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El bloqueo político en España le cuesta a la Comunitat Valenciana 1.800 millones de euros

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VALÈNCIA, 22 Ago. (EUROPA PRESS) –

El bloqueo político en España, con un gobierno en funciones tras la investidura fallida de Pedro Sánchez y con presupuestos prorrogados, tiene un coste para la Comunitat Valenciana que ronda los 1.800 millones de euros, sumando las entregas a cuenta no recibidas, por la liquidación del IVA, la financiación de la dependencia, la condonación de la deuda de la Marina de València, así como por las inversiones que contemplaba el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) que fue tumbado en el Congreso y que condujo al adelanto electoral.

En lo que respecta a la financiación, los datos consultados por Europa Press reflejan que al no haber PGE no se pueden actualizar ahora las entregas a cuenta, lo que le supone a la Comunitat Valenciana 450 millones de euros. En el conjunto del país, esta cifra llega a los 4.739 millones. Este dinero no se perderá, porque se cobraría dentro de dos años con la liquidación.

Sobre esta cuestión, la Generalitat de Catalunya abría este miércoles el debate al anunciar medidas legales contra el Gobierno central para reclamar el pago de esas entregas a cuenta. Preguntado al respecto, el presidente valenciano, Ximo Puig, indicó que no sabe si la vía judicial «es la correcta» para abordar la financiación de las comunidades y apuntó que la Comunitat Valenciana está «por el diálogo y por la solución más que hacer partidismo y confrontación» sobre este tema.

«Yo creo que tenemos que ir al fondo de la cuestión y es que debe haber un gobierno que tenga competencias y capacidad para poder sustentar una financiación justa. Y para eso es bastante importante que haya un gobierno, no un gobierno en funciones», añadió Puig, que agregó que «hubo una voluntad» por parte de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para que las comunidades pudieran contar con esa actualización, pero «parece ser que la Abogacía del Estado no lo permite».

Además, al no haber salido adelante los PGE que planteó el Ejecutivo socialista para el presente ejercicio, la Comunitat Valenciana no puede disponer de las medidas que incorporaba el proyecto económico, que incluían 281 millones de la mensualidad del IVA de diciembre de 2017 que no recibió, como el resto de autonomías, otros 237 millones por las dos décimas del déficit pactado con Bruselas, 450 millones por el incremento de las inversiones, 373 millones por la condonación de la deuda de La Marina de València y otros 50 millones por la financiación del sistema de dependencia.

Antes del debate de los PGE el ‘president’ Puig ya advertía de la importancia de que las cuentas recibieran luz verde en la Cámara Baja, señalando entonces que un ‘no’ tendría «tendría un coste económico grave de más de 1.000 millones de euros» para los valencianos.

Una vez se consumó el rechazo, criticó que «la triple alianza entre la derecha y los independentistas» hubiera «robado a los valencianos 1.400 millones de euros». «Eran los mejores presupuestos de la historia, unas cuentas que «mostraban hechos, realidades con la Comunitat Valenciana», dijo un par de meses después, destacando la necesidad de certezas: «Necesitamos un gobierno, necesitamos un Presupuesto y desde luego necesitamos que haya certidumbre, confianza».

El pasado viernes, Puig incidió en que la ausencia de gobierno y de PGE le está costando a la Comunitat Valenciana dinero y no quiere que se traduzca en «ningún recorte» en el estado de bienestar aunque «en las próximas semanas» se tendrá que adoptar «algún tipo de decisión».

«ESTO NO ES UN JUEGO DE TRONOS»
«Necesitamos un Gobierno, obviamente, y necesitamos que se salga de este impasse, que es muy negativo para los ciudadanos. Esto no es un juego de tronos, esto es una realidad cotidiana, el Estado social está asociado a las comunidades. Por tanto, si se genera inestabilidad y falta de respuesta económica al final quien lo paga son los ciudadanos», advertía.

Sobre esos ajustes a realizar ha sido preguntado esta misma semana y el jefe del Consell ha indicado que se está trabajando a nivel técnico desde la Conselleria de Hacienda que dirige el socialista Vicent Soler, y quiso dejar claro que ningún ajuste va a afectar al Estado del Bienestar, a ámbitos como la dependencia, la sanidad o la educación.

Se trata, apuntó, de dar respuesta a un problema de base, «que España no tiene presupuestos». «Tenemos que tomar decisiones, a cualquier gobierno se le debe exigir siempre responsabilidad y el valenciano va a actuar con responsabilidad y para intentar garantizar los mejores servicios públicos», aseveró.

Así, se verá si hay algunas partidas determinadas cuyo gasto se puede trasladar al año que viene y con los «escasos» recursos disponibles «intentar priorizar las cuestiones fundamentales, que tienen que ver con la sanidad, la educación y la protección social». Según indicó, no hay aún una cifra cerrada.

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Cambios en el sistema de pensiones en España: qué debes saber si te jubilas a partir de 2026

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Forbes elige Valencia jubilación

El sistema público de pensiones en España sigue adaptándose a los retos del envejecimiento poblacional y la sostenibilidad financiera. Los trabajadores que planeen su jubilación a partir del 1 de enero de 2026 deben tener en cuenta que entran en vigor varios ajustes clave en la edad de retiro, los requisitos de cotización y el cálculo de la pensión.

Estos cambios forman parte de la reforma de las pensiones aprobada en la Ley 27/2011 y ratificada posteriormente por el Real Decreto-ley 2/2023.


Edad legal de jubilación en 2026

Desde 2026, la edad de jubilación en España se estructura en un sistema dual en función de los años cotizados:

  • 65 años → para quienes acrediten al menos 38 años y 3 meses de cotización.

  • 66 años y 10 meses → para quienes no lleguen a esa cifra mínima.

Este cambio supone un incremento respecto a 2025, cuando la jubilación estaba fijada en 66 años y 8 meses para los trabajadores sin cotización suficiente.

El calendario progresivo culminará en 2027, cuando la edad legal de jubilación será de 67 años, salvo para quienes tengan carreras de cotización largas que les permitan retirarse antes.


Requisito mínimo de cotización para cobrar la pensión

Para acceder a una pensión contributiva de jubilación, se requiere:

  • Haber cotizado al menos 15 años.

  • Que dos de esos años estén dentro de los 15 previos a la jubilación.

🔹 Si no se cumple este mínimo, la persona no pierde del todo el derecho a prestaciones, pero no podrá acceder a una pensión contributiva. En su lugar, puede solicitar el subsidio para mayores de 65 años, siempre que cumpla los requisitos de residencia y nivel de renta.


Nuevo sistema de cálculo de la pensión desde 2026

Uno de los cambios más destacados es la introducción de un sistema dual de cómputo de la base reguladora, que se aplicará de forma progresiva:

  • Opción 1: se mantiene la fórmula actual → últimos 25 años cotizados.

  • Opción 2: se podrán elegir los mejores 27 años dentro de un periodo de 29, descartando los dos peores.

La Seguridad Social aplicará automáticamente el cálculo más favorable para el trabajador, lo que beneficia especialmente a quienes hayan tenido periodos de desempleo o salarios bajos en los últimos años.


Impacto para trabajadores y empresas

  • Para los trabajadores, se recomienda revisar con antelación la vida laboral y las bases de cotización, usando los simuladores de pensión de la Seguridad Social.

  • Para las empresas y autónomos societarios, será clave llevar un control exhaustivo de cotizaciones, ya que lagunas laborales pueden reducir la futura pensión.


Por qué se aplican estos cambios

El objetivo de esta reforma es garantizar la viabilidad del sistema de pensiones en un contexto de envejecimiento demográfico. Según el INE, en 2050 casi un 30% de la población española tendrá edad de jubilación, mientras que Eurostat sitúa la esperanza de vida en más de 83 años, una de las más altas de Europa.

Con estas medidas, la Seguridad Social busca equilibrar la solidaridad entre generaciones y asegurar que los futuros jubilados cuenten con pensiones dignas y sostenibles.

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