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Competencia de la Generalitat tacha de «artificial» el proyecto del Consell sobre las VTC

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VALÈNCIA, 14 Mar.- La Comisión de Defensa de la Competencia (CDC) de la Generalitat Valenciana cuestiona el proyecto del Consell de prestación del servicio de VTC al considerar que recoge «importantes limitaciones» en la precontratación y regula el servicio de VTC de una forma «más restrictiva» que el taxi, lo que genera «un claro perjuicio para el usuario» al «restringir la competencia limitando la oferta de mercado».

Así consta en un informe de la CDC, órgano adscrito a la Conselleria de Economía, sobre el Proyecto de Decreto-Ley del Consell de prestación del servicio de transporte público discrecional de personas viajeras mediante arrendamiento de vehículos con conductor (VTC) en el que se urge a «adoptar un enfoque global para regular en su conjunto el servicio de transporte urbano discrecional de personas».

En concreto, el documento, consultado por Europa Press, apunta a que el texto de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio «impone importantes limitaciones» a la prestación del servicio VTC en el único segmento del transporte urbano en el que todavía pueden competir con los taxis –el de la precontratación–, por lo que no cree que esta regulación sea «la opción más favorecedora de la competencia».

«Muy al contrario, la decisión de regular el servicio VTC de una manera más restrictiva que el del taxi, en lugar de adoptar un enfoque global para regular en su conjunto el servicio de transporte urbano discrecional de personas, supone un claro perjuicio para las personas usuarias en la medida en que restringe la competencia limitando la oferta en este mercado y les priva de posibles beneficios en términos de servicios más innovadores, más baratos y de mejor calidad», subraya.

«Norma global»

Por ello, recomienda que la regulación en esta materia se realice mediante «una norma global que elimine la actual dualidad regulatoria que afecta a operadores que prestan servicios análogos en el mercado del transporte discrecional de personas en el ámbito urbano –taxi y VTC–, como sería deseable desde el punto de vista del favorecimiento de la competencia».

Además, considera que las justificaciones enunciadas en relación con problemas de movilidad, gestión de tráfico, protección del medio ambiente, y desequilibrio entre oferta y demanda «no son lo suficientemente sólidas como para sostener, desde el punto de vista de una regulación económicamente eficiente y favorecedora de la competencia, la adopción de una regulación como la propuesta que contiene importantes limitaciones para la prestación del servicio VTC».

Precontratación de 15 munutos, «limitación artificial»

En cuanto a la exigencia de un tiempo mínimo de precontratación, fijado en 15 minutos, el organismo considera que se trata de una «limitación artificial que impacta sobre una innovación valorada positivamente por las personas usuarias, que mejora el servicio prestado, y que responde a la lógica de la evolución tecnológica en beneficio de quienes utilizan el servicio», por lo remarca que «difícilmente puede considerarse necesaria ni proporcionada para la consecución de ninguno de los intereses públicos a que se refiere la norma».

Asimismo, señala que resulta también «discriminatoria, en la medida en que solo se aplica al servicio VTC y no al del taxi», por lo que recomienda que se elimine de la regulación propuesta.

Otro de los aspectos que aborda el informe son las prohibiciones en materia de estacionamiento y geolocalización, sobre los que considera que «constituyen limitaciones para la prestación del servicio VTC adicionales a las ya existentes en la normativa estatal, que no se encuentran justificadas ni son proporcionadas a ninguna razón de interés general», y que, de hecho, advierte de que «pueden tener efectos negativos respecto de alguna de ellas».

En cambio, ve «justificadas y proporcionadas» las exigencias relacionadas con la sustitución de vehículos que prestan el servicio VTC para la protección del medio ambiente, aunque insiste en reprobar que únicamente se apliquen a las VTC y no al taxi».

En este sentido, explica que dada la importancia de los problemas de congestión atmosférica que sufren las grandes ciudades, «resulta apropiado mantener estas exigencias en la regulación aplicable al transporte urbano, y se recomienda que las mismas se extiendan también al sector del taxi, para así ajustarlas a las exigencias del principio de nodiscriminación».

Fuente: Europa Press

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RTVE amenaza con retirar a España de Eurovisión si Israel participa en la próxima edición

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España Eurovisión 2026
La cantante Melody tras proclamarse ganadora de la gala final del Benidorm Fest 2025. EFE/Morell.

España eleva la presión contra Israel en Eurovisión

Casi dos años después de los atentados de Hamás y del recrudecimiento de la ofensiva israelí sobre Gaza, el Gobierno español ha endurecido su discurso contra Israel y ha puesto sobre la mesa una medida sin precedentes: la retirada de España de Eurovisión 2026 si la Unión Europea de Radiodifusión (UER) permite la participación del país hebreo.

Eurovisión, uno de los eventos culturales más seguidos del mundo con una audiencia cercana a los 200 millones de personas en cada edición, vuelve así a convertirse en un terreno de disputa política y diplomática.

El Gobierno español exige la expulsión de Israel

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, declaró este lunes en una entrevista en RNE: «Hay que lograr que Israel no participe en Eurovisión». El titular de Cultura fue más allá al advertir que España podría retirarse del festival si no se consigue la exclusión.

«No toleramos ya, como españoles, que los eventos culturales y deportivos sirvan para blanquear lo que probablemente es la mayor atrocidad que se ha visto en este mundo en el siglo XXI», criticó.

En la misma línea, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, reiteró que España no debería compartir escenario «mientras se perpetúa» la ofensiva sobre Gaza.

El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, adoptó un tono más moderado, pero también subrayó que «algo habrá que hacer» para impedir que Israel participe en la próxima edición. López recordó que la organización del festival expulsó a Rusia tras invadir Ucrania en 2022, lo que sienta un precedente.

RTVE oficializa la amenaza de retirada

Aunque en un primer momento RTVE se limitó a responder con un «nada que decir», la corporación pública acabó confirmando la noticia en su programa de La 1 Directo al grano.

El presidente de RTVE, José Pablo López, propondrá este martes al Consejo de Administración la retirada de España de Eurovisión si Israel mantiene su presencia. «Seríamos el quinto país en acordarlo», explicó el presentador Gonzalo Miró.

Otros países europeos ya se han pronunciado

Países Bajos, Eslovenia, Irlanda e Islandia han condicionado su participación en Eurovisión a la presencia de Israel. Sin embargo, la posición de España podría ser decisiva, ya que forma parte del llamado big five, los cinco países que más peso tienen dentro de la UER por su aportación económica.

La presión española, unida a la de otros países, podría marcar un antes y un después en la relación entre el festival y la política internacional.

Antecedentes: RTVE ya pidió un debate interno a la UER

En abril, RTVE ya había enviado una carta a la UER para abrir un «debate interno» sobre la participación de Israel. La corporación española alegó las «preocupaciones de la sociedad civil» respecto a la ofensiva sobre Gaza.

La UER respondió que «todos los miembros son elegibles para competir», aunque reconoció estar al tanto de las «preocupaciones profundamente arraigadas» en torno al conflicto en Oriente Próximo.

El papel polémico de Israel en Eurovisión

Israel participó en la última edición con la cantante Yuval Raphael, superviviente del ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023. Su actuación le valió un polémico segundo puesto, con un fuerte apoyo del televoto (297 puntos) frente al escaso respaldo del jurado (60 puntos).

Este resultado provocó malestar en RTVE, que reclamó reformas en el sistema de votación y una auditoría externa para evitar posibles «interferencias».

Choque entre RTVE y la UER

Durante la segunda semifinal, los comentaristas de RTVE, Tony Aguilar y Julia Varela, denunciaron en directo el elevado número de víctimas en Gaza y pidieron la paz. La UER criticó la postura y llegó a amenazar con sanciones a la cadena española.

Lejos de retractarse, RTVE reafirmó su posición con un mensaje en redes sociales: «Frente a los derechos humanos, el silencio no es una opción. Paz y justicia para Palestina».

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