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Cómo saber la caducidad de la etapa fértil femenina, el Dr. Landeras de IVI da las claves

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Con el objetivo de dar a conocer y concienciar sobre la caducidad de la etapa fértil femenina, IVI Murcia va a iniciar una campaña gratuita para revisar la reserva ovárica de las mujeres murcianas. La acción va destinada a mujeres entre 18 y 37 años que quieran conocer su reserva ovárica y poder planificar así el momento de su maternidad. José Landeras, director de IVI Murcia da las claves de esta iniciativa. 

¿Cómo surge la idea de realizar esta campaña de revisión de la reserva ovárica?

Vemos que la sociedad en general es bastante desconocedora del impacto que la edad tiene sobre la reserva ovárica así como del impacto que esa edad tiene sobre la capacidad reproductiva. Al poder conocer su reserva ovárica real, la población femenina tiene la oportunidad de poder plantearse a tiempo soluciones  actualmente disponibles  para preservar su fertilidad evitando en muchos casos el tener que plantearse en un futuro la donación de ovocitos al descubrir tarde que ese proceso de envejecimiento ovárico estaba ocurriendo.

¿Por qué es conveniente realizársela?

Porque no hay síntomas que la paciente pueda percibir para detectar precozmente que existe un problema de reserva ovárica y porque la sociedad en general desconoce que la reserva ovárica comienza a descender de manera importante a edades tempranas como son los 35 años y de forma crítica a partir de los 37-38. Por otra parte, en todo este proceso de declive de la reserva ovárica  se va perdiendo paralelamente la calidad de los óvulos lo que repercute directamente en la capacidad reproductiva de la mujer incluso a través de las técnicas de reproducción asistida.

¿A partir de qué edad es recomendable plantearse someterse  a esta revisión?

A partir de los 28-30 años ya es importante ya que hay algunos casos en los que la caída de la reserva ovárica se produce de manera acelerada conduciendo a lo que se llama el fallo ovárico precoz. En estos casos es aún más importante detectar a tiempo ese declive en la dotación de óvulos porque se reflejará en pérdida de capacidad reproductiva también de manera prematura.

¿En qué consiste exactamente la prueba?

La prueba es tan sencilla como la realización de una determinación de la hormona antimulleriana (AMH) que nos da una información muy fiel del estatus de la reserva ovárica de la paciente. Posteriormente en los casos en los que los niveles de AMH resulten bajos se aconseja realizar un control ecográfico para constatarlo y, por supuesto se le da el correcto asesoramiento médico a la paciente para poder acceder a soluciones para preservar su fertilidad.

¿A partir de qué datos/resultados debe preocuparse la paciente?

Hablamos de baja reserva ovárica con valores de AMH inferiores a 1,2 ng/ml. No obstante si el resultado es menor de 1,5 en general o en valores inferiores a 2 en pacientes muy jóvenes ya se debe asesorar a la paciente e indicarle la posibilidad/necesidad de preservar su fertilidad.

¿Qué soluciones aporta IVI cuando los resultados no son óptimos o los esperados?

La preservación de su fertilidad a través de la extracción y vitrificación de una parte de sus óvulos. La vitrificación es una técnica de congelación que respeta 100% su calidad y la preserva del paso del tiempo.

Preservar la fertilidad es una de las herramientas más eficaces: ¿Por qué es importante vitrificar los óvulos?

Porque si en el futuro la mujer se encuentra con los problemas reproductivos importantes que suele conllevar la edad, dispondría de sus propios óvulos con una capacidad reproductiva acorde a la edad a la que se le guardaron. Es decir, una mujer podría tener a los 40 años la capacidad reproductiva que tenía a los 35 si fuera esa la edad a la que se le congelaron los óvulos.

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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