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Constituida la comisión negociadora del ERTE que afectará a 5.709 trabajadores de Ford Amussafes

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VALÈNCIA, 22 Oct.- La Comisión Negociadora del Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) en la factoría de Ford Almussafes (Valencia) –que se aplicará durante varios días de noviembre y diciembre y afectará a un total de 5.709 trabajadores– ha quedado constituida este martes, han informado fuentes sindicales.

En este primer encuentro de la comisión –se ha convocado la siguiente para mañana miércoles–, la empresa ha confirmado que los días programados son el 4 y 5 de noviembre y 18, 19 y 20 de diciembre (3 y 4 de noviembre y 17, 18 y 19 de diciembre para el turno de noche).

Los trabajadores afectados serán 5.709 –de una plantilla de 7.348, según la media del último año– y no están incluidos los empleados de las plantas de recambios, motores, motriz, así como aquellos que desarrollan su labor en departamentos especiales, como Seguridad o Incendios.

Las mismas fuentes apuntan que la dirección justifica el ERTE en la incertidumbre creada por el Brexit y la debilidad generalizada de las ventas en el mercado europeo.

Desde UGT, el sindicato mayoritario en la planta valenciana, su portavoz Carlos Faubel ha señalado que si la plantea un ERTE «en las mismas condiciones que los anteriores», en los que se ha conservado el 80 por ciento de su salario bruto y el 100% de las pagas, vacaciones y antigüedad, está dispuesto a firmarlo en la próxima reunión. Se trata ya del cuarto expediente de regulación temporal de empleo que afecta a la factoría y que supondrá un descenso de la producción en unos 9.000 vehículos hasta final de año.

El sindicato CCOO hace notar que la empresa «no ha dado ninguna garantía» de no aplicar más expedientes de este tipo ni de que en caso de un excedente de personal vaya a cubrir los meses de paro consumidos por los trabajadores. Lo único que hace Ford, apuntan, es «complementar el 10 por ciento, por lo que el trabajador pone su paro, deja de percibir el 20 por ciento de su salario «y encima tiene que rendir cuentas con Hacienda al tener dos pagadores».

Por ello, la propuesta de esta organización es la utilización de cinco días de jornada industrial –dos días del 2020 y tres de 2021–, de manera que se cubriría las jornadas del ERTE y los empleados «no tendrían que consumir su desempleo, ni sufrir una merma económica del 20 por ciento en el salario ni tener que pagar más a Hacienda», defienden.

Por su parte, STM Intersindical ha mostrado su disposición a negociar y a firmar el ERTE si la empresa acepta una serie de condiciones, entre ellas que complemente el cien por cien del salario, es decir, que las personas afectadas «no pierdan ni un solo euro con respecto a las no afectadas».

Igualmente, pide restablecer el descuento del 21% en la compra de vehículos Ford para empleados y familiares directos o bien un plan de renting verdaderamente atractivo para poner en valor la plantilla y aumentar los pedidos, lo que, para este sindicato, podría traducirse en una reducción del número de días de ERTE.

Asimismo, solicita que en caso de despido, la empresa se comprometa a abonar las prestaciones por desempleo consumidas en este y anteriores ERTE garantizando la cuantía de los 24 meses de prestación por desempleo.

Por su parte, CGT ha propuesto que se rebajen los «ritmos salvajes» de trabajo en la cadena de producción, donde según denuncia, los empleados están «trabajando al 120%» y además, «todos los turnos están haciendo una cantidad ingente horas extra».

Así, ha propuesto bajar el ritmo de producción para «adecuarla» a las fluctuaciones del mercado como se ha hecho años atrás, y con sus beneficios, Ford «es perfectamente capaz de asumir» un descenso de ventas y hacer paros técnicos para hacer cursos de formación en nuevas tecnologías o labores de mantenimiento.

Sin embargo, lamenta CGT, en la actualidad «una mala dirección» de la empresa ha convertido en «costumbre» que sea el trabajador el que cargue con las consecuencias y tenga que gastar su prestación de desempleo.

Fuente: EUROPA PRESS

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Esta es la indemnización que cobrarán los familiares de los fallecidos en Adamuz y Gelida

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Las indemnizaciones alcanzarán los 210.000 euros por fallecido y se abonarán en un plazo máximo de tres meses

El Gobierno ha aprobado un paquete de ayudas de 20 millones de euros destinado a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), en los que murieron 46 personas y otras 164 resultaron heridas. El nuevo mecanismo permitirá que los familiares de cada persona fallecida reciban hasta 210.000 euros en concepto de indemnización.

La medida ha sido anunciada este martes por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, tras el Consejo de Ministros, donde se ha dado luz verde a un real decreto-ley de medidas urgentes para garantizar una respuesta rápida y eficaz a las víctimas.


Cómo se repartirán los 20 millones de euros en ayudas

Del total aprobado, 10 millones de euros se destinarán a ayudas directas y los otros 10 millones a anticipos de los seguros obligatorios. En el caso de fallecimiento, cada familia recibirá inicialmente 144.000 euros, libres de impuestos, repartidos del siguiente modo:

  • 72.000 euros en ayudas directas del Estado

  • 72.000 euros como anticipo del seguro

Una vez que las aseguradoras determinen oficialmente los daños personales, se abonará una cantidad adicional equivalente, lo que elevará la indemnización total hasta los 210.000 euros por víctima mortal, todo ello en un plazo máximo de tres meses.


Ayudas para heridos según la gravedad de las lesiones

En el caso de las personas heridas, las ayudas se calcularán conforme al baremo vigente, en función de la gravedad de las lesiones. Las cuantías oscilan entre:

  • 2.400 euros para lesiones leves

  • Más de 84.000 euros en los casos de máxima gravedad

Estas cantidades se duplicarán al sumarse el anticipo del seguro obligatorio, garantizando así un apoyo económico inmediato a los afectados.


El Ejecutivo quiere evitar retrasos como en el accidente de Angrois

Óscar Puente ha subrayado que el objetivo del Gobierno es evitar que las víctimas tengan que esperar años para cobrar las indemnizaciones, como ocurrió tras el accidente de Angrois.

“No vamos a consentir que haya víctimas que estén diez años esperando una compensación. Hemos aprendido de lo ocurrido y por eso aprobamos este mecanismo”, ha afirmado el ministro.


Hacia un sistema permanente de compensación anticipada

Además de las ayudas actuales, el Gobierno iniciará cambios normativos para crear un mecanismo estructural de intervención pública que permita al Estado adelantar parte de las indemnizaciones en accidentes de transporte colectivo, sin esperar a que se resuelva la responsabilidad civil.

Este sistema garantizará una atención rápida y homogénea a las víctimas, independientemente de la complejidad judicial de cada caso.


Oficinas de atención y apoyo directo a las víctimas

El Ejecutivo también ha puesto en marcha líneas de atención integral a las víctimas. A partir de este miércoles se abrirán oficinas específicas en:

  • Huelva, para atender a los afectados del accidente de Adamuz

  • Barcelona, para las víctimas del siniestro en Gelida y Rodalies

Además, se activará el servicio ‘Administración Cerca de Ti’, mediante el cual profesionales de las delegaciones del Gobierno podrán desplazarse a los domicilios para ayudar en la tramitación de las ayudas.

 

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