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CASO IVAM | Anticorrupción pide 6 años de prisión para Consuelo Císcar por la compra de obras falsas

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VALÈNCIA, 28 Nov.-La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado para la exdirectora del Institut Valencià d’Art Modern (IVAM), Consuelo Ciscar, una pena de seis años de cárcel al considerarla responsable de la malversación de fondos del museo a través de la compra de obras falsas del artista Gerardo Rueda. Asimismo, el Ministerio Público ha pedido cinco años y medio de prisión para el hijo del creador, José Luis Rueda, y la misma condena para el exdirector económico del museo, Juan Carlos Lledó.

Por su parte, la acusación particular, que ejerce Acción Cívica contra la Corrupción, ha reclamado penas más altas: 12 años de cárcel para Ciscar, Lledó y Rueda.

La fiscal del caso mantiene que «entre los años 2004 a 2011, los acusados Consuelo Císcar Casabán y José Luis Rueda Jiménez urdieron un plan al margen de la Presidencia y del Consejo Rector del Instituto, consistente en desviar parte de los fondos públicos que recibía el museo (…) en la adquisición de distintas obras de arte como si fueran originales del artista Gerardo Rueda, fallecido el 25 de mayo de 1996, cuando en realidad se trataban de reproducciones póstumas con un valor muy inferior al establecido por el vendedor y abonado por el IVAM».

En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, se tiene a Consuelo Ciscar por autora del delito continuado de prevaricación administrativa, del de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público y del de malversación de caudales públicos en su modalidad agravada.

Por ello, ha pedido la pena de seis años de prisión, multa de 24 meses con cuota diaria de 200 euros e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, así como inhabilitación especial por tiempo de 6 años.

Para Juan Carlos Lledó, ha solicitado la pena de cinco años y seis meses de prisión, multa de 21 meses con cuota diaria de 100 euros e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, así como inhabilitación especial para empleo cargo público por tiempo de cinco años y seis meses por los delitos continuados de prevaricación administrativa, falsedad en documento oficial, en concurso medial con malversación de caudales públicos.

Finalmente, para José Luis Rueda, ha solicitado, por malversación de caudales públicos, cinco años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, así como inhabilitación absoluta por tiempo de 20 años.

INDEMNIZACIÓN DE CASI 3,5 MILLONES AL IVAM
Además, por el concepto de responsabilidad civil, la fiscal ha abogado por que los acusados indemnicen al IVAM, conjunta y solidariamente, con 3.456.876 euros.

Por su parte, la acusación particular ha elevado en su escrito, consultado por Europa Press, hasta 12 años las penas para los acusados. En la misma línea, también aumenta la posible indemnización: más de 4,1 millones de euros.

Ha subrayado esta parte que Ciscar y Lledó «en total connivencia con José Luis Rueda, hijo adoptivo y heredero del artista Gerardo Rueda, con el fin de lucrarse en perjuicio del erario público, tramitaron entre los años 2004 y 2006 dos expedientes de adquisición de obras de supuesta autoría del mencionado artista».

Así, ha continuado, mediante compra y donación de José Luis Rueda el museo adquirió «un total de 98 obras de arte no originales realizadas post mortem haciéndolas pasar de manera consciente e intencionada como originales y de autoría de difunto artista».

COPIAS «SIN COTIZACIÓN EN EL MERCADO»
Anticorrupción ha concluido que, durante el periodo de tiempo en el Ciscar cumplió las funciones de dirección, el IVAM destinó 3.456.876 euros a la adquisición de unas obras «que no tenían la consideración de obras originales, tratándose de copias post mortem que carecen de cotización en el mercado».

Por todo lo relatado, tiene a Consuelo Ciscar por autora del delito continuado de prevaricación administrativa, de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público y de malversación de caudales públicos en su modalidad agravada. Y le pide la pena de seis años de prisión, multa de 144.000 euros, así como inhabilitación especial por tiempo de 6 años.

Para Juan Carlos Lledó solicita la pena de cinco años y seis meses de prisión e inhabilitación y multa de 63.000 euros por los delitos continuados de prevaricación administrativa, falsedad en documento oficial, en concurso medial con malversación de caudales públicos. Finalmente, para José Luis Rueda, reclama, por delito continuado de malversación de caudales públicos, cinco años de prisión e inhabilitación absoluta por 20 años.

INDEMNIZACIÓN DE CASI 3,5 MILLONES AL IVAM
Además, por el concepto de responsabilidad civil, la fiscal aboga por que los acusados indemnicen al IVAM, conjunta y solidariamente, con 3.456.876 euros.

Por su lado, la acusación popular eleva en su escrito, consultado por Europa Press, hasta 12 años las penas para los acusados, en todos los casos por delito continuado de malversación de caudales públicos e su tipo agravado en concurso medial con los delitos continuados de prevaricación y falsedad documental.

Subraya esta parte que Ciscar y Lledó «en total connivencia con José Luis Rueda, hijo adoptivo y heredero del artista Gerardo Rueda, con el fin de lucrarse en perjuicio del erario público, tramitaron entre los años 2004 y 2006 dos expedientes de adquisición de obras de supuesta autoría del mencionado artista».

Así, continúa, mediante compra y donación de José Luis Rueda el museo adquirió «un total de 98 obras de arte no originales realizadas post mortem haciéndolas pasar de manera consciente e intencionada como originales y de autoría de difunto artista».

En la misma línea, también aumenta la cuantía de la posible indemnización: más de 4,1 millones de euros, ya que a los 2,9 millones en los que cifra la posible operación de compraventa fraudulenta y los más de 512.00 del coste de fundición añade 719.987 euros por la «promoción de la supuesta obra de Gerardo Rueda, a cargo de los fondos públicos, una tapadera para promocionar de manera torticera obras de la colección privada del señor Rueda Jiménez».

FUENTE: EUROPA PRESS

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Telefónica eleva a 5.459 empleados afectados en el ERE

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Telefónica filtración datos

Telefónica ha actualizado la cifra de empleados afectados por su expediente de regulación de empleo (ERE), que alcanza ya los 5.459 trabajadores en España, a la espera de concluir las reuniones con dos filiales más. La compañía inicia así la segunda ronda de negociaciones tras plantear ajustes en varias de sus sociedades.

Ajustes en Telefónica Global Solutions

La filial Telefónica Global Solutions, creada en 2020 para potenciar el negocio internacional y canalizar operaciones mayoristas, de roaming y multinacionales, será la primera en afrontar un recorte significativo: 140 salidas, lo que representa aproximadamente el 22% de su plantilla, compuesta por más de 600 empleados.

Con esta medida, el total provisional del ERE Telefónica 2025 incluye ya ajustes en Telefónica España, Telefónica Móviles, Telefónica Soluciones y Movistar+, mientras que las filiales Telefónica Innovación Digital y la matriz Telefónica SA serán evaluadas en las próximas reuniones.

Segunda ronda de negociaciones

La jornada del martes contempla dos nuevas reuniones entre la dirección y los sindicatos, programadas a las 11:00 y 16:00 horas, para analizar los planes de reducción de plantilla en las sociedades restantes. Según la dinámica de negociaciones anteriores, tras presentar la propuesta inicial, se establecerá un calendario de consultas con un plazo aproximado de un mes para acordar los ajustes finales.

En el caso de las tres sociedades adheridas al Convenio de Empresas Vinculadas (CEV) —Telefónica España, Móviles y Soluciones—, la siguiente toma de contacto está prevista para el miércoles, cuando los sindicatos puedan presentar sus contrapropuestas tras estudiar el dossier elaborado por el gabinete Oliver Wyman.

Reacciones sindicales

Los trabajadores están representados por UGT, CCOO y Sumados-Fetico, quienes ya han manifestado sus posturas respecto al ERE. Entre las principales demandas, destacan la prórroga del convenio hasta 2030 para mantener mejoras laborales previas, así como la valoración positiva de las condiciones económicas incluidas en la propuesta inicial.

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