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Aumentan un 114% las indemnizaciones y ayudas para las víctimas de violencia de género

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Mujeres asesinadas violencia machista España 2023

La Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, en su labor en la lucha contra la violencia machista, ha destinado este año 1,6 millones de euros, un 114% más que el pasado año, para financiar ayudas e indemnizaciones a víctimas de violencia, previstas en la Ley Integral contra la Violencia sobre la Mujer de la Comunitat Valenciana.

Según se desprende de las resoluciones de publicidad de crédito publicadas en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), entre las tres líneas presupuestarias, la Conselleria de igualdad destina un total de 1.625.000 euros, mientras que el pasado ejercicio se destinaron 760.000 euros.

Durante el pasado 2017, el número de solicitudes concedidas en las tres líneas de ayudas ascendió a 292; en 2016, fueron 326, y 260 las concedidas en 2015.

El mayor crecimiento presupuestario se encuentra en la línea específica para atender el derecho a la indemnización por causa de muerte, como consecuencia de u
na acto de violencia sobre la mujer, para los hijos e hijas menores de edad, o mayores de edad o personas ascendientes que dependan económicamente de la víctima. En este apartado, la Conselleria ha fijado para este año un presupuesto de 525.000 euros frente a los 60.000 euros de 2017.

Este crecimiento se debe a la incorporación en el presupuesto de una de las medidas que contempla el Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista, la equiparación de las indemnizaciones a las víctimas de violencia machista con las que reciben las víctimas del terrorismo. De esta manera la cuantía pasa de los 6.000 euros previstos en 2017 a 75.000 euros en 2018.

Cabe recordar que las cuantías previstas para el fondo de emergencia, van desde los 200 euros para cubrir necesidades básicas, hasta 6.000 euros para necesidades de alojamiento y hasta 500 euros para transporte o desplazamientos, así como un máximo de 75.000 euros para afrontar cualquier otra necesidad que procure la seguridad y protección de las víctimas.

En 2017, Igualdad concedió dos solicitudes de indemnización por causa de muerte, ambas en Alicante.

Respecto a la línea específica de ayudas a las mujeres víctimas de violencia de género inempleables, con orden de protección vigente y que acrediten insuficiencia de recursos, cuenta para este año con 850.000 euros frente a los 600.000 euros en 2017.

En 2017 el número de solicitudes concedidas en este apartado por parte de la Conselleria de Igualdad ascendió a 124, de las cuales 32 eran de Alicante, 25 de Castellón y 67 de València.
Asimismo, Igualdad prevé una cuantía de 250.000 euros para ayudas del fondo de emergencias contra la violencia sobre la mujer, constituido por ayudas económicas inmediatas de pago único para las víctimas de violencia sobre la mujer, con el objeto de atender sus necesidades más urgentes en casos de emergencia y que se gestiona a través de entidades colaboradoras.

El pasado 2017, con una consignación presupuestaria de 100.000 euros, la Conselleria concedió un total de 166 ayudas del fondo de emergencia en la Comunitat Valenciana, 59 de Alicante, 37 de Castellón y 70 de València.

Las cuantías previstas para el fondo de emergencia, van desde los 200 euros para cubrir necesidades básicas, hasta 2.000 euros para necesidades de alojamiento y hasta 500 euros para transporte o desplazamientos, así como un máximo de 2.000 euros para afrontar cualquier otra necesidad que procure la seguridad y protección de las víctimas.

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Antonio Pelayo, histórico corresponsal de Antena 3 en Roma, será juzgado por presunta agresión sexual

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Antonio Pelayo-ATRESMEDIA

La Fiscalía de Roma pide juzgar a Antonio Pelayo por presunta violencia sexual

La Fiscalía de Roma ha solicitado la apertura de juicio contra el sacerdote y periodista español Antonio Pelayo, corresponsal en la capital italiana desde hace décadas, por un presunto delito de violencia sexual denunciado por un joven productor de televisión. La información ha sido adelantada por El Mundo, medio que ha tenido acceso tanto a la denuncia, como al escrito de acusación del Ministerio Público y a mensajes intercambiados entre denunciante y acusado.

Según el reportaje, el Tribunal Penal de Roma ha fijado la primera audiencia para el 14 de mayo de 2026, fecha en la que Pelayo deberá comparecer como acusado. El periodista declinó hacer declaraciones al medio por recomendación de su abogado.

Qué investiga la justicia italiana

De acuerdo con el escrito de la Fiscalía incorporado a la causa, los hechos investigados se habrían producido en mayo de 2025, durante un encuentro de carácter profesional en el domicilio de Antonio Pelayo en Roma. El Ministerio Público sostiene que el acusado habría realizado actos sexuales sin consentimiento, que encuadra jurídicamente en el artículo 609-bis del Código Penal italiano, relativo al delito de violencia sexual.

La acusación describe dos episodios. En el primero, Pelayo se habría acercado de forma repentina al denunciante mientras ambos estaban sentados en un sofá, sujetándolo por el hombro, besándolo entre el cuello y el hombro e introduciendo la mano bajo su camiseta, tocándole diversas partes del torso e impidiendo su reacción.

El segundo episodio, siempre según la Fiscalía, habría tenido lugar en la cocina, donde el acusado habría abrazado al denunciante por delante e introducido ambas manos bajo su pantalón, tocándole repetidamente el trasero.

Cronología de los hechos y de la denuncia

El reportaje de El Mundo reconstruye una cronología detallada del caso:

  • Finales de febrero de 2025: el productor contacta con Pelayo en el contexto de trabajos informativos previos a un posible cónclave.

  • 7 y 8 de mayo de 2025: se celebra el cónclave al que alude el reportaje.

  • Viernes 23 de mayo de 2025: fecha en la que el denunciante sitúa el episodio en el domicilio del periodista.

  • 24, 25 y 26 de mayo de 2025: intercambio de mensajes en los que Pelayo pide disculpas de forma reiterada.

  • 28 de mayo de 2025: el denunciante presenta la denuncia ante una comisaría del centro de Roma.

Tras la denuncia, los Carabinieri abrieron una investigación y Pelayo prestó declaración en sede judicial. Su defensa solicitó el archivo de la causa, petición que fue rechazada.

Situación procesal actual

Según el reportaje, la Fiscalía de Roma solicitó formalmente el enjuiciamiento el 6 de noviembre, tras analizar las pruebas recabadas durante la investigación. El Tribunal Penal de Roma notificó posteriormente a las partes la fecha de la primera vista, prevista para mayo de 2026.

La investigación ha sido coordinada por Ilaria Corda y Giuseppe Cascini, fiscales especializados en delitos sexuales, junto con los Carabinieri. La acusación particular está representada por los abogados Massimiliano Lecce y Federico Olivo.

Reacciones recogidas

El denunciante realiza una única declaración pública en el reportaje, sin entrar en detalles: “Para mí, todas las personas que conocen los hechos son cómplices”, y denuncia un supuesto clima de silencio en torno al caso. Tras los hechos, acudió a una psicóloga el mismo día en que presentó la denuncia y recibió el respaldo de su empresa. A finales de 2025, la cadena internacional para la que trabaja lo destinó fuera de Italia.

En cuanto a Antonio Pelayo, el reportaje señala que rechazó hacer declaraciones públicas, siguiendo el consejo de su abogado. También se reproducen mensajes atribuidos al periodista en los que expresa arrepentimiento y vergüenza por lo ocurrido, siempre según el texto publicado.

Perfil de Antonio Pelayo

Antonio Pelayo Bombín nació en Valladolid en enero de 1944. Ingresó en el seminario a los 11 años, se formó con los jesuitas en Comillas y se ordenó sacerdote tras cursar Filosofía y Teología.

En el ámbito periodístico, inició su carrera en el diario Ya y en publicaciones culturales antes de trasladarse a París en 1976 como corresponsal. Desde 1986 reside en Roma, donde ha cubierto la información del Vaticano y la vida italiana durante más de cuatro décadas. Ha informado sobre cinco cónclaves y es corresponsal de Antena 3, siendo considerado uno de los vaticanistas más veteranos.

El reportaje añade que desde 2005 ha sido asesor voluntario —no remunerado— de la Embajada de España ante la Santa Sede, aunque fuentes del Ministerio de Exteriores señalan que actualmente no ejerce dicha función mientras se sigue la evolución del caso judicial.

 

 

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