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Compromís exige paralizar la ampliación del Puerto de València a la espera de un informe ambiental

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VALÈNCIA, 8 Oct. – Compromís ha salido en bloque este martes para pedir la paralización de la ampliación norte del Puerto de Valencia –cuya construcción ha sido adjudicada al gigante naviero suizo MSC– hasta que el Ministerio de Transición Ecológica elabore una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) sobre el proyecto que aclare si el proyecto es «viable» y «compatible» con la sostenibilidad medioambiental.

Así lo han manifestado el candidato al Congreso por Més Compromís, Joan Baldoví, la coportavoz de Compromís, Águeda Micó, el portavoz adjunto de Compromís en Les Corts, Juan Ponce, y el vicealcalde de València por Compromís, Segio Campillo, en una rueda de prensa conjunta en la que han reclamado al Gobierno central que las decisiones sobre infraestructuras e inversiones que afecten a la Comunitat Valenciana no vengan «impuestas» desde Madrid.

Según la formación, el proyecto de ampliación del puerto valenciano ha sufrido una «modificación sustancial» respecto al diseño inicial que obtuvo la DIA de 2007 y que ahora debe valorarse, teniendo en cuenta además la ‘declaración de emergencia climática’ aprobada por el Consell el pasado mes de septiembre para dar un mayor impulso a la lucha contra el cambio climático.

De hecho, y aunque la coalición no quiere plantearse judicializar el tema, tampoco descarta tener que acudir a los tribunales. «No queremos hacer algo mal y que después un tribunal diga que hay que deshacerlo», ha apuntado el diputado Juan Ponce. De no paralizar la nueva terminal de contenedores, dentro de unos años un tribunal podría declararla nula, ha advertido el vicealcalde Sergi Campillo, quien ha abogado por dar «seguridad jurídica», también al puerto y a la empresa adjudicataria, que prevé invertir más del mil millones–.

Fuente:(EUROPA PRESS)

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Anticorrupción solicita 24 años de cárcel para Ábalos, 19 para Koldo y 7 para Aldama

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Tribunal Supremo penas que van desde los 7 hasta los 24 años de prisión para los principales investigados del conocido caso Koldo, la presunta trama de corrupción ligada a contratos de mascarillas adjudicados durante la pandemia por el Ministerio de Transportes.

24 años de prisión y multa de casi 4 millones para José Luis Ábalos

El Ministerio Público pide una condena de 24 años de prisión para José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE.
La Fiscalía le atribuye cinco presuntos delitos:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Tráfico de influencias

  • Malversación

  • Uso de información privilegiada

Además, reclama para él una multa de 3,9 millones de euros y responsabilidades económicas conjuntas por los perjuicios ocasionados a dos empresas públicas.

19 años y medio de cárcel para Koldo García

Para Koldo García, exasesor ministerial de Ábalos, Anticorrupción solicita 19 años y medio de prisión, así como una multa también de 3,9 millones de euros, por los mismos delitos atribuidos al exministro.

La Fiscalía pide que tanto Ábalos como Koldo indemnicen de forma conjunta y solidaria a:

  • Ineco: 34.477,86 euros

  • Tragsatec: 9.500,54 euros

Asimismo, reclama el decomiso de al menos 430.298,4 euros, cantidad que correspondería a ganancias obtenidas mediante cohecho.

Atenuante de confesión para Víctor de Aldama

En el caso del empresario Víctor de Aldama, considerado presunto intermediario de la trama, la Fiscalía aplica la atenuante de confesión y solicita una pena de 7 años de prisión por:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Uso de información privilegiada

También reclama para él una multa de 3,8 millones de euros.

El origen de la causa

El escrito de acusación llega después de que el magistrado instructor del Supremo, Leopoldo Puente, propusiera el pasado 3 de noviembre juzgar a los tres implicados. Según el juez, se habrían concertado poco después de la llegada de Ábalos al Ministerio, buscando obtener beneficios económicos mediante su influencia en contratos públicos.

Puente dividió la causa en dos piezas:

  • La principal, centrada en los contratos de mascarillas.

  • Una pieza separada dedicada a la supuesta trama de cobro de comisiones por obra pública.

 

 

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