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Así se comunicaba el estafador del fraude en EMT València con la empleada despedida: «Va todo muy bien»

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VALÈNCIA, 23 Oct. – El hombre que se hizo pasar por abogado para presuntamente estafar fondos de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de València prohibió a la trabajadora que ha sido despedida a causa de este fraude que hablara con el resto de personas implicadas en la supuesta operación económica con una empresa china aludiendo a cuestiones de «confidencialidad».

Así se desprende de la declaración jurada que la propia empleada realizó ante la responsable jurídica de la empresa pública el 23 de septiembre, cuando se destapó el fraude que provocó su despido.

El documento, al que ha tenido acceso Europa Press, deja constancia de que la trabajadora recibió múltiples correos y alrededor de una decena de llamadas del estafador. La primera de ellas se realizó el 3 de septiembre, cuando una persona que se identificó como el señor Parada, abogado de una conocida consultora, le explica que se va a llevar a cabo una oferta pública de acciones y que le va a enviar un documento de confidencialidad para que lo firme. Ya aquí le reclama total discreción para el éxito de la operación.

La trabajadora mostró extrañeza pero poco después recibió un correo electrónico de alguien que se hacía pasar por el presidente de la EMT y concejal de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi, corroborando la autenticidad de la llamada recibida y solicitándole también discreción en este asunto.

Una vez recibida esta supuesta confirmación, el estafador y la trabajadora hablaron de cómo se realizaría el pago de las facturas. Ella le apuntó que el sistema era mediante firma mancomunada del gerente de la empresa, que se encontraba en ese momento de vacaciones, y la jefa de Gestión, de baja por maternidad. De acuerdo a su declaración, la empleada pensó que todo se había tramitado desde la oficina de Grezzi. Así, quedaron en que las transferencias se harían ordenadas a través de carta firmadas por ambos directivos.

Desde aquel día y hasta el 23 de septiembre, el falso abogado comunica varias veces con la trabajadora para saber si existía saldo disponible y previsión de tesorería para realizar el pago de las facturas que enviaba.

En una de estas comunicaciones, la trabajadora informa al supuesto abogado de que el director gerente de la EMT ya ha regresado de sus vacaciones por lo que ella podía recoger su firma para la carta de pago. A esto, el presunto estafador se niega y prohíbe a la empleada que hable con el resto de personas implicadas en la operación.

LA OPERACIÓN «IBA MUY BIEN»
En otra de las llamadas, el falso Parada le indica a la trabajadora que la operación iba muy bien y que se iba a realizar una nueva transferencia.

De la declaración se desprende además que los pagos causaron también recelos en entidades bancarias. De hecho, ya el día 20 un gestor de CaixaBank señala que le están poniendo muchas pegas para realizar las trasferencias y reclama las cartas de pago de las mismas, así como las facturas.

Ya el 23 de septiembre, la empleada informa a Parada de esta petición y, ante el silencio de este y en cumplimiento de la ley, envía la copia de las facturas pagadas al representante del banco. Ese mismo día, el estafador y la trabajadora mantienen una conversación telefónica en la que ella le expone que el banco está pidiendo confirmación de transferencias a los apoderados y que no se podía aguantar más el tema de la confidencialidad, en la que estafador insiste a lo largo de todo el proceso. El falso abogado le dice que esté tranquila.

En total, el fraude en la EMT València está cuantificado en 4 millones de euros, aunque las pretensiones del estafador superaban los 11 millones, según han revelado los correos electrónicos y de la propia declaración.

Fuente: (EUROPA PRESS)

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Julio Iglesias demanda a Yolanda Díaz por llamarlo “abusador sexual”

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julio iglesias estado salud
Julio Iglesias-ARCHIVO

Julio Iglesias pasa al contraataque judicial contra Yolanda Díaz

El cantante Julio Iglesias ha presentado una demanda de conciliación contra la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, por las declaraciones en las que lo calificó de “abusador sexual” y habló de supuestas situaciones de “esclavitud” y “estructura de poder basada en la agresión permanente”.

La acción judicial, paso previo a una posible querella por calumnias o injurias, solicita que la ministra de Trabajo se retracte públicamente, reconozca el daño causado y abone una indemnización en función de la difusión de sus manifestaciones.


La demanda se produce tras el archivo de la denuncia en la Audiencia Nacional

El movimiento del artista llega después de que la denuncia presentada por dos extrabajadoras ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional fuera archivada en enero por falta de competencia.

Según el escrito de la defensa, Iglesias nunca ha tenido la condición de investigado ni de sospechoso en el procedimiento.


Las declaraciones de Yolanda Díaz en redes y televisión

Los abogados del cantante señalan especialmente un mensaje publicado por Díaz en redes sociales el 13 de enero, en el que aludía a testimonios de extrabajadoras y agradecía a periodistas por difundir el caso.

Además, citan una entrevista en televisión en la que la vicepresidenta se refirió al artista como “presunto agresor” y habló de vulneraciones graves de derechos en el entorno laboral.

Tras conocerse la demanda, Díaz reafirmó su postura señalando que seguirá defendiendo a las mujeres trabajadoras “con denuncias o sin denuncias”.


La defensa invoca la presunción de inocencia

El equipo jurídico del cantante, encabezado por el penalista José Antonio Choclán, sostiene que las declaraciones de la vicepresidenta vulneran el derecho a la presunción de inocencia y afectan al honor y la reputación del artista.

El escrito argumenta que atribuir la condición de víctimas a las denunciantes sin hechos acreditados supone emitir prejuicios de culpabilidad desde una posición institucional.


Posibles nuevas acciones legales

La demanda de conciliación es el primer paso dentro de una estrategia legal más amplia. La defensa también ha solicitado acceder al contenido íntegro de las actuaciones de la Fiscalía para valorar si procede emprender otras acciones, incluido el análisis de un posible delito de denuncia falsa.


Un conflicto con dimensión política y mediática

El caso añade tensión al debate público sobre las acusaciones, el papel de las instituciones y la protección de la reputación, situando el foco tanto en el ámbito judicial como en el político.

La evolución del procedimiento dependerá ahora de si se produce un acto de conciliación o si finalmente se formaliza una querella.


 

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