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Cinco hospitales valencianos usaron las mascarillas defectuosas que envió el Ministerio

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Un total de cinco departamentos de salud de la Comunitat Valenciana han llegado a utilizar mascarillas defectuosas que distribuyó el Ministerio de Sanidad y que fueron retiradas el pasado viernes por no cumplir con la normativa europea exigida para hacer frente al Covid-19. Uno de ellos es el Hospital Clínico de València, en el que parte de este material se llegó a emplear en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Así lo ha indicado este lunes la consellera de Sanidad Universal, Ana Barceló, en la rueda de prensa diaria que ofrece para actualizar datos del coronavirus en la Comunitat Valenciana.

La consellera ha explicado que las mascarillas que no cumplían con la normativa llegaron a cinco departamentos valencianos pero en cantidades «pequeñas» porque «se retiraron a tiempo». Se trata del General de Alicante –unas 124–, Orihuela, el Clínico de València –entre 150 y 180, aunque se están recabando datos–, Sant Joan y el Hospital Peset.

Los profesionales utilizaron estas mascarillas en diferentes días e intervalos de tiempo, ha indicado la consellera, quien ha manifestado que en algunos casos ya se han podido hacer los test PCR a profesionales, mientras que en otros más tardíos se están realizando y se hace un seguimiento.

Sobre las áreas en las que se han llegado a utilizar estas mascarillas, Barceló ha concretado que en dos departamentos se destinaron a servicios UCI, mientras que en los demás parece que fue en otros servicios, alguno sin afectados por Covid-19.

El Clínico es uno de los hospitales que sí llegó a utilizar el material en la UCI, y la consellera ha explicado que consta que entre los días 10 y 13 de abril se trabajó con las mismas. «Durante esos días se pudieron usar en la UCI y en otros servicios que no estaban en contacto con el Covid-19», ha dicho.

A estos profesionales, ha insistido, se les va a hacer la prueba, así como a las personas con las que hayan podido estar en contacto tanto dentro como fuera del hospital.

Barceló no ha podido concretar cuántos profesionales han dado positivo en Covid-19 por el uso de estas mascarillas defectuosas porque todavía se están recabando datos y se están llevando a cabo más pruebas. Tampoco ha trasladado los PCR practicados porque sigue a la espera de tener información confirmada.

La consellera ha manifestado que el hecho de que ocurra esta situación es «triste» y «dolorosa»: «Nos duele que ocurran estas cosas. Aunque sabemos que se piden todas las garantías, al parecer en algún momento esa garantía ha tenido alguna dificultad o problema», ha afirmado.

«Es doloroso –ha proseguido– porque siempre nos ha importado proteger a los profesionales. Nuestra obligación es protegerles, protegerles y protegerles, y esperamos que esto no vuelva a ocurrir. Seguiremos extremando las medidas posibles para detectarlo», ha avanzado.

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El Supremo propone juzgar a Ábalos, Koldo y De Aldama por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

El Tribunal Supremo ha propuesto juzgar al exministro de Transportes José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia.
El magistrado Leopoldo Puente considera que los tres pudieron cometer delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y pertenencia a organización criminal.

 


Un auto que apunta a una trama de corrupción

En el auto dictado este lunes, el juez Puente señala que Ábalos, Koldo y De Aldama “se concertaron” poco después de que el exministro tomara posesión de su cargo en el Gobierno, aprovechando su influencia política para obtener beneficios económicos mediante contratos públicos relacionados con el suministro de mascarillas.

El instructor indica que los investigados utilizaron su posición y contactos para “beneficiarse económicamente de las adjudicaciones de contratos” y valerse de la influencia ministerial para favorecer a determinadas empresas.


Diez días para presentar acusaciones o solicitar archivo

El magistrado da un plazo de diez días a la Fiscalía y a las acusaciones populares —encabezadas por el Partido Popular (PP)— para presentar sus escritos de acusación o peticiones de archivo.
Además, podrán solicitar la práctica de diligencias complementarias si lo consideran necesario.


División de la causa: mascarillas y obras públicas

Esta decisión llega después de que en septiembre de 2025, el juez decidiera dividir la causa en dos partes:

  • una pieza principal centrada en los contratos de mascarillas del Ministerio de Transportes durante la pandemia,

  • y otra pieza separada, aún en fase inicial, sobre una supuesta trama de comisiones a cambio de obra pública.

El magistrado ya había advertido entonces que la investigación sobre las mascarillas estaba “muy avanzada”, mientras que la relativa a las obras públicas se encontraba “en fase incipiente”.


Indicios de pagos y contraprestaciones ilícitas

El juez Puente sostiene que existen “indicios muy consistentes” de que Víctor de Aldama entregó dinero tanto a José Luis Ábalos como a Koldo García “con el propósito de que estos realizaran actos contrarios a los deberes inherentes a sus cargos públicos”.

Según el auto, ambos recibieron retribuciones económicas como contraprestación a las gestiones realizadas en favor de las empresas que buscaban contratos con la Administración.
De Aldama, por su parte, habría actuado como intermediario, buscando empresas dispuestas a pagar a cambio de facilitar su relación con el Ministerio de Transportes.


El papel de Koldo García y la implicación de Ábalos

El auto judicial detalla que Koldo García, exasesor de Ábalos, usó su posición de confianza para realizar las gestiones necesarias y facilitar los contactos entre las empresas interesadas y los responsables públicos.
El juez apunta que Ábalos intervenía directamente cuando “su firma o su influencia personal resultaban indispensables”.


Un nuevo capítulo del ‘caso Koldo’

El llamado ‘caso Koldo’ estalló en 2024 al revelarse una presunta red de comisiones irregulares por contratos públicos durante la pandemia.
La propuesta de enjuiciamiento del Tribunal Supremo marca un punto de inflexión en la investigación, ya que por primera vez se apunta directamente al exministro de Transportes como parte activa de la trama.

 

 

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