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Así se comunicaba el estafador del fraude en EMT València con la empleada despedida: «Va todo muy bien»

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VALÈNCIA, 23 Oct. – El hombre que se hizo pasar por abogado para presuntamente estafar fondos de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de València prohibió a la trabajadora que ha sido despedida a causa de este fraude que hablara con el resto de personas implicadas en la supuesta operación económica con una empresa china aludiendo a cuestiones de «confidencialidad».

Así se desprende de la declaración jurada que la propia empleada realizó ante la responsable jurídica de la empresa pública el 23 de septiembre, cuando se destapó el fraude que provocó su despido.

El documento, al que ha tenido acceso Europa Press, deja constancia de que la trabajadora recibió múltiples correos y alrededor de una decena de llamadas del estafador. La primera de ellas se realizó el 3 de septiembre, cuando una persona que se identificó como el señor Parada, abogado de una conocida consultora, le explica que se va a llevar a cabo una oferta pública de acciones y que le va a enviar un documento de confidencialidad para que lo firme. Ya aquí le reclama total discreción para el éxito de la operación.

La trabajadora mostró extrañeza pero poco después recibió un correo electrónico de alguien que se hacía pasar por el presidente de la EMT y concejal de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi, corroborando la autenticidad de la llamada recibida y solicitándole también discreción en este asunto.

Una vez recibida esta supuesta confirmación, el estafador y la trabajadora hablaron de cómo se realizaría el pago de las facturas. Ella le apuntó que el sistema era mediante firma mancomunada del gerente de la empresa, que se encontraba en ese momento de vacaciones, y la jefa de Gestión, de baja por maternidad. De acuerdo a su declaración, la empleada pensó que todo se había tramitado desde la oficina de Grezzi. Así, quedaron en que las transferencias se harían ordenadas a través de carta firmadas por ambos directivos.

Desde aquel día y hasta el 23 de septiembre, el falso abogado comunica varias veces con la trabajadora para saber si existía saldo disponible y previsión de tesorería para realizar el pago de las facturas que enviaba.

En una de estas comunicaciones, la trabajadora informa al supuesto abogado de que el director gerente de la EMT ya ha regresado de sus vacaciones por lo que ella podía recoger su firma para la carta de pago. A esto, el presunto estafador se niega y prohíbe a la empleada que hable con el resto de personas implicadas en la operación.

LA OPERACIÓN «IBA MUY BIEN»
En otra de las llamadas, el falso Parada le indica a la trabajadora que la operación iba muy bien y que se iba a realizar una nueva transferencia.

De la declaración se desprende además que los pagos causaron también recelos en entidades bancarias. De hecho, ya el día 20 un gestor de CaixaBank señala que le están poniendo muchas pegas para realizar las trasferencias y reclama las cartas de pago de las mismas, así como las facturas.

Ya el 23 de septiembre, la empleada informa a Parada de esta petición y, ante el silencio de este y en cumplimiento de la ley, envía la copia de las facturas pagadas al representante del banco. Ese mismo día, el estafador y la trabajadora mantienen una conversación telefónica en la que ella le expone que el banco está pidiendo confirmación de transferencias a los apoderados y que no se podía aguantar más el tema de la confidencialidad, en la que estafador insiste a lo largo de todo el proceso. El falso abogado le dice que esté tranquila.

En total, el fraude en la EMT València está cuantificado en 4 millones de euros, aunque las pretensiones del estafador superaban los 11 millones, según han revelado los correos electrónicos y de la propia declaración.

Fuente: (EUROPA PRESS)

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García Ortiz niega haber cometido el delito de revelación de secretos por el que se le juzga

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Álvaro García Ortiz
Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado

Por primera vez en democracia, un fiscal general del Estado se sienta en el banquillo de los acusados.
Álvaro García Ortiz ha negado ante el Tribunal Supremo haber cometido un delito de revelación de secretos, por el que la Fiscalía solicita entre cuatro y seis años de prisión, además de doce años de inhabilitación y una multa de más de 400.000 euros.

 Un juicio histórico en la democracia española

El juicio a Álvaro García Ortiz, actual fiscal general del Estado, marca un hecho sin precedentes en la historia democrática española.
El proceso, que se celebra en el Tribunal Supremo, estará presidido por siete magistrados de la Sala de lo Penal, encargados de determinar si García Ortiz filtró un correo electrónico del abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, en el que se reconocía una supuesta defraudación a Hacienda.

Pese a la gravedad de la acusación, el juez Ángel Hurtado ha decidido que el fiscal general mantenga su cargo mientras dure el proceso judicial, que se prevé se alargue durante dos semanas.


El origen del caso: el correo del abogado de González Amador

Todo comenzó el 2 de febrero de 2024, cuando Carlos Neira, abogado del empresario Alberto González Amador, remitió a la Fiscalía un correo electrónico con una propuesta de pacto.
En él se reconocía la posibilidad de que su cliente hubiera cometido un delito contra la Hacienda Pública.

Durante más de un mes, el contenido de ese correo permaneció reservado. Sin embargo, el 12 de marzo de 2024, varios medios de comunicación publicaron que la pareja de Ayuso podría haber defraudado dinero al fisco.
Al día siguiente, desde la Comunidad de Madrid, el portavoz Miguel Ángel Rodríguez negó esa versión y aseguró que fue la Fiscalía la que había propuesto el pacto.
Esa misma noche, según la investigación, se habría producido la presunta filtración del correo.


La posición del fiscal general

Durante su declaración ante el Tribunal Supremo, García Ortiz negó “rotundamente” haber filtrado información confidencial.
El magistrado instructor, no obstante, considera que existen “indicios razonables” de que la filtración pudo salir de la Fiscalía.

El propio Alberto González Amador ha asegurado que la publicación del correo electrónico vulneró su derecho a la intimidad y afectó a su reputación:

“Todo eso me ha ido lastrando”, declaró ante el tribunal.


Un proceso sin retransmisión pública

Aunque se trata de un juicio inédito en España, el Tribunal Supremo ha decidido no retransmitir las sesiones en directo.
A lo largo del proceso declararán unos cuarenta testigos, entre ellos políticos, periodistas y miembros de la Guardia Civil.
El último en declarar será el propio Álvaro García Ortiz, quien sigue al frente de la Fiscalía General del Estado durante la vista.


Qué consecuencias puede tener el juicio

Si el Tribunal Supremo declarara culpable al fiscal general, la sentencia podría implicar:

  • Entre 4 y 6 años de cárcel,

  • 12 años de inhabilitación para ejercer un cargo público,

  • y una multa superior a los 400.000 euros.

Por el momento, el proceso continúa abierto, y se espera que el fallo se conozca antes de final de mes.


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