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El bloqueo político en España le cuesta a la Comunitat Valenciana 1.800 millones de euros

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VALÈNCIA, 22 Ago. (EUROPA PRESS) –

El bloqueo político en España, con un gobierno en funciones tras la investidura fallida de Pedro Sánchez y con presupuestos prorrogados, tiene un coste para la Comunitat Valenciana que ronda los 1.800 millones de euros, sumando las entregas a cuenta no recibidas, por la liquidación del IVA, la financiación de la dependencia, la condonación de la deuda de la Marina de València, así como por las inversiones que contemplaba el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) que fue tumbado en el Congreso y que condujo al adelanto electoral.

En lo que respecta a la financiación, los datos consultados por Europa Press reflejan que al no haber PGE no se pueden actualizar ahora las entregas a cuenta, lo que le supone a la Comunitat Valenciana 450 millones de euros. En el conjunto del país, esta cifra llega a los 4.739 millones. Este dinero no se perderá, porque se cobraría dentro de dos años con la liquidación.

Sobre esta cuestión, la Generalitat de Catalunya abría este miércoles el debate al anunciar medidas legales contra el Gobierno central para reclamar el pago de esas entregas a cuenta. Preguntado al respecto, el presidente valenciano, Ximo Puig, indicó que no sabe si la vía judicial «es la correcta» para abordar la financiación de las comunidades y apuntó que la Comunitat Valenciana está «por el diálogo y por la solución más que hacer partidismo y confrontación» sobre este tema.

«Yo creo que tenemos que ir al fondo de la cuestión y es que debe haber un gobierno que tenga competencias y capacidad para poder sustentar una financiación justa. Y para eso es bastante importante que haya un gobierno, no un gobierno en funciones», añadió Puig, que agregó que «hubo una voluntad» por parte de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para que las comunidades pudieran contar con esa actualización, pero «parece ser que la Abogacía del Estado no lo permite».

Además, al no haber salido adelante los PGE que planteó el Ejecutivo socialista para el presente ejercicio, la Comunitat Valenciana no puede disponer de las medidas que incorporaba el proyecto económico, que incluían 281 millones de la mensualidad del IVA de diciembre de 2017 que no recibió, como el resto de autonomías, otros 237 millones por las dos décimas del déficit pactado con Bruselas, 450 millones por el incremento de las inversiones, 373 millones por la condonación de la deuda de La Marina de València y otros 50 millones por la financiación del sistema de dependencia.

Antes del debate de los PGE el ‘president’ Puig ya advertía de la importancia de que las cuentas recibieran luz verde en la Cámara Baja, señalando entonces que un ‘no’ tendría «tendría un coste económico grave de más de 1.000 millones de euros» para los valencianos.

Una vez se consumó el rechazo, criticó que «la triple alianza entre la derecha y los independentistas» hubiera «robado a los valencianos 1.400 millones de euros». «Eran los mejores presupuestos de la historia, unas cuentas que «mostraban hechos, realidades con la Comunitat Valenciana», dijo un par de meses después, destacando la necesidad de certezas: «Necesitamos un gobierno, necesitamos un Presupuesto y desde luego necesitamos que haya certidumbre, confianza».

El pasado viernes, Puig incidió en que la ausencia de gobierno y de PGE le está costando a la Comunitat Valenciana dinero y no quiere que se traduzca en «ningún recorte» en el estado de bienestar aunque «en las próximas semanas» se tendrá que adoptar «algún tipo de decisión».

«ESTO NO ES UN JUEGO DE TRONOS»
«Necesitamos un Gobierno, obviamente, y necesitamos que se salga de este impasse, que es muy negativo para los ciudadanos. Esto no es un juego de tronos, esto es una realidad cotidiana, el Estado social está asociado a las comunidades. Por tanto, si se genera inestabilidad y falta de respuesta económica al final quien lo paga son los ciudadanos», advertía.

Sobre esos ajustes a realizar ha sido preguntado esta misma semana y el jefe del Consell ha indicado que se está trabajando a nivel técnico desde la Conselleria de Hacienda que dirige el socialista Vicent Soler, y quiso dejar claro que ningún ajuste va a afectar al Estado del Bienestar, a ámbitos como la dependencia, la sanidad o la educación.

Se trata, apuntó, de dar respuesta a un problema de base, «que España no tiene presupuestos». «Tenemos que tomar decisiones, a cualquier gobierno se le debe exigir siempre responsabilidad y el valenciano va a actuar con responsabilidad y para intentar garantizar los mejores servicios públicos», aseveró.

Así, se verá si hay algunas partidas determinadas cuyo gasto se puede trasladar al año que viene y con los «escasos» recursos disponibles «intentar priorizar las cuestiones fundamentales, que tienen que ver con la sanidad, la educación y la protección social». Según indicó, no hay aún una cifra cerrada.

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Yolanda Díaz anuncia la ampliación del permiso por fallecimiento hasta 10 días y un nuevo permiso por cuidados paliativos

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derechos laborales 2025

La vicepresidenta segunda del Gobierno avanza dos nuevas medidas laborales para ampliar derechos y mejorar las condiciones de conciliación de los trabajadores.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado la ampliación del permiso por fallecimiento de familiar hasta 10 días y la creación de un nuevo permiso para cuidados paliativos, en el marco de una próxima modificación del Estatuto de los Trabajadores.

Nadie puede ir a trabajar a los dos días de enterrar a su padre, su madre o un hijo. Nadie puede hacerlo bien”, ha defendido Díaz durante un Desayuno Informativo de Europa Press, donde ha reiterado su compromiso de “seguir ganando derechos” laborales.


⚖️ Ampliación del permiso por fallecimiento: de 2 a 10 días

Actualmente, el Estatuto de los Trabajadores reconoce un permiso de dos días por fallecimiento de un familiar de hasta segundo grado de consanguinidad, ampliable a cuatro días en caso de desplazamiento.
Con la nueva reforma, este permiso se extenderá a 10 días, lo que, según el Ministerio de Trabajo, busca proteger la salud emocional de los empleados en momentos de duelo y reducir el absentismo no justificado derivado de estas situaciones.

“España tiene un problema de productividad porque la gente trabaja en condiciones emocionales y familiares muy duras”, ha afirmado Díaz, subrayando que el duelo no puede tratarse como una simple ausencia laboral.


💜 Nuevo permiso para familiares en cuidados paliativos

La ministra también ha adelantado la creación de un nuevo permiso por cuidados paliativos, destinado a padres, madres e hijos que necesiten acompañar a familiares en fases terminales de enfermedad.

Díaz ha explicado que esta medida busca humanizar las relaciones laborales y dar respuesta a una realidad social creciente: el envejecimiento de la población y la necesidad de tiempos de cuidado compatibles con el empleo.


🏛️ Reforma del Estatuto de los Trabajadores y control de jornada

El Ministerio de Trabajo presentará en los próximos días una nueva norma que modificará el Estatuto para incluir ambos permisos.
Paralelamente, Díaz impulsa la reforma del registro horario para que las horas extraordinarias queden registradas y retribuidas, en cumplimiento con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que señala que el actual sistema español “no es fiable ni verificable”.

“Este registro no va de vigilar, sino de garantizar que las horas extras se pagan y el descanso se respeta. Un país moderno no se construye con horas sin registrar, sino con trabajo digno y derechos efectivos”, ha subrayado.


📉 El absentismo y la productividad en el debate laboral

La vicepresidenta ha abordado también el debate sobre el absentismo laboral, afirmando que “el que entierra a una madre o cuida a su hijo enfermo no es un absentista”.
Díaz ha recordado que el absentismo en España equivale al 3% del PIB, pero ha insistido en diferenciar el absentismo justificado por razones humanas de la falta de productividad estructural.


🕒 El contexto: tras el bloqueo a la jornada de 37,5 horas

Estas medidas llegan tras el frenazo en el Congreso a la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, una de las principales iniciativas de Sumar.
Pese al rechazo empresarial y la falta de apoyos parlamentarios, la ministra mantiene su agenda de ampliación de derechos laborales con iniciativas que sí cuentan con un amplio respaldo social y sindical.

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