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Así se comunicaba el estafador del fraude en EMT València con la empleada despedida: «Va todo muy bien»

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VALÈNCIA, 23 Oct. – El hombre que se hizo pasar por abogado para presuntamente estafar fondos de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de València prohibió a la trabajadora que ha sido despedida a causa de este fraude que hablara con el resto de personas implicadas en la supuesta operación económica con una empresa china aludiendo a cuestiones de «confidencialidad».

Así se desprende de la declaración jurada que la propia empleada realizó ante la responsable jurídica de la empresa pública el 23 de septiembre, cuando se destapó el fraude que provocó su despido.

El documento, al que ha tenido acceso Europa Press, deja constancia de que la trabajadora recibió múltiples correos y alrededor de una decena de llamadas del estafador. La primera de ellas se realizó el 3 de septiembre, cuando una persona que se identificó como el señor Parada, abogado de una conocida consultora, le explica que se va a llevar a cabo una oferta pública de acciones y que le va a enviar un documento de confidencialidad para que lo firme. Ya aquí le reclama total discreción para el éxito de la operación.

La trabajadora mostró extrañeza pero poco después recibió un correo electrónico de alguien que se hacía pasar por el presidente de la EMT y concejal de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi, corroborando la autenticidad de la llamada recibida y solicitándole también discreción en este asunto.

Una vez recibida esta supuesta confirmación, el estafador y la trabajadora hablaron de cómo se realizaría el pago de las facturas. Ella le apuntó que el sistema era mediante firma mancomunada del gerente de la empresa, que se encontraba en ese momento de vacaciones, y la jefa de Gestión, de baja por maternidad. De acuerdo a su declaración, la empleada pensó que todo se había tramitado desde la oficina de Grezzi. Así, quedaron en que las transferencias se harían ordenadas a través de carta firmadas por ambos directivos.

Desde aquel día y hasta el 23 de septiembre, el falso abogado comunica varias veces con la trabajadora para saber si existía saldo disponible y previsión de tesorería para realizar el pago de las facturas que enviaba.

En una de estas comunicaciones, la trabajadora informa al supuesto abogado de que el director gerente de la EMT ya ha regresado de sus vacaciones por lo que ella podía recoger su firma para la carta de pago. A esto, el presunto estafador se niega y prohíbe a la empleada que hable con el resto de personas implicadas en la operación.

LA OPERACIÓN «IBA MUY BIEN»
En otra de las llamadas, el falso Parada le indica a la trabajadora que la operación iba muy bien y que se iba a realizar una nueva transferencia.

De la declaración se desprende además que los pagos causaron también recelos en entidades bancarias. De hecho, ya el día 20 un gestor de CaixaBank señala que le están poniendo muchas pegas para realizar las trasferencias y reclama las cartas de pago de las mismas, así como las facturas.

Ya el 23 de septiembre, la empleada informa a Parada de esta petición y, ante el silencio de este y en cumplimiento de la ley, envía la copia de las facturas pagadas al representante del banco. Ese mismo día, el estafador y la trabajadora mantienen una conversación telefónica en la que ella le expone que el banco está pidiendo confirmación de transferencias a los apoderados y que no se podía aguantar más el tema de la confidencialidad, en la que estafador insiste a lo largo de todo el proceso. El falso abogado le dice que esté tranquila.

En total, el fraude en la EMT València está cuantificado en 4 millones de euros, aunque las pretensiones del estafador superaban los 11 millones, según han revelado los correos electrónicos y de la propia declaración.

Fuente: (EUROPA PRESS)

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Sánchez plantea prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años

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Sánchez plantea prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años y endurecer el control sobre el odio digital

El Gobierno anuncia nuevas medidas para responsabilizar a las plataformas digitales que no retiren contenido ilegal o de odio.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado una futura prohibición del uso de redes sociales para menores de 16 años, dentro de una estrategia más amplia para reforzar la protección de los jóvenes en el entorno digital y combatir la difusión de contenido de odio e ilegal en internet.

La iniciativa contempla mayores obligaciones para las plataformas tecnológicas, que deberán retirar este tipo de contenidos de forma más rápida y eficaz. En caso de incumplimiento, el Ejecutivo prevé acciones legales y sanciones que podrían alcanzar no solo a las empresas, sino también a sus responsables directivos.

Objetivos de la medida

  • Proteger a los menores frente a riesgos digitales y discursos dañinos

  • Reforzar la responsabilidad legal de las plataformas digitales

  • Combatir la proliferación de mensajes de odio y contenidos ilícitos en redes

  • Adaptar la legislación española al nuevo contexto tecnológico europeo

El anuncio se enmarca en el debate europeo sobre la regulación de las grandes plataformas, en línea con normativas como la Ley de Servicios Digitales (DSA), que busca un mayor control sobre los contenidos que circulan en internet.

La propuesta abre ahora un proceso político y legislativo que determinará cómo se verificará la edad de los usuarios, qué redes se verán afectadas y qué sanciones concretas se aplicarán en caso de incumplimiento.

Países donde ya se limita o prohíbe el acceso de menores a las redes sociales

La propuesta anunciada en España no es un caso aislado. Varios países ya han aprobado prohibiciones o restricciones severas al uso de redes sociales por parte de menores, especialmente para protegerlos frente a contenidos nocivos, adicción digital y discursos de odio.

Australia

Australia se ha convertido en uno de los referentes internacionales tras aprobar una prohibición del acceso a redes sociales para menores de 16 años, obligando a las plataformas a verificar la edad de los usuarios. El incumplimiento puede acarrear multas millonarias para las empresas tecnológicas.

China

China mantiene desde hace años una de las regulaciones más estrictas del mundo. Los menores tienen límites de tiempo muy reducidos, controles parentales obligatorios y restricciones de acceso nocturno, especialmente en redes sociales y plataformas de vídeo.

Estados Unidos

Aunque no existe una prohibición federal, varios estados han aprobado leyes que limitan el acceso de menores, exigen verificación de edad o requieren consentimiento paterno para usar redes sociales. Estas medidas han abierto un intenso debate legal con las grandes tecnológicas.

Francia

Francia ha impulsado normas que obligan a contar con autorización parental para menores de 15 años, además de reforzar la responsabilidad de las plataformas en la retirada de contenidos ilegales o dañinos.

Corea del Sur

El país asiático ha aplicado políticas de control del uso digital juvenil, con restricciones horarias y herramientas obligatorias para evitar la adicción a redes y videojuegos en menores.

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