pleno de octubre, ha pedido a Grezzi que retirara del atril esa imagen y el concejal, como hizo hace un mes, se ha negado y ha vuelto a decir a la alcaldesa que el reglamento del pleno no le impedía mostrarlo y que lo amparaba.

El informe del secretario: la clave del giro en el debate

En ese momento, la alcaldesa, que ha llamado dos veces al orden al representante de Compromís para que quitara su póster, ha intervenido para indicarle que tenía el informe que solicitó al secretario del consistorio tras lo ocurrido en el pasado pleno con el fin de saber si se podían mostrar desde la tribuna carteles como el que mostró entonces y ha exhibido ahora este concejal.

María José Catalá ha destacado que ese documento precisa que no es posible colocar cartelería. “Dadas las dudas que se generaron en el anterior pleno, esta presidencia solicitó a la secretaría general un informe correspondiente al uso de cartelería en la tribuna, que es de todos, no del que habla”, ha expuesto la primera edil, que ha subrayado que tenía ese documento y que lo podía mostrar.

La alcaldesa insiste: la tribuna “no es suya”

“Dice claramente que usted no puede poner cartelería en esa tribuna porque no es suya. Tanto la tribuna desde la que habla, como la bancada –de cada grupo–, es de la corporación y del salón de plenos del Ayuntamiento. No se utiliza para cada uno de ustedes. Si a los vecinos que acuden de público a este pleno del Ayuntamiento no se les permite poner catelería, ¿por qué ustedes se creen con el derecho de hacerlo?”, ha dicho a Grezzi.

Asimismo, María José Catalá ha mostrado su voluntad de ponerlo a disposición de “todos los portavoces” de los grupos municipales. La portavoz de Compromís, Papi Robles, se ha levantado de su escaño y se ha situado junto a su compañero de partido en el atril para defender su postura y pedir a Catalá que “de manera inmediata” facilitara ese informe. La alcaldesa ha accedido a esa petición y ha ordenado un receso de unos minutos para hacer llegar el documento a los portavoces de cada grupo.

Grezzi retira el póster del atril, pero no deja de mostrarlo

Tras ese receso, se ha reanudado la sesión y Giuseppe Grezzi ha seguido interviniendo pero sin el cartel en el atril. El concejal lo ha quitado de la tribuna y se lo ha colgado en la camisa, para seguir exhibiéndolo mientras hablaba. “Su amistad con Mazón no se acaba si yo quito el cartel. Usted lo único que ha demostrado es su autoritarismo, porque quiere gestionar este pleno en función de sus intereses”, ha señalado a la responsable municipal.

El informe del secretario: la cartelería debe ser autorizada

En su informe, el secretario general de la corporación y del pleno indica que “la instalación o colocación de banderas, de cualquier tipo, no puede hacerse por la vía de hecho, sino que debe ser autorizada por el órgano competente, en el caso del hemiciclo la presidencia del pleno, y en el caso de los edificios, la Alcaldía o el órgano delegado por ella”.

Así, sostiene que este “deberá tener en cuenta los pronunciamientos judiciales y el lugar donde se pretende colocar” la cartelería o cualquier otro elemento.

“En conclusión, el derecho a la libertad de expresión, ni el ius in officium, no incluye el derecho a colgar estos elementos en el atril institucional del orador que esté en uso de la palabra, ni en los espacios o elementos comunes del hemiciclo”, precisa el secretario en el documento.

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