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El Gobierno «no descarta» aplicar el 155 en Cataluña

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VALÈNCIA, 16 Oct.- La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ha asegurado este miércoles que el Gobierno de Pedro Sánchez no descarta ni «ha descartado nunca» aplicar en Cataluña todas las leyes a su disposición, entre ellas, el propio 155 de la Constitución, si bien ha destacado la «excelente coordinación» entre los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y los Mossos d’Esquadra ante las reacciones generadas por la sentencia del ‘procés’.

«Teníamos y tenemos preparados todos los escenarios en función de la reacción», ha recalcado tras los altercados en respuesta a la sentencia condenatoria del ‘procés’.

«Es triste, pero así es: estamos monitorizando la situación, desde las posiciones institucionales hasta cualquier altercado que se produzca en las calles o situaciones que se salga del derecho normal a la manifestación», ha aseverado en un desayuno informativo de la Cadena SER en el Oceanogràfic de València, preguntada por la reacción ciudadana a la sentencia del Tribunal Supremo contra los impulsores del 1-O y el plan del Ejecutivo socialista para frenar la crisis.

Montero ha sostenido que el Gobierno «evidentemente» ni descarta ni ha descartado «nunca ninguna de las leyes a disposición, la de Seguridad Ciudadana o el propio 155», aunque «hay una gradualidad en la aplicación de estos tratamientos en función de la reacción».

En una semana «bastante vertiginosa», ha destacado la «excelente coordinación» de los Mossos d’Esquadra, la Guardia Civil y la Policía Nacional en Cataluña, que está permitiendo «garantizar el orden y la seguridad en Cataluña», si bien ha reconocido la existencia de «algunas protestas violentas» de las últimas horas.

Ante este escenario, las fuerzas y cuerpos de seguridad «evidentemente van a actuar para mantener la convivencia en Cataluña y, sobre todo, la seguridad de todos los ciudadanos», ha garantizado. Ha condenado, por contra, «a todos aquellos que están utilizando la expresión popular con fines que rozan la violencia y requieren la fuerza de los cuerpos de seguridad para reconducir el clima de normalidad y convivencia».

Aunque «en democracia hay que hacer compatible que cada uno tenga sus opiniones sobre la sentencia», la ministra ha defendido que al Gobierno le corresponde «no solo respetarla, sino legitimar la actuación del poder judicial». «No se puede banalizar un pronunciamiento del Supremo como está ocurriendo con algunos miembros del Govern», ha advertido, recalcando que «nunca se tuvo que perder la búsqueda de soluciones para la convivencia entre catalanes y con el resto de España».

«Una vez que acabe esta historia y aventura que empezaron los independentistas, a sabiendas de que no iba a ningún lado, que es lo más grave, deberían cerrar página, intentar acatar la sentencia y, a partir de ahí, restablecer el clima de normalidad», ha reivindicado, y ha hecho hincapié en que «el Gobierno seguirá vigilante».

Dicho esto, respecto al escenario de los próximos días, Montero ha reconocido que «en función de la reacción» política y ciudadana en Cataluña hay una «gradualidad de los tratamientos» a seguir por el Gobierno. «Evidentemente, no hemos descartado ninguna de las leyes, la de Seguridad o el 155, pero ha habido una excelente coordinación de las fuerzas de seguridad», ha insistido en este punto.

Fuente: (EUROPA PRESS)

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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