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El pago con tarjeta y móvil a bordo del autobús llega a EMT València

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Los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de València estrenarán a mediados del próximo mes de abril un proyecto piloto de pago con tarjeta de crédito en las líneas más turísticas, la 25 y la 95, para estudiar su implantación en toda la flota. Los viajeros podrán comprar el billete sencillo con la tarjeta o el móvil y tendrán un descuento del 15% respecto al euro y medio que cuestan.

Con este experimento, en colaboración con Caixa Popular y la empresa informática NetPLC, la compañía quiere seguir el ejemplo de otras ciudades europeas o el caso reciente de Madrid y agilizar la operatividad del pago de billetes.

«En València también queremos ser punteros», ha manifestado este viernes el concejal de Movilidad Sostenible y presidente de la EMT, Giuseppe Grezzi, en la presentación de la iniciativa a bordo de uno de los buses con el nuevo sistema de pago ya instalado.

Inicialmente, el pago con tarjeta se implantará en las líneas 25 (El Palmar – El Perellonet) y 95 (Parque de Cabecera – Ciudad de las Artes y las Ciencias) al tratarse de las más utilizadas por los turistas de València, aunque la intención es ampliarlo en un futuro a los 500 autobuses de la red de la EMT.

También se estudiará el pago con tarjeta de otro tipo de títulos además del billete sencillo. «Queremos ir más allá», ha asegurado el gerente, Josep Enric García Alemany, para poner en valor la «currada máxima» de la empresa pública y la «ilusión» con la que afrontan una proyecto que «arranca de forma muy potente y marcará un antes y un después a medio plazo».

En concreto, los buses de la 95 transportan hasta tres millones de viajeros al año, de los que alrededor de una quinta parte hacen uso del billete sencillo, mientras que los de la 25 llevan 870.000 y un tercio compran el título simple.

A mitad de abril, todos los autobuses de estas dos líneas tendrán instalado el nuevo sistema de pago. El proyecto piloto se mantendrá durante unos meses con el 15% de rebaja y después se valorará la continuidad del descuento tras hacer un balance del funcionamiento. El cargo del importe se efectuará de forma automáticamente como en cualquier comercio.

De cara a la implantación en toda la flota, Grezzi ha explicado que el pago con tarjeta en autobús conlleva un coste operativo al requerir el cambio de todas las máquinas. Por ello, primero se estudiará su funcionamiento en estos trayectos después llegar al conjunto de la red. «Hay muchas personas en paradas que quieren subir y no tienen billete; antes tenían que comprarlo y muchas veces son turistas y no tienen el abono», ha precisado.

«NO PODÍAMOS QUEDARNOS ATRÁS»

En definitiva, la meta es posicionar a València en la línea del transporte público de grandes ciudades europeas como Londres, donde este servicio ya está implementado. De hecho, el pago con tarjeta en la capital británica «ya supera a la famosa Oyster Card, porque es lo más fácil». «No podíamos quedarnos detrás», ha manifestado el gerente.

Grezzi, en la misma línea, ha hecho hincapié en que se trata de una prueba piloto «pionera en España», pues la de Madrid se puso en marcha hace unas semanas y la EMT llevaba «meses estudiándolo». «No paramos de hacer innovaciones: en cuatro años hemos demostrado que esta es una empresa muy moderna y que todos los sistemas que sean buenos los ponemos en marcha».

Por parte de la entidad patrocinadora, el representante de Caixa Popular ha puesto en valor la implantación en el transporte público de algo que ya es habitual en los comercios: «Si puedo ir a un horno y pagar con tarjeta, ¿por qué no en el autobús?».

Fuente: Europa Press

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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