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El juez rechaza la personación del Ayuntamiento en la causa del fraude de EMT València

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VALÈNCIA, 11 Nov. – El titular del Juzgado de Instrucción número 18 de València ha rechazado la personación del Ayuntamiento en la causa en la que investiga la estafa de cuatro millones de euros en la EMT para evitar una «duplicidad innecesaria» al estar ya aceptada la de la empresa municipal.

Así consta en un auto de fecha 7 de noviembre, al que ha tenido acceso Europa Press, donde el juez responde a la petición del consistorio dirigido por Joan Ribó de personarse en la causa como acusación particular en la causa, en la que únicamente figura como investigada la trabajadora que fue despedida de la empresa. Contra esta resolución cabe recurso en el plazo de tres días.

El juez explica que no comparte las razones en las que se sustenta la petición del consistorio ya que «la indudable personalidad jurídica diferenciada de la empresa municipal y el propio ayuntamiento solo nos da pie a considerar que ambas poseen las condiciones que habilitan para el ejercicio de la acción penal en el proceso».

Sin embargo, indica que aquí la cuestión es si ambas pueden serlo al mismo tiempo en la causa, algo que el instructor rechaza al considerarlo que no es necesario por ser «una duplicidad innecesaria que no se justifica por ningún motivo razonable».

Así, señala que la personación de la EMT está aceptada ante «la evidencia de un perjuicio económico actual y directo sufrido por dicha entidad» y añade que el que esta empresa sea un organismo plenamente participado por el propio ayuntamiento y con presupuestos anuales englobados en los municipaes supone «una razón de más para considerar que son unos mismos los intereses, tanto desde la perspectiva de resarcimiento» como la del conocimiento que proporciona ser parte del proceso.

Además, el juez sostiene que el perjuicio económico en este momento se sustenta sobre el patrimonio de la EMT y subraya que no tendrá inconveniente en una personación alternativa «cuando se acredite mediante decisiones y transferencias efectivas en el ámbito propio de la actuación económico-presupuetsaria la reposición efectiva y transferencia de la suma defraudada a la empresa, con base en el correpsondiente cargo u obligación en los presupuestos o en las cuentas municipales».

Fuente: (EUROPA PRESS)

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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