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El Gobierno «no descarta» aplicar el 155 en Cataluña

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VALÈNCIA, 16 Oct.- La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ha asegurado este miércoles que el Gobierno de Pedro Sánchez no descarta ni «ha descartado nunca» aplicar en Cataluña todas las leyes a su disposición, entre ellas, el propio 155 de la Constitución, si bien ha destacado la «excelente coordinación» entre los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y los Mossos d’Esquadra ante las reacciones generadas por la sentencia del ‘procés’.

«Teníamos y tenemos preparados todos los escenarios en función de la reacción», ha recalcado tras los altercados en respuesta a la sentencia condenatoria del ‘procés’.

«Es triste, pero así es: estamos monitorizando la situación, desde las posiciones institucionales hasta cualquier altercado que se produzca en las calles o situaciones que se salga del derecho normal a la manifestación», ha aseverado en un desayuno informativo de la Cadena SER en el Oceanogràfic de València, preguntada por la reacción ciudadana a la sentencia del Tribunal Supremo contra los impulsores del 1-O y el plan del Ejecutivo socialista para frenar la crisis.

Montero ha sostenido que el Gobierno «evidentemente» ni descarta ni ha descartado «nunca ninguna de las leyes a disposición, la de Seguridad Ciudadana o el propio 155», aunque «hay una gradualidad en la aplicación de estos tratamientos en función de la reacción».

En una semana «bastante vertiginosa», ha destacado la «excelente coordinación» de los Mossos d’Esquadra, la Guardia Civil y la Policía Nacional en Cataluña, que está permitiendo «garantizar el orden y la seguridad en Cataluña», si bien ha reconocido la existencia de «algunas protestas violentas» de las últimas horas.

Ante este escenario, las fuerzas y cuerpos de seguridad «evidentemente van a actuar para mantener la convivencia en Cataluña y, sobre todo, la seguridad de todos los ciudadanos», ha garantizado. Ha condenado, por contra, «a todos aquellos que están utilizando la expresión popular con fines que rozan la violencia y requieren la fuerza de los cuerpos de seguridad para reconducir el clima de normalidad y convivencia».

Aunque «en democracia hay que hacer compatible que cada uno tenga sus opiniones sobre la sentencia», la ministra ha defendido que al Gobierno le corresponde «no solo respetarla, sino legitimar la actuación del poder judicial». «No se puede banalizar un pronunciamiento del Supremo como está ocurriendo con algunos miembros del Govern», ha advertido, recalcando que «nunca se tuvo que perder la búsqueda de soluciones para la convivencia entre catalanes y con el resto de España».

«Una vez que acabe esta historia y aventura que empezaron los independentistas, a sabiendas de que no iba a ningún lado, que es lo más grave, deberían cerrar página, intentar acatar la sentencia y, a partir de ahí, restablecer el clima de normalidad», ha reivindicado, y ha hecho hincapié en que «el Gobierno seguirá vigilante».

Dicho esto, respecto al escenario de los próximos días, Montero ha reconocido que «en función de la reacción» política y ciudadana en Cataluña hay una «gradualidad de los tratamientos» a seguir por el Gobierno. «Evidentemente, no hemos descartado ninguna de las leyes, la de Seguridad o el 155, pero ha habido una excelente coordinación de las fuerzas de seguridad», ha insistido en este punto.

Fuente: (EUROPA PRESS)

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Antonio Pelayo, histórico corresponsal de Antena 3 en Roma, será juzgado por presunta agresión sexual

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Antonio Pelayo-
Antonio Pelayo-ATRESMEDIA

La Fiscalía de Roma pide juzgar a Antonio Pelayo por presunta violencia sexual

La Fiscalía de Roma ha solicitado la apertura de juicio contra el sacerdote y periodista español Antonio Pelayo, corresponsal en la capital italiana desde hace décadas, por un presunto delito de violencia sexual denunciado por un joven productor de televisión. La información ha sido adelantada por El Mundo, medio que ha tenido acceso tanto a la denuncia, como al escrito de acusación del Ministerio Público y a mensajes intercambiados entre denunciante y acusado.

Según el reportaje, el Tribunal Penal de Roma ha fijado la primera audiencia para el 14 de mayo de 2026, fecha en la que Pelayo deberá comparecer como acusado. El periodista declinó hacer declaraciones al medio por recomendación de su abogado.

Qué investiga la justicia italiana

De acuerdo con el escrito de la Fiscalía incorporado a la causa, los hechos investigados se habrían producido en mayo de 2025, durante un encuentro de carácter profesional en el domicilio de Antonio Pelayo en Roma. El Ministerio Público sostiene que el acusado habría realizado actos sexuales sin consentimiento, que encuadra jurídicamente en el artículo 609-bis del Código Penal italiano, relativo al delito de violencia sexual.

La acusación describe dos episodios. En el primero, Pelayo se habría acercado de forma repentina al denunciante mientras ambos estaban sentados en un sofá, sujetándolo por el hombro, besándolo entre el cuello y el hombro e introduciendo la mano bajo su camiseta, tocándole diversas partes del torso e impidiendo su reacción.

El segundo episodio, siempre según la Fiscalía, habría tenido lugar en la cocina, donde el acusado habría abrazado al denunciante por delante e introducido ambas manos bajo su pantalón, tocándole repetidamente el trasero.

Cronología de los hechos y de la denuncia

El reportaje de El Mundo reconstruye una cronología detallada del caso:

  • Finales de febrero de 2025: el productor contacta con Pelayo en el contexto de trabajos informativos previos a un posible cónclave.

  • 7 y 8 de mayo de 2025: se celebra el cónclave al que alude el reportaje.

  • Viernes 23 de mayo de 2025: fecha en la que el denunciante sitúa el episodio en el domicilio del periodista.

  • 24, 25 y 26 de mayo de 2025: intercambio de mensajes en los que Pelayo pide disculpas de forma reiterada.

  • 28 de mayo de 2025: el denunciante presenta la denuncia ante una comisaría del centro de Roma.

Tras la denuncia, los Carabinieri abrieron una investigación y Pelayo prestó declaración en sede judicial. Su defensa solicitó el archivo de la causa, petición que fue rechazada.

Situación procesal actual

Según el reportaje, la Fiscalía de Roma solicitó formalmente el enjuiciamiento el 6 de noviembre, tras analizar las pruebas recabadas durante la investigación. El Tribunal Penal de Roma notificó posteriormente a las partes la fecha de la primera vista, prevista para mayo de 2026.

La investigación ha sido coordinada por Ilaria Corda y Giuseppe Cascini, fiscales especializados en delitos sexuales, junto con los Carabinieri. La acusación particular está representada por los abogados Massimiliano Lecce y Federico Olivo.

Reacciones recogidas

El denunciante realiza una única declaración pública en el reportaje, sin entrar en detalles: “Para mí, todas las personas que conocen los hechos son cómplices”, y denuncia un supuesto clima de silencio en torno al caso. Tras los hechos, acudió a una psicóloga el mismo día en que presentó la denuncia y recibió el respaldo de su empresa. A finales de 2025, la cadena internacional para la que trabaja lo destinó fuera de Italia.

En cuanto a Antonio Pelayo, el reportaje señala que rechazó hacer declaraciones públicas, siguiendo el consejo de su abogado. También se reproducen mensajes atribuidos al periodista en los que expresa arrepentimiento y vergüenza por lo ocurrido, siempre según el texto publicado.

Perfil de Antonio Pelayo

Antonio Pelayo Bombín nació en Valladolid en enero de 1944. Ingresó en el seminario a los 11 años, se formó con los jesuitas en Comillas y se ordenó sacerdote tras cursar Filosofía y Teología.

En el ámbito periodístico, inició su carrera en el diario Ya y en publicaciones culturales antes de trasladarse a París en 1976 como corresponsal. Desde 1986 reside en Roma, donde ha cubierto la información del Vaticano y la vida italiana durante más de cuatro décadas. Ha informado sobre cinco cónclaves y es corresponsal de Antena 3, siendo considerado uno de los vaticanistas más veteranos.

El reportaje añade que desde 2005 ha sido asesor voluntario —no remunerado— de la Embajada de España ante la Santa Sede, aunque fuentes del Ministerio de Exteriores señalan que actualmente no ejerce dicha función mientras se sigue la evolución del caso judicial.

 

 

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