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Constituida la comisión negociadora del ERTE que afectará a 5.709 trabajadores de Ford Amussafes

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VALÈNCIA, 22 Oct.- La Comisión Negociadora del Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) en la factoría de Ford Almussafes (Valencia) –que se aplicará durante varios días de noviembre y diciembre y afectará a un total de 5.709 trabajadores– ha quedado constituida este martes, han informado fuentes sindicales.

En este primer encuentro de la comisión –se ha convocado la siguiente para mañana miércoles–, la empresa ha confirmado que los días programados son el 4 y 5 de noviembre y 18, 19 y 20 de diciembre (3 y 4 de noviembre y 17, 18 y 19 de diciembre para el turno de noche).

Los trabajadores afectados serán 5.709 –de una plantilla de 7.348, según la media del último año– y no están incluidos los empleados de las plantas de recambios, motores, motriz, así como aquellos que desarrollan su labor en departamentos especiales, como Seguridad o Incendios.

Las mismas fuentes apuntan que la dirección justifica el ERTE en la incertidumbre creada por el Brexit y la debilidad generalizada de las ventas en el mercado europeo.

Desde UGT, el sindicato mayoritario en la planta valenciana, su portavoz Carlos Faubel ha señalado que si la plantea un ERTE «en las mismas condiciones que los anteriores», en los que se ha conservado el 80 por ciento de su salario bruto y el 100% de las pagas, vacaciones y antigüedad, está dispuesto a firmarlo en la próxima reunión. Se trata ya del cuarto expediente de regulación temporal de empleo que afecta a la factoría y que supondrá un descenso de la producción en unos 9.000 vehículos hasta final de año.

El sindicato CCOO hace notar que la empresa «no ha dado ninguna garantía» de no aplicar más expedientes de este tipo ni de que en caso de un excedente de personal vaya a cubrir los meses de paro consumidos por los trabajadores. Lo único que hace Ford, apuntan, es «complementar el 10 por ciento, por lo que el trabajador pone su paro, deja de percibir el 20 por ciento de su salario «y encima tiene que rendir cuentas con Hacienda al tener dos pagadores».

Por ello, la propuesta de esta organización es la utilización de cinco días de jornada industrial –dos días del 2020 y tres de 2021–, de manera que se cubriría las jornadas del ERTE y los empleados «no tendrían que consumir su desempleo, ni sufrir una merma económica del 20 por ciento en el salario ni tener que pagar más a Hacienda», defienden.

Por su parte, STM Intersindical ha mostrado su disposición a negociar y a firmar el ERTE si la empresa acepta una serie de condiciones, entre ellas que complemente el cien por cien del salario, es decir, que las personas afectadas «no pierdan ni un solo euro con respecto a las no afectadas».

Igualmente, pide restablecer el descuento del 21% en la compra de vehículos Ford para empleados y familiares directos o bien un plan de renting verdaderamente atractivo para poner en valor la plantilla y aumentar los pedidos, lo que, para este sindicato, podría traducirse en una reducción del número de días de ERTE.

Asimismo, solicita que en caso de despido, la empresa se comprometa a abonar las prestaciones por desempleo consumidas en este y anteriores ERTE garantizando la cuantía de los 24 meses de prestación por desempleo.

Por su parte, CGT ha propuesto que se rebajen los «ritmos salvajes» de trabajo en la cadena de producción, donde según denuncia, los empleados están «trabajando al 120%» y además, «todos los turnos están haciendo una cantidad ingente horas extra».

Así, ha propuesto bajar el ritmo de producción para «adecuarla» a las fluctuaciones del mercado como se ha hecho años atrás, y con sus beneficios, Ford «es perfectamente capaz de asumir» un descenso de ventas y hacer paros técnicos para hacer cursos de formación en nuevas tecnologías o labores de mantenimiento.

Sin embargo, lamenta CGT, en la actualidad «una mala dirección» de la empresa ha convertido en «costumbre» que sea el trabajador el que cargue con las consecuencias y tenga que gastar su prestación de desempleo.

Fuente: EUROPA PRESS

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Ábalos y Koldo a prisión provisional por riesgo de fuga ante el juicio por la trama de mascarillas

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

El Supremo ordena prisión sin fianza para el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García al elevarse el riesgo de fuga antes del juicio por la presunta trama de mascarillas.
La Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares del PP habían solicitado su ingreso inmediato en prisión.

El Supremo ordena prisión provisional para Ábalos y Koldo García

El magistrado del Tribunal Supremo (TS), Leopoldo Puente, ha acordado este jueves el ingreso en prisión provisional sin fianza del exministro José Luis Ábalos y de su antiguo asesor Koldo García, investigados por las supuestas irregularidades en contratos de material sanitario adjudicados durante la pandemia.

Se trata de un hecho histórico: es la primera vez que un diputado en ejercicio deberá entrar en prisión provisional antes de ser juzgado.

La decisión llega tras revisar las medidas cautelares que mantenían hasta hoy (retirada de pasaporte, prohibición de salir de España y comparecencias quincenales). El riesgo de fuga se considera ahora “muy elevado” ante la gravedad de las penas solicitadas.


La Fiscalía Anticorrupción alertó de un riesgo de fuga “disparado”

La medida adoptada responde a la petición expresa del jefe de Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, así como de las acusaciones populares encabezadas por el Partido Popular.
Anticorrupción sostiene que, ante la posibilidad de que ambos se enfrenten a hasta 30 años de cárcel, existe un riesgo de fuga “inequívoco”.


La llegada de Ábalos al Supremo: “No tengo dinero ni a dónde ir”

Ábalos fue el primero en llegar al Supremo, a las 9:12 horas, solo y con una mochila de cuero. En su intervención durante la vistilla, aseguró al magistrado:

“No me voy a fugar. No tengo dinero ni a dónde ir.”

Fuentes jurídicas aseguran que el exministro estaba “visiblemente destrozado”, fumando nervioso en los patios del Palacio de Justicia mientras esperaba la resolución.

Su abogado defendió que su ingreso en prisión, siendo diputado, supondría vulnerar su derecho a representación política y acusó a Anticorrupción de querer “forzar” una declaración colaborativa similar a la del empresario Víctor de Aldama.


Koldo García: “No me voy a ir a ningún sitio”

Koldo García llegó justo a la hora señalada, acompañado de su abogada, y también negó cualquier intención de fugarse:

“No me voy a ir a ningún sitio. Todos tenemos derecho a aprender poco a poco.”

Esta última frase ha sido interpretada por presentes como un reconocimiento implícito de haber cometido errores.

Su defensa alegó arraigo familiar: una madre mayor y una hija pequeña.


El fiscal, contundente: “Ningún poder del Estado puede eludir la acción penal”

El fiscal Luzón fue especialmente duro respecto a Ábalos:

“Fue su pertenencia al Gobierno lo que permitió cometer estos delitos.
Ningún poder del Estado tiene derecho a sustraerse de la acción penal. La Justicia es ciega por eso.”


Camino al juicio por la presunta trama de mascarillas

El pasado 3 de noviembre, el magistrado Puente propuso juzgar a Ábalos, Koldo y De Aldama por su presunta participación en una trama para adjudicar contratos millonarios de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada al empresario.

Penas solicitadas por Fiscalía

  • Ábalos: 24 años de prisión

  • Koldo García: 19 años y medio

  • Víctor de Aldama: 7 años (pena reducida por su confesión)

Los delitos atribuidos incluyen:

  • organización criminal

  • cohecho

  • tráfico de influencias

  • malversación

  • uso de información privilegiada

Penas solicitadas por las acusaciones populares

Las acusaciones que lidera el PP elevan las penas a 30 años al añadir:

  • prevaricación

  • falsedad documental


Un caso que sacude al Gobierno y tensa el clima político

El ingreso inmediato en prisión del exministro socialista supone un terremoto político en vísperas del juicio. La resolución marca un paso decisivo en una de las causas de corrupción más mediáticas derivadas de la pandemia.

 

 

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