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Así se comunicaba el estafador del fraude en EMT València con la empleada despedida: «Va todo muy bien»

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VALÈNCIA, 23 Oct. – El hombre que se hizo pasar por abogado para presuntamente estafar fondos de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de València prohibió a la trabajadora que ha sido despedida a causa de este fraude que hablara con el resto de personas implicadas en la supuesta operación económica con una empresa china aludiendo a cuestiones de «confidencialidad».

Así se desprende de la declaración jurada que la propia empleada realizó ante la responsable jurídica de la empresa pública el 23 de septiembre, cuando se destapó el fraude que provocó su despido.

El documento, al que ha tenido acceso Europa Press, deja constancia de que la trabajadora recibió múltiples correos y alrededor de una decena de llamadas del estafador. La primera de ellas se realizó el 3 de septiembre, cuando una persona que se identificó como el señor Parada, abogado de una conocida consultora, le explica que se va a llevar a cabo una oferta pública de acciones y que le va a enviar un documento de confidencialidad para que lo firme. Ya aquí le reclama total discreción para el éxito de la operación.

La trabajadora mostró extrañeza pero poco después recibió un correo electrónico de alguien que se hacía pasar por el presidente de la EMT y concejal de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi, corroborando la autenticidad de la llamada recibida y solicitándole también discreción en este asunto.

Una vez recibida esta supuesta confirmación, el estafador y la trabajadora hablaron de cómo se realizaría el pago de las facturas. Ella le apuntó que el sistema era mediante firma mancomunada del gerente de la empresa, que se encontraba en ese momento de vacaciones, y la jefa de Gestión, de baja por maternidad. De acuerdo a su declaración, la empleada pensó que todo se había tramitado desde la oficina de Grezzi. Así, quedaron en que las transferencias se harían ordenadas a través de carta firmadas por ambos directivos.

Desde aquel día y hasta el 23 de septiembre, el falso abogado comunica varias veces con la trabajadora para saber si existía saldo disponible y previsión de tesorería para realizar el pago de las facturas que enviaba.

En una de estas comunicaciones, la trabajadora informa al supuesto abogado de que el director gerente de la EMT ya ha regresado de sus vacaciones por lo que ella podía recoger su firma para la carta de pago. A esto, el presunto estafador se niega y prohíbe a la empleada que hable con el resto de personas implicadas en la operación.

LA OPERACIÓN «IBA MUY BIEN»
En otra de las llamadas, el falso Parada le indica a la trabajadora que la operación iba muy bien y que se iba a realizar una nueva transferencia.

De la declaración se desprende además que los pagos causaron también recelos en entidades bancarias. De hecho, ya el día 20 un gestor de CaixaBank señala que le están poniendo muchas pegas para realizar las trasferencias y reclama las cartas de pago de las mismas, así como las facturas.

Ya el 23 de septiembre, la empleada informa a Parada de esta petición y, ante el silencio de este y en cumplimiento de la ley, envía la copia de las facturas pagadas al representante del banco. Ese mismo día, el estafador y la trabajadora mantienen una conversación telefónica en la que ella le expone que el banco está pidiendo confirmación de transferencias a los apoderados y que no se podía aguantar más el tema de la confidencialidad, en la que estafador insiste a lo largo de todo el proceso. El falso abogado le dice que esté tranquila.

En total, el fraude en la EMT València está cuantificado en 4 millones de euros, aunque las pretensiones del estafador superaban los 11 millones, según han revelado los correos electrónicos y de la propia declaración.

Fuente: (EUROPA PRESS)

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Plus Ultra: el polémico rescate de 53 millones a una aerolínea de un solo avión vuelve a señalar a Zapatero

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La SEPI aprobó la ayuda para una compañía que apenas representaba el 0,03% del tráfico aéreo español. La UDEF investiga ahora un posible delito de blanqueo de capitales vinculado al uso de los fondos públicos.


La investigación sobre Plus Ultra se reactiva: registro policial y sospechas de blanqueo

El controvertido rescate de Plus Ultra Líneas Aéreas, aprobado por la SEPI en 2021 por un total de 53 millones de euros, vuelve a estar bajo los focos. A primera hora de este jueves, agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) registraron la sede de la compañía en Madrid en busca de indicios relacionados con un presunto delito de blanqueo de capitales.

La investigación apunta a que la aerolínea pudo utilizar parte del dinero del rescate para devolver préstamos vinculados a sociedades radicadas en el extranjero, supuestamente relacionadas con una organización criminal dedicada al blanqueo de fondos provenientes de Venezuela, según adelantó ABC.


Una aerolínea con un solo avión y el 0,03% del tráfico aéreo

Cuando la SEPI otorgó la ayuda en marzo de 2021 mediante el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, Plus Ultra solo contaba con una aeronave activa y operaba principalmente rutas entre España y Venezuela. Aun así, el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda la clasificó como “empresa estratégica”.

Los datos de actividad previos a la pandemia refuerzan las dudas sobre esa consideración: en 2019, Plus Ultra operó solo 823 vuelos en España, situándose en el puesto 166 del tráfico aéreo. Esto representaba un insignificante 0,03% de las 2,36 millones de operaciones registradas por Aena durante ese año.


Ábalos se desmarca y apunta a Zapatero

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha reiterado que se enteró del rescate en el mismo Consejo de Ministros en el que se aprobó, pese a que correspondía a su ámbito competencial.

En declaraciones a El Confidencial, insistió en que nunca tuvo intervención en la operación y sugirió la posible influencia del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero:

“Me enteré en pleno Consejo de Ministros. Es muy raro que llegue un asunto de Transportes sin informarme previamente. Ahí me di cuenta de que se daba una ayuda a esta compañía.”


Los nombres clave dentro de la SEPI y la sombra de Aldama

En el consejo de la SEPI que autorizó la ayuda participaron la actual ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, y Carlos Moreno, director de Gabinete de la ministra de Hacienda, conocido por haber aplazado una deuda tributaria de una sociedad del empresario Víctor Aldama, también implicado en causas judiciales.

La banca española ya había rechazado previamente conceder a Plus Ultra un préstamo avalado por el ICO, por lo que el rescate estatal fue su única vía de financiación.


Un caso archivado… hasta hoy

En 2022, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar si en la concesión del rescate pudieron cometerse delitos de malversación o cohecho, llegando a imputar al expresidente de la SEPI, Bartolomé Lora. Sin embargo, en 2023, la jueza Esperanza Collazos archivó el caso al considerar que se aplicó el decreto de ayudas de manera correcta.

El registro de la UDEF reabre ahora el debate público, reaviva las sospechas sobre la operación y coloca al Gobierno de Pedro Sánchez ante una nueva crisis política vinculada a la polémica aerolínea.

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