El director general de la Agencia Valenciana de Igualdad en la Diversidad, José de Lamo, ha defendido el trabajo que desde la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas se está haciendo «por la igualdad de las personas trans», y en este contexto ha declarado que el autobús de Hazte Oír, que va en contra de terminar con la «discriminación» que sufre este colectivo, «no es bienvenido» a la Comunitat Valenciana.
De Lamo ha asegurado que el mejor ejemplo de ese trabajo del Consell por la igualdad es la Ley integral del reconocimiento del derecho a la identidad y expresión de género en la Comunitat Valenciana, elaborada desde la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, consensuada con entidades sociales y partidos políticos, y que en estos momentos está en trámite parlamentario en les Corts Valencianes.
Una ley, ha precisado De Lamo, que reconoce derechos a personas que no los tenían, «por tanto, ampliamos derechos frente a quien quiere recortarlos «y cuyo objetivo se centra en «hacer la vida más fácil a las personas trans frente a las situaciones de rechazo, exclusión y discriminación que continúan sufriendo».
De Lamo, además, ha reiterado la necesidad de «despatologizar las realidades trans», para acabar con «el estigma que implica considerarlas enfermas», lo que a su juicio supone, «un ataque contra el derecho al libre desarrollo de la personalidad».
El director general de la Agencia Valenciana de Igualdad en la Diversidad ha mostrado el «rechazo total» del Govern valencià al autobús «con claro contenido transfóbico» de Hazte Oír y ha denunciado que considera «especialmente grave su mensaje porque ataca los derechos de la infancia».
Para el gobierno, ha precisado el director general de Igualdad, el autobús «no es bienvenido en nuestro territorio», porque a su juicio, un autobús que niega la identidad de las personas trans, especialmente de niños y niñas, merece el «rechazo total por parte nuestra».
Ley valenciana
La ley valenciana, ha explicado, «despatologiza la transexualidad dentro sus competencias» y supone «uno de los mayores avances legislativos a nivel europeo y mundial en referencia a los derechos de las personas trans» porque implica que las realidades trans, «ya no serán considerada como trastorno, sino como una expresión más de la diversidad humana».
Con ella, ha subrayado, «damos respuesta a una reivindicación histórica del colectivo trans, un colectivo que a su juicio ha sufrido la «transfobia, persecución y estigmatización, así como el olvido y la indiferencia del gobierno antiguo».
El marco normativo entre otros aspectos regula cuestiones tan necesarias para la plena integración de las personas trans en la sociedad, como el amparo en las fases iniciales del proceso de declaración de la propia identidad sentida, la tutela en las situaciones de minoría de edad o la atención gerontológica especialmente en las residencias de la tercera edad, situaciones a las que ha de prestarse especial atención.
Además, recoge el derecho al reconocimiento de la identidad de género de las personas trans, libremente manifestada, sin la necesidad de prueba psicológica o médica. También plantea la posibilidad de conceder la documentación administrativa necesaria adecuada a su identidad dentro de las competencias autonómicas, con el objetivo de favorecer una mejor integración y evitar situaciones de sufrimiento por exposición pública o discriminación.
Del mismo modo, refleja la necesidad de que exista una coordinación entre las áreas de educación, sanidad e igualdad, para asegurar una rápida detección y actuación ante situaciones discriminatorias o que atentan contra la identidad de género expresada por las personas trans menores de edad.
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