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Competencia de la Generalitat tacha de «artificial» el proyecto del Consell sobre las VTC
Publicado
hace 7 añosen
VALÈNCIA, 14 Mar.- La Comisión de Defensa de la Competencia (CDC) de la Generalitat Valenciana cuestiona el proyecto del Consell de prestación del servicio de VTC al considerar que recoge «importantes limitaciones» en la precontratación y regula el servicio de VTC de una forma «más restrictiva» que el taxi, lo que genera «un claro perjuicio para el usuario» al «restringir la competencia limitando la oferta de mercado».
Así consta en un informe de la CDC, órgano adscrito a la Conselleria de Economía, sobre el Proyecto de Decreto-Ley del Consell de prestación del servicio de transporte público discrecional de personas viajeras mediante arrendamiento de vehículos con conductor (VTC) en el que se urge a «adoptar un enfoque global para regular en su conjunto el servicio de transporte urbano discrecional de personas».
En concreto, el documento, consultado por Europa Press, apunta a que el texto de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio «impone importantes limitaciones» a la prestación del servicio VTC en el único segmento del transporte urbano en el que todavía pueden competir con los taxis –el de la precontratación–, por lo que no cree que esta regulación sea «la opción más favorecedora de la competencia».
«Muy al contrario, la decisión de regular el servicio VTC de una manera más restrictiva que el del taxi, en lugar de adoptar un enfoque global para regular en su conjunto el servicio de transporte urbano discrecional de personas, supone un claro perjuicio para las personas usuarias en la medida en que restringe la competencia limitando la oferta en este mercado y les priva de posibles beneficios en términos de servicios más innovadores, más baratos y de mejor calidad», subraya.
Por ello, recomienda que la regulación en esta materia se realice mediante «una norma global que elimine la actual dualidad regulatoria que afecta a operadores que prestan servicios análogos en el mercado del transporte discrecional de personas en el ámbito urbano –taxi y VTC–, como sería deseable desde el punto de vista del favorecimiento de la competencia».
Además, considera que las justificaciones enunciadas en relación con problemas de movilidad, gestión de tráfico, protección del medio ambiente, y desequilibrio entre oferta y demanda «no son lo suficientemente sólidas como para sostener, desde el punto de vista de una regulación económicamente eficiente y favorecedora de la competencia, la adopción de una regulación como la propuesta que contiene importantes limitaciones para la prestación del servicio VTC».
En cuanto a la exigencia de un tiempo mínimo de precontratación, fijado en 15 minutos, el organismo considera que se trata de una «limitación artificial que impacta sobre una innovación valorada positivamente por las personas usuarias, que mejora el servicio prestado, y que responde a la lógica de la evolución tecnológica en beneficio de quienes utilizan el servicio», por lo remarca que «difícilmente puede considerarse necesaria ni proporcionada para la consecución de ninguno de los intereses públicos a que se refiere la norma».
Asimismo, señala que resulta también «discriminatoria, en la medida en que solo se aplica al servicio VTC y no al del taxi», por lo que recomienda que se elimine de la regulación propuesta.
Otro de los aspectos que aborda el informe son las prohibiciones en materia de estacionamiento y geolocalización, sobre los que considera que «constituyen limitaciones para la prestación del servicio VTC adicionales a las ya existentes en la normativa estatal, que no se encuentran justificadas ni son proporcionadas a ninguna razón de interés general», y que, de hecho, advierte de que «pueden tener efectos negativos respecto de alguna de ellas».
En cambio, ve «justificadas y proporcionadas» las exigencias relacionadas con la sustitución de vehículos que prestan el servicio VTC para la protección del medio ambiente, aunque insiste en reprobar que únicamente se apliquen a las VTC y no al taxi».
En este sentido, explica que dada la importancia de los problemas de congestión atmosférica que sufren las grandes ciudades, «resulta apropiado mantener estas exigencias en la regulación aplicable al transporte urbano, y se recomienda que las mismas se extiendan también al sector del taxi, para así ajustarlas a las exigencias del principio de nodiscriminación».
Fuente: Europa Press
Publicado
hace 5 horasen
1 diciembre, 2025
La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha activado un despliegue de 117 efectivos y 25 vehículos en Catalunya para apoyar las labores de contención del brote de peste porcina africana (PPA). Esta actuación se centra principalmente en el control sanitario y medioambiental para evitar la propagación de la enfermedad en la región.
El operativo cuenta con la participación de unidades especializadas, entre ellas:
Grupo de Intervención en Emergencias Tecnológicas y Medioambientales (GIETMA), con base en Torrejón de Ardoz.
IV Batallón de la UME, con sede en Zaragoza.
Estas unidades se encargan de tareas de intervención tecnológica y ambiental, garantizando la eficacia en la contención del brote y la protección de la industria porcina de Catalunya.
El despliegue tiene como objetivo:
Contener la propagación de la peste porcina africana entre explotaciones porcinas.
Apoyar a los servicios veterinarios y autoridades locales en medidas de control y seguridad sanitaria.
Realizar labores de desinfección y descontaminación en zonas afectadas.
Garantizar una respuesta rápida y coordinada ante emergencias agroalimentarias de alto riesgo.
La peste porcina africana es una enfermedad altamente contagiosa que afecta a los cerdos domésticos y jabalíes, sin riesgo para la salud humana, pero con un impacto económico significativo en la producción porcina y el comercio. La intervención de la UME refuerza la capacidad de contención rápida y minimiza las pérdidas en el sector.
La UME mantendrá la presencia en las zonas afectadas mientras sea necesario, colaborando con la Generalitat de Catalunya y otros organismos competentes para asegurar que las medidas de contención se implementen de manera efectiva y coordinada.
La peste porcina africana es una enfermedad vírica altamente contagiosa que afecta exclusivamente a cerdos domésticos y jabalíes.
No es zoonósica, es decir, no afecta a los humanos ni se transmite por consumo de carne, pero tiene un impacto devastador en la producción ganadera y en el comercio internacional de porcino.
Contacto directo entre animales infectados.
Restos biológicos, secreciones y cadáveres.
Piensos, vehículos o materiales contaminados.
Movimientos de fauna silvestre, especialmente jabalíes.
La enfermedad no tiene cura ni vacuna efectiva a nivel comercial en Europa, por lo que la prevención y la detección temprana son esenciales.
Tras la confirmación, el MAPA ha delimitado un área de vigilancia de 20 kilómetros, que incluye 64 municipios y afecta directamente a 39 explotaciones porcinas.
En el radio más cercano (6 km) se han decretado medidas excepcionales:
Cierre total del acceso al medio natural.
Suspensión de actividades de caza y trabajos forestales.
Prohibición de actividades en zonas rústicas por razones de bioseguridad.
Instalación de barreras físicas y trampas para controlar jabalíes.
Restricciones en el Parque Natural de Collserola.
Los municipios afectados incluyen Sabadell, Sant Quirze del Vallès, Polinyà, Santa Perpètua de Mogoda, Montcada i Reixac, Ripollet, Barberà del Vallès, Badia del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Sant Cugat, Terrassa y Rubí, entre otros.
Interporc ha informado de que todas las explotaciones de la zona verán restringida su actividad y los movimientos de entrada y salida. Además, se han activado inspecciones clínicas, análisis epidemiológicos y la toma de muestras.
El conseller Òscar Ordeig ha advertido del “gran impacto” económico, especialmente por el freno a las exportaciones.
El porcino supone el 19,3% de las exportaciones agroalimentarias de Cataluña, con unas 14 industrias de Barcelona potencialmente afectadas por el bloqueo comercial, especialmente hacia China. Si el confinamiento de granjas se prolonga un año, tal y como estima el Govern, el impacto será notable.
La Interprofesional destaca que estos dos casos se han detectado de forma precoz, lo que pone de manifiesto el alto nivel de vigilancia sanitaria en España y la coordinación entre administraciones.
España es un referente mundial en control sanitario porcino, una posición que debe protegerse para mantener la competitividad del sector.
La Federación Española de Caza ha recordado que los cazadores son fundamentales en:
La detección de cadáveres.
El control poblacional del jabalí, principal reservorio.
La vigilancia sanitaria en el territorio.
Además, llama a extremar la manipulación higiénica de piezas, gestionar adecuadamente los subproductos y evitar movimientos no autorizados de restos biológicos.
El jabalí es el principal vector de expansión en Europa. La OMSA advierte que, desde 2022, la PPA ha provocado la muerte de 2,2 millones de cerdos en 69 países, siendo Europa la región más afectada, con más de 30.000 focos entre cerdos y jabalíes en tres años.
Organizaciones agrarias como Unión de Uniones reclaman desde hace años un mayor control de fauna silvestre para evitar que enfermedades como esta encuentren un reservorio permanente.
Agricultura insiste en extremar la bioseguridad:
Limpieza y desinfección estricta de vehículos y materiales.
Control de acceso a explotaciones.
Limitación de visitas y movimiento de animales.
Vigilancia activa en jabalíes y cerdos.
Comunicación inmediata ante cualquier sospecha.
Con la activación del plan de contingencia:
Se intensificará la vigilancia epidemiológica.
Se rastreará el origen de la introducción del virus.
Se delimitarán nuevas zonas si aparecen más casos.
Se mantendrán las restricciones comerciales hasta que se declare oficialmente libre de enfermedad.
El objetivo es frenar la expansión, proteger al sector porcino y evitar que España pierda su estatus sanitario internacional, que ha costado décadas consolidar.
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