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Cinco hospitales valencianos usaron las mascarillas defectuosas que envió el Ministerio

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Un total de cinco departamentos de salud de la Comunitat Valenciana han llegado a utilizar mascarillas defectuosas que distribuyó el Ministerio de Sanidad y que fueron retiradas el pasado viernes por no cumplir con la normativa europea exigida para hacer frente al Covid-19. Uno de ellos es el Hospital Clínico de València, en el que parte de este material se llegó a emplear en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Así lo ha indicado este lunes la consellera de Sanidad Universal, Ana Barceló, en la rueda de prensa diaria que ofrece para actualizar datos del coronavirus en la Comunitat Valenciana.

La consellera ha explicado que las mascarillas que no cumplían con la normativa llegaron a cinco departamentos valencianos pero en cantidades «pequeñas» porque «se retiraron a tiempo». Se trata del General de Alicante –unas 124–, Orihuela, el Clínico de València –entre 150 y 180, aunque se están recabando datos–, Sant Joan y el Hospital Peset.

Los profesionales utilizaron estas mascarillas en diferentes días e intervalos de tiempo, ha indicado la consellera, quien ha manifestado que en algunos casos ya se han podido hacer los test PCR a profesionales, mientras que en otros más tardíos se están realizando y se hace un seguimiento.

Sobre las áreas en las que se han llegado a utilizar estas mascarillas, Barceló ha concretado que en dos departamentos se destinaron a servicios UCI, mientras que en los demás parece que fue en otros servicios, alguno sin afectados por Covid-19.

El Clínico es uno de los hospitales que sí llegó a utilizar el material en la UCI, y la consellera ha explicado que consta que entre los días 10 y 13 de abril se trabajó con las mismas. «Durante esos días se pudieron usar en la UCI y en otros servicios que no estaban en contacto con el Covid-19», ha dicho.

A estos profesionales, ha insistido, se les va a hacer la prueba, así como a las personas con las que hayan podido estar en contacto tanto dentro como fuera del hospital.

Barceló no ha podido concretar cuántos profesionales han dado positivo en Covid-19 por el uso de estas mascarillas defectuosas porque todavía se están recabando datos y se están llevando a cabo más pruebas. Tampoco ha trasladado los PCR practicados porque sigue a la espera de tener información confirmada.

La consellera ha manifestado que el hecho de que ocurra esta situación es «triste» y «dolorosa»: «Nos duele que ocurran estas cosas. Aunque sabemos que se piden todas las garantías, al parecer en algún momento esa garantía ha tenido alguna dificultad o problema», ha afirmado.

«Es doloroso –ha proseguido– porque siempre nos ha importado proteger a los profesionales. Nuestra obligación es protegerles, protegerles y protegerles, y esperamos que esto no vuelva a ocurrir. Seguiremos extremando las medidas posibles para detectarlo», ha avanzado.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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